El 8 de agosto el Senado de la Nación va a decidir si el aborto es legal, seguro y gratuito en la Argentina. O no. Pero, después de la aprobación del 14 de junio, en la Cámara de Diputados, con un millón de mujeres, jóvenes y trans en la calle, el debate se corrió de los carriles legítimos de la democracia y se empantanó entre un lobby ilegítimo del Vaticano y la Iglesia Católica; las amenazas e intimidaciones de grupos ultraconservadores; la persecución a algunas caras visibles de la pelea por el aborto legal; las pintadas en locales partidarios con consignas amenazantes hacia sus integrantes y las presiones para que desde distintos sectores se entorpezca la votación por el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. 

Los grupos de la neo triple A (antidemocráticos, antiderechos y antivida) realizan una campaña non sancta para que la escritora Claudia Piñeiro no entreviste al escritor cubano Leonardo Padura, en el auditorio de la Fundación OSDE, el 23 de agosto. El tuit dirigido de un modo similar contra el que se está instigando a médicos/as, periodistas, senadores/as y legisladores/as coordinaba a un grupo de tareas para que se llame a la empresa y a sus gerentes contra Piñeiro. “No entendemos cómo una prepaga en su Fundación puede darle espacio a una militante abortista siendo parte de la promoción para esta ley nefasta, que traerá pérdidas e incluso subas de aranceles en las prepagas y obras sociales las cuales deberemos pagar todos sus asociados. Si se planificara de igual manera la charla, pedimos que cada persona se anote y vaya con su pañuelo celeste en señal de repudio a esta abortista”, organizaba la agrupación. “Considero este caso una extorsión que puede perjudicar mi trabajo y, además, una presión contra OSDE para que tome posición ante el proyecto. No puedo creer que las cosas hayan llegado a este nivel”, le dijo Piñeiro al periodista Daniel Gigena. 

“Conflicto en puerta. Legalización del aborto: gremios de la CGT alertan que las obras sociales no pueden cubrir los costos”, tituló el diario Clarín una nota sobre el presunto conflicto entre la central obrera y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En tanto referentes sindicales como Hugo Moyano, Héctor Daer, Antonio Caló y Julio Piumato firmaron un documento anti derechos titulado “La cultura del descarte” alineado con el Vaticano y las palabras de Francisco que comparó la interrupción voluntaria del embarazo con el nazismo.

La CGT toma el té, las mujeres la calle y la CGT también. Por eso, ante esta novedad, se realizó un pañuelazo frente a la sede de Azopardo de la entidad que debe proteger a las trabajadoras. Celeste Mac Dougall, activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito relata que fueron recibidas por Noé Ruiz, Secretaria de Género de la CGT y que el encuentro fue interesante: “Los trascendidos fueron aclarados y negados. Noé Ruiz se comprometió a la realización de los abortos que ya son legales y al compromiso que las obras sociales los van a garantizar. Y hablamos que la objeción de conciencia no tiene que ser institucional, sino personal dado que las obras sociales trabajan con diferentes clínicas. Nosotras vamos a seguir en la calle todos los martes y el 24 de julio va a realizarse un puentazo federal y el 31 un estudiantazo y el 8 de agosto estamos llamando a un pañuelazo internacional por el derecho al aborto entendiendo que en la región miran con mucha atención lo que pasa en Argentina”. 

Por su parte, la médica e investigadora Mariana Romero, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y CONICET desmiente que los costos para las obras sociales y prepagas puedan subir con la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito: “Hay estudios realizados en México y Colombia que permiten inferir que los costos del aborto legal, seguro y gratuito son siempre menos costosas que las complicaciones de los abortos inseguros que implican internaciones, terapia intensiva, procedimientos quirúrgicos complejos y tratamientos médicos costosos, en cambio, el aborto seguro por medicamentos u aspiración son prácticas controladas”. 

Las quejas y objeciones no apuntan a preocupaciones reales, sino a formas de intervenir sobre la política fuera de los carriles democráticos. La diputada nacional Carla Carrizo realizó un pedido de informes al Ministerio de Educación de la Nación sobre el accionar de la Escuela San Miguel Arcángel, de Santiago del Estero que hizo marchar a alumnas/os con el pañuelo celeste característico de grupos anti derechos y solicitó la sanción del establecimiento por obligar a alumnxs de nivel inicial y primario por la utilización de niños y niñas en el acto del 9 de julio.

“Asusta, consterna y preocupa que la Escuela no sea el lugar que cuide y haga cumplir la ley 26.061 de protección integral a los niños, que no son objeto de las necesidades religiosas o políticas de los adultos, maestros o directivos. Nada de lo que vimos en ese video que la propia Escuela difundió tiene que ver con lo que dice la ley nacional de educación, la propia Constitución y el fallo de la Corte Suprema de la Nación en 2017, que refiere precisamente al límite y respeto de los establecimientos educativos, públicos o privados, que imponen las leyes nacionales y los principios constitucionales que rigen en el país”,   enfatizó Carrizo. 

Por otra parte, grupos neo fascistas atacaron tres locales de Nuevo Encuentro, en Palermo y Villa Crespo, en donde rompieron los vidrios y pintaron consignas amenazantes en relación a la postura a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Ya nos balearon en 2016 y ese hecho sigue impune. Ahora nos amenazan por defender la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Esta es la verdadera cara de quienes se esconden detrás del discurso pro-vida: violenta y machista”, repudió la legisladora porteña Andrea Conde.

Mientras que la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH) presentó una denuncia en San Martín, Provincia de Buenos Aires, por agresiones a Natalia Montero, integrante de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMáLa), el 24 de junio pasado, a las 22 horas. El domingo Natalia estaba mirando televisión y sintió piedrazos contra su ventanal en donde estaba colgado un pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mientras que los denominados pro vida le gritaban “asesina” y la insultaban. Natalia remarcó: “Este hecho se inscribe en las agresiones que muchas mujeres de todo el país vienen también sufriendo por su compromiso con esta causa y, a pesar del temor que esto genera individualmente, en una democracia no pueden suceder estas agresiones sin que el Estado intervenga en su persecución y cese definitivo.”