Desde Río de Janeiro

Ha sido un domingo de sorpresas y tensión permanente, y que terminó a eso de las ocho de la noche con una clara demostración de que cualquier jugada jurídica será adoptada para evitar que Lula da Silva salga de la cárcel. 

La sorpresa surgió a media mañana, cuando el juez Rogerio Favreto (foto), que estaba de guardia en el tribunal regional federal de Porto Alegre, de segunda instancia, acató un pedido de hábeas corpus impetrado por los defensores de Lula da Silva. La decisión final le tocó al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente del tribunal, que dejó sin efecto la decisión del colega. La tensión se extendió por unas diez horas, mientras se aguardaba la libertad de Lula. 

Vale recordar que Thompson Flores ha sido el magistrado que, hace algunos meses, sin haber siquiera leído la condena del juez de primera instancia Sergio Moro a Lula da Silva, opinó que se trataba de “una pieza irreprochable”. Semejante parcialidad se transformó en el tono común de cualquier movimiento de cualquier tribunal cuando se trata de mantener preso a Lula da Silva. 

El día de ayer estuvo marcado por una increíble serie de maniobras jurídicas y de la Policía Federal contra el expresidente, sentenciado en un juicio plagado de arbitrariedades e irregularidades que culminó con una condena sin que surgiese una única y miserable prueba de que haya cometido los delitos que le imputaron. 

Una vez más, quedó claro de toda claridad que impera en Brasil una politización extrema de la justicia, y que la decisión de impedir que Lula se presente a las elecciones presidenciales de octubre –en los sondeos, a propósito, él aparece con más del doble de intención de votos que su más cercano adversario– es irreversible. 

Más de un centenar de abogados y juristas se manifestaron a lo largo de ayer señalando una a una las irregularidades y aberraciones registradas a lo largo de la jornada. En vano: al final, ninguna sorpresa:   Lula siguió encarcelado y aislado.

Por la mañana el juez Rogerio Favreto, quien estaba de guardia desde las siete de la noche del viernes hasta las once de la mañana de hoy, acató el pedido de hábeas corpus de tres diputados del PT de Lula (uno de ellos, Wadih Damous, integra el cuerpo de abogados que defienden al ex presidente). El magistrado ordenó a la Policía Federal que procediese a la inmediata liberación de Lula. Empezaron entonces las maniobras absurdas.

Determinan las reglas de todos los tribunales brasileños que el magistrado que se encuentre de guardia tiene autoridad para adoptar la decisión que sea. Eventualmente, tal decisión podrá ser revisada y revertida por el pleno, pero no puede bajo ninguna circunstancia dejar de ser acatada.

Pues el primero en desacatarla ha sido el juez de primera instancia Sergio Moro, que cometió, con un solo gesto, dos gravísimas irregularidades. La primera: no le toca a un juez de primera instancia manifestarse sobre una decisión de la instancia superior. La segunda: Moro está en Portugal, y los jueces están rigurosamente prohibidos de emitir determinaciones mientras disfrutan de sus vacaciones. Renovando sus intermitentes demostraciones de prepotencia, el juez travestido de justiciero atropelló las reglas con la seguridad de quien está por encima del bien, del mal y de las leyes más elementales.

Casi enseguida otro magistrado de segunda instancia, João Pedro Gebran Neto, anuló la decisión de su colega. Para empezar, no era Gebran Neto quien ejercía la guardia del tribunal regional de Porto Alegre. Y, en segundo lugar, los dos tienen rigurosamente la misma jerarquía. 

En caso de que fuese cumplida la decisión de Favreto, le quedaría a Gebran llevar el tema al pleno, pidiendo el retorno de Lula da Silva a la cárcel. 

Entonces entra en el escenario el presidente del tribunal, Thompson Flores, para aclarar de una vez por todas que Lula debe seguir preso. 

Fue como si reiterase que precisamente para tenerlo detenido se llevó a cabo el golpe de Estado de abril de 2016. Para impedirlo de disputar y ganar las elecciones y revertir el derrumbe del Estado llevado a cabo por Michel Temer y su pandilla, con el respaldo riguroso de los medios de comunicación, del mercado financiero, de las multinacionales y, claro, de los tribunales.

Ha sido un domingo tenso, largo, asustador. Un día que dejó en evidencia el tipo de estado en que vivimos. Y que puso en relieve que la prepotencia y la indisciplina violadora de principios básicos de jerarquía de un juez de provincias cuentan con la impunidad de las instancias superiores.

Ninguna sorpresa: al fin y al cabo, ese mismo juez Moro, que desfila su vanidad por las pasarelas del mundo, grabó y divulgó, en marzo de 2016, una llamada telefónica entre la entonces presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Lula da Silva. 

En cualquier país civilizado sería castigado de manera ejemplar. No pasó nada: recibió una diplomática reprimenda de un juez de la Corte Suprema, y listo. Es que ya estaba diseñado el país que vendría a seguir. Ese, de ahora. 

¿Hasta cuándo? Por lo que se vio ayer, la temporada de aberraciones será larga.