Bolivia indaga sobre sus desaparecidos

Los bolivianos recién empiezan a transitar el camino para develar la verdad. Reconstruir qué fue lo que pasó durante los años de una larga dictadura (1964-1982) está, desde el año pasado, en manos de la Comisión de la Verdad. La doctora Nila Heredia encabeza el arduo trabajo de investigación. Ella es médica cirujana, ex ministra de salud de Bolivia en dos períodos y ahora presidenta de la Comisión desde agosto de 2017. Referente latinoamericana de Derechos Humanos, según sus pares, referente de un período maltratado, según ella, también fue presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. 

El paso de Heredia por Buenos Aires muestra lo importante y necesaria que es la cooperación regional en los procesos de Memoria. Establecer lazos con sus vecinos le permite a la última Comisión de la Verdad de la región nutrirse de la reconocida experiencia argentina, de los aciertos y de los errores. Porque la investigación está en una fase incipiente, en la parte en que los problemas técnicos, como la falta de herramientas de sistematización de datos, entorpecen el camino. Por eso es que en las pocas horas que la presidenta de la Comisión de la Verdad de Bolivia estuvo en territorio porteño exprimió los encuentros que le facilitaron miembros de la Coalición Internacional Contra las Desapariciones Forzadas. A modo de ejemplo, Heredia asistió a la reunión del Directorio de organismos de Derechos Humanos de la ex Esma, entidad que nuclea, entre otros, a las asociaciones de Abuelas, Madres, Hijos y Familiares de detenidos desaparecidos. “La cooperación es muy importante. Por la experiencia, por la similitud, y porque hay cosas que están articuladas” aseguró Heredia en diálogo con Páginal12. Un detalle: de (los hasta ahora contados) 150 desaparecidos bolivianos, entre 30 y 35 fueron detenidos desaparecidos en territorio argentino. El Plan Cóndor funcionando a toda máquina. 

El mayor desafío al que ahora tiene que hacer frente la Comisión es a la conformación de un equipo capacitado para analizar fehacientemente los miles de documentos recientemente desclasificados en sus manos y que estos nos sean tergiversados, indicó Heredia. La presidenta de la Comisión explicó, a su vez, que se les complicaba encontrar este personal, porque el organismo está bajo la norma estatal y dicha norma sólo permite que para que alguien sea, por ejemplo, director debe tener un título académico necesariamente, no importa qué tanta experiencia o conocimiento posea el aspirante. Y eso es un problema. “Lastimosamente, los revoltosos no siempre han estudiado”, dice Heredia y se sonríe en complicidad, porque ella sí estudió, pero fue, y sigue siendo una revoltosa. 

“He sido militante, y sigo siendo, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que es una organización que formó el Che en la guerrilla de Ñancahuazú”, afirmó Heredia. Cuando el dictador Hugo Banzer realizó un golpe dentro del golpe en 1971, los integrantes del ELN fueron perseguidos, entre ellos, Heredia. Pudo escabullirse de las manos de los militares durante cinco años, pero en el 76 la apresaron. Fue liberada en el 78 cuando tuvo lugar la histórica huelga de hambre iniciada por mujeres de detenidos que exigían a Banzer su libertad. 

Nila Heredia habla con voz suave y pausada menos cuando recuerda que en algunas partes de América Latina se ha hablado de reconciliación. “De ninguna manera queremos que la lógica sea revelar qué es lo que ha pasado y luego perdonarlos. Y no es un tema de venganza, sino de justicia. Y si el Estado quiere que haya reconciliación, no quiere que haya verdad. Esa es mi conclusión”, sentenció

Heredia indica que el objetivo que sí persiguen es, además de investigar lo puramente humano, conocer el impacto de la dictadura sobre las instituciones del Estado y la economía. “Las represiones no se dan de la nada, no se hacen porque ‘no me gustó esa persona’. Tiene una lógica y un contexto, y esa lógica, nace de un interés económico para imponer algo. Y si para imponer algo se tiene que reprimir, lo van a hacer”, afirmó la ex ministra de salud.  

Una parte importante para avanzar en la investigación y llegar al informe final es la necesidad de contar con personal y equipo para recolectar y sistematizar los testimonios orales imprescindibles para el proceso. Porque sí existen documentos escritos -pilas de archivos lo demuestran- pero, en este caso particularmente, dice Heredia, la herramienta de historia oral colectiva es tan importante como la escrita para recuperar la memoria. “Los bolivianos somos flojos para escribir”, bromeó. La presidenta de la Comisión explicó que, por ejemplo, para reconstruir qué fue lo que pasó durante las masacres que se sucedieron durante los años de dictadura, era esencial reconstruir los testimonios colectivamente. “La lógica es que recuperamos todos la historia para que esto nunca más vuelva a ocurrir”, subrayó. La cantidad de desapariciones forzadas en Bolivia fue de menor magnitud que las de otras dictaduras en el Cono Sur, pero la población boliviana sufrió matanzas masivas por parte de los militares. Una de las más recordadas fue la masacre de San Juan, en 1967, en la que el ejército disparó indiscriminadamente contra los trabajadores de la mina Siglo XX Cataví, sus mujeres y sus hijos tras los festejos de San Juan. La orden la había dado el entonces presidente de facto René Barrientos por sospechar que en las minas se estaba gestando un movimiento guerrillero similar al de la guerrilla Ñancahuazú, del Che Guevara.

Esta no es la primera vez que en Bolivia se crea una instancia de investigación para saber qué fue lo que pasó durante los años de dictadura. En 1982, el presidente electo Hernán Siles Suazo ordenó la conformación de la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados. Dicha comisión fue la primera de su tipo en la región y, aunque no llegó a formalizar un informe final porque en el medio hubo un cambio de gobierno, inspiró a la Conadep argentina. En agosto de 2017, el presidente Evo Morales ordenó esta segunda Comisión, la Comisión de la Verdad. Era una deuda de la democracia y del gobierno de Morales. Y su informe es absolutamente necesario para que las organizaciones sociales puedan seguir con su lucha, aseguró Heredia. Al preguntarle porqué se había demorado tanto su organización, la presidenta de la Comisión explicó: “El presidente Evo Morales es un dirigente sindical que proviene de movimientos campesinos. Entonces, que de pronto aparezca un presidente que es indígena causó revuelo. ¿Cómo un indígena iba a mandar al ejército? ¿Cómo iba a imponerse al sector empresarial? Entonces, ¿cómo iba a ordenar una Comisión de la Verdad?” dijo Heredia y continuó: “Era un gobierno débil en ese sentido, fuerte por el apoyo popular, pero débil en el sentido de que no tenía poder.”

La Comisión de la Verdad tiene ahora dos años para entregar el informe final al Poder Ejecutivo, al Congreso, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo. “Entonces, cada uno tomará el papel que le corresponde”, concluyó Heredia.

Entrevista: Bianca Di Santi.