Los medios y los funcionarios del Gobierno que anunciaron en los últimos días –casi como quien pide a gritos– la posible detención de Amado Boudou en el juicio por el caso Ciccone, tendrán que esperar un desenlace hasta agosto. El veredicto iba a ser anunciado mañana pero se postergó a raíz de un planteo del ex vicepresidente y de su amigo José María Núñez Carmona, que dejó expuesto a Pablo Bertuzzi, uno de los integrantes del tribunal, en un intento de convencer al oficialismo en el Consejo de la Magistratura de que lo traslade en forma definitiva la Cámara Federal, lo que también requiere un decreto presidencial, mientras el ministro de Justicia Germán Garavano pedía públicamente una condena para Boudou y cárcel al instante. “Cada uno expresó su interés, entonces la sospecha es que la suerte de Boudou está atada a lo que le interesa al Gobierno y a Bertuzzi”, planteó el abogado Alejandro Rúa. El juez cuestionado replicó que eran puras “conjeturas” los planteos sobre su posible parcialidad y preferencia política. Sus colegas lo respaldaron, pero la situación será revisada por la Cámara Federal de Casación.
El juicio se reanudará el 7 de agosto, con las “últimas palabras” de los acusados que quieran hablar ante el Tribunal Oral Federal 4. El veredicto aún no tiene fecha, porque ahora quedó sujeto a lo que evalúe la Cámara de Casación sobre la intervención de Bertuzzi en el proceso. Las defensas de Boudou y Núñez Carmona alegaron que está en duda su imparcialidad: para conseguir el traslado a la Cámara Federal –tribunal clave en Comodoro Py que decide causas de impacto político–, que pidió en pleno juicio por Ciccone, necesita el apoyo del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y un decreto del Ejecutivo. Este último tiene sus delegados en el juicio, a través de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, querellantes que pidieron penas de 6 años y 5 años y medio respectivamente. La UIF incluso pidió la detención inmediata si es condenado. Lo mismo pidió en expresiones públicas el ministro Garavano. “Ser juez se trata de no tener un interés personal, pero Bertuzzi aquí lo tiene, y Boudou sería el perjudicado”, alertó Rúa, quien lo representa junto a Graciana Peñafort. El abogado de Núñez Carmona, Matías Molinero, en la misma línea se preguntó: “¿Puede razonablemente pensarse que quien necesita apoyo de los representantes del gobierno para su traslado a la Cámara pueda fallar en contra de lo que ha pedido el gobierno mediante la OA y la UIF? Mi defendido cree que no”.
Los planteos fueron orales, por lo que completaron el debate el fiscal Marcelo Colombo y los jueces. Colombo defendió a Bertuzzi, con el argumento de que sus cuestionamientos se basan en “conjeturas”, y elogió su desempeño en el juicio. Bertuzzi también habló: sostuvo que su pedido de traslado está dentro de la legalidad, que el mecanismo existente establece la decisión del Ejecutivo y que todo es un “burdo intento de apartamiento”. También dijo que es común en la política que haya quienes se atribuyen la “pertenencia de los jueces” y que le despierta “repudio”. “¿De acuerdo a lo que resuelva voy a pertenecer a alguien? No, señor. Son puras conjeturas” , enfatizó. En la misma línea, su compañero Néstor Costabel sostuvo que “se construyó un relato con el fin de dar credibilidad a una trama conspirativa de la que formaría parte Bertuzzi en una suerte de intercambio de favores para concretar exitosamente su traslado a la Cámara Federal a cambio de condenar a ultranza a Boudou y Núñez y proceder a su inmediata detención, el día que ese produce el veredicto”. Insistió en que hay una “tergiversación” de los hechos. María Gabriela López Iñíguez compartió la idea de que se generó una trama inexacta y que la aspiración de Bertuzzi de pasar a la Cámara Federal se conocía hace tiempo, lo que haría la recusación “extemporánea”, y que “tiene legitima vocación” de postularse para cubrir una vacante y lo hizo mediante una “solicitud legítima”. Ese concepto desarrollaron en la resolución en la que finalmente rechazan la recusación, y que dice además que las defensas no mostraron ninguna prueba que permita inferir “temor de parcialidad”.
Para que las defensas puedan recurrir, el TOF4 habilitó la feria judicial. En Casación deberá resolver la sala que integran Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, la misma que con los votos de los dos últimos apartó a la jueza Sabrina Namer en la causa del Memorándum contra Cristina Kirchner. ¿Actuarán con la misma dureza?
Las últimas palabras de los acusados en el caso Ciccone empezarán el 7 de agosto. El veredicto aún no tiene fecha. Boudou está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho por haberse quedado supuestamente con el 70 por ciento de la imprenta a cambio de propiciar el levantamiento de la quiebra. Según otro de los acusados, que fue tratado casi como un testigo en el juicio –Alejandro Vandenbroele- en realidad pagaron los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. De hecho, Moneta reclamó 50 millones de pesos cuando la empresa fue estatizada.
