Un grupo de sesenta organizaciones feministas, gremios, legisladores/as y colectivos educativos denunciaron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple con las leyes nacionales y locales de Educación Sexual Integral (ESI). Además, señalan la ausencia de política pública por parte del Ministerio de Educación porteño y la falta de presupuesto, programas de formación docente y dificultades en la currícula escolar. También se resalta que hay una ausencia de coordinación entre las escuelas y los servicios de salud sexual y reproductiva que implican que los y las adolescentes no tengan acceso real a métodos anticonceptivos y de prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
Las sesenta organizaciones proponen la creación de un programa que garantice la aplicación transversal y sistemática de la Ley de Educación Sexual integral en todos los niveles educativos; la implementación de un consejo asesor con referentes estudiantiles, académicas y gremiales; la evaluación permanente de la ESI; la articulación con programas de salud; el monitoreo de las organizaciones civiles que firman convenios para dar clases en las escuelas; la actualización de contenidos de formación docente con inclusión de diversidad sexual, abortos legales e identidad de género y la creación de protocolos para intervenir en casos de violencia y abuso.
Silvia Kurlat, Presidenta de Asociación Argentina de Educadores Sexuales (AAES) subraya el doble discurso sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se debate en el Senado: “Es curioso como los grupos que históricamente se opusieron a que se cumpliera con la ley hoy son los mismos que se oponen a la legalización del aborto sosteniendo que lo más apropiado es hacer prevención y trabajar fuertemente en educar sexualmente a los jóvenes”.
