Un grupo de organizaciones profesionales y sociales de Tucumán salieron a respaldar a una médica del Hospital Avellaneda, de la capital provincial, que está siendo hostigada por las redes sociales e incluso en forma judicial, por haber practicado el miércoles pasado un aborto no punible a una niña de 12 años que había sufrido una violación. “En la entrevista con la nena y su mamá, surgió que se trataba de un embarazo producto de un abuso sexual con acceso carnal, y eso significaba que la interrupción del embarazo era legal, garantizado por el Código Penal (artículo 86) y por el fallo de la Corte Suprema” de marzo de 2012. La médica ginecóloga Fabiana Reina recordó que su actuación está respaldada por ese fallo del máximo tribunal de Justicia de la Nación, que precisa que el aborto puede ser practicado, en caso de violación, sin necesidad de autorización judicial alguna. Sin embargo, Reina es víctima de persecución por parte de las autoridades del hospital, que no aprobaron la práctica, por las redes sociales y por una fiscal, Adriana Giannoni, que en un burdo desconocimiento de la ley vigente quiso abrir una causa en contra de Reina.
Desde el miércoles pasado, luego de que se conociera la noticia, Reina es objeto de “escraches” mediante mensajes por Whatsapp, intimidaciones vía Twitter, publicación de fotografías de la médica con leyendas agresivas, hasta llegar a la perversa publicación de datos privados de la niña que fue víctima de un abuso sexual. El despliegue de despropósitos hizo blanco sobre Reina, médica ginecóloga infanto-juvenil que forma parte del Servicio de Ginecología del Hospital Nicolás Avellaneda. Ese servicio tiene un área especializada para tratar casos de abusos infantiles. Reina se entrevistó el lunes con la madre y con la niña, quienes la pusieron al tanto de la situación; el miércoles, previa autorización de la mamá, se realizó la interrupción del embarazo. La práctica se hizo, con intervención de otros profesionales que, como Reina, no están de acuerdo con la postura de las autoridades del establecimiento, que han declarado al hospital como un lugar que es “objetor de conciencia institucional” y que ya se opuso en varias ocasiones a la realización de abortos no punibles.
Por su actuación, la médica ginecóloga intentó ser denunciada por la fiscal Gianonni, a pesar de tratarse de una decisión avalada por las leyes vigentes. Reina recibió el apoyo de la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir y por las organizaciones que integran el grupo Ni una Menos de la provincia de Tucumán.
“Ante los hechos ocurridos en una institución de salud pública de Tucumán, el Hospital Avellaneda, en torno a la realización de una ILE a una menor de edad, respaldamos y brindamos todo nuestro apoyo a la doctora Fabiana Reina, lxs profesionales y directivxs sanitarios que garantizaron dicha práctica de forma segura, la cual se encuentra dentro del marco legal de aborto no punible por causales en nuestro código penal argentino desde el año 1921”, expresó en un comunicado la Red de Estudiantes.
Por su parte, desde Ni una Menos respaldaron “el accionar de la doctora Fabiana Reina y el equipo de salud que garantizó el acceso a una ILE a niña abusada y que un sector de médicos antiderechos intentó bloquear”. Puntualizaron que los que quisieron evitar la práctica “no sólo demuestran su menosprecio por la salud y derechos de las niñas y mujeres sino (también) sus mecanismos de apriete y terror para imponer sus intereses”. El grupo subrayó que repudia “especialmente a la fiscal Adriana Gianonni de la VIII Nominación que en absoluto desconocimiento del derecho, en vez de investigar el abuso sexual infantil, intenta someter a escrutinio judicial una prestación médica lícita, producto de una decisión legal tomada dentro de las opciones terapéuticas vigentes para la niña”.
Calificaron la actitud de la fiscal de “hostil hacia el equipo que garantizó a la niña el acceso a sus derechos” y dijeron que su postura “se encuentra en franca violación de los derechos vigentes y de la expresa orden de no judicialización de estos casos que ha sentado” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de 2012. Por su parte, la abogada Soledad Deza, que asesora jurídicamente a Fabiana Reina, sostuvo que “resulta inadmisible que se someta a escrutinio a una profesional que hizo su trabajo como corresponde”. Deza, que es integrante del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que los actos tendientes a revelar datos de la profesional que llevó adelante la interrupción del embarazo de la niña “no hacen más que denostar a los médicos y exhibir un gran desconocimiento de la legislación vigente”. Deza repudió las agresiones recibidas por Reina a través de las redes sociales y sobre todo “la difusión de datos relacionados con la niña”.
