La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ayer el aumento de hasta el 375 por ciento en las facturas del servicio de agua potable y cloacas. El aumento dispuesto en abril para la Ciudad de Buenos Aires y 18 municipios del conurbano bonaerense había sido cuestionado en la justicia por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC). La entidad había logrado una medida cautelar a mediados de julio. La Sala II de la Cámara confirmó ayer el fallo del juez Pablo Cayssials que ya había rechazado el planteo de esa entidad. El reclamo pretendía que se suspenda el aumento, permanezca vigente el cuadro tarifario anterior y que la empresa devuelva el aumento ya cobrado. Resta la resolución sobre el fondo del reclamo de ADUC: la inconstitucionalidad del aumento en el servicio provisto por la estatal Aysa.

En la argumentación, ADUC sostuvo que al momento de disponer el tarifazo del orden del 375 por ciento promedio el Gobierno no respetó el artículo 42 de la Constitución que señala que antes de un aumento de la tarifa de un servicio público se debe garantizar la participación de asociaciones de consumidores y usuarios. “No se advierte de modo manifiesto, la ilegitimidad ni la arbitrariedad de la disposición impugnada”, señalaron los camaristas José Luis López Castiñeira, Luis Márquez y María Caputi, que respaldaron el rechazo del juez de primera instancia. El texto de los magistrados indica que “no se vislumbra la vulneración de los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores alegada por la recurrente, en tanto el aumento tarifario fue dispuesto, previa intervención, precisamente, de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, plasmada a través de la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador de Agua y Saneamiento”.