El gobierno socialista español anunció ayer una batería de medidas para profundizar el trabajo de memoria histórica sobre la dictadura franquista (1939-1975), incluyendo una Comisión de la Verdad y un censo oficial de víctimas.
“Se trata de cumplir los principios básicos del derecho humanitario, del derecho internacional y de los Derechos Humanos”, dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al presentar los ejes de su política ante una comisión parlamentaria.
En un comunicado, el ministerio de Justicia anunció la creación de una nueva Dirección General para la Memoria Histórica, que tendrá por misión reformar de manera íntegra una ley aprobada en 2007 por iniciativa del anterior ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Como parte de esa reforma de la ley, congelada bajo los gobiernos conservadores de Mariano Rajoy (2011-2018), el ministerio dijo que quiere crear una Comisión de la Verdad y “retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”, todavía presente en algunas ciudades y pueblos del país. Con una novedad, y es que habrá “sanciones económicas en caso de incumplimiento”, añade el ministerio.
Un artículo publicado el lunes pasado da cuenta de las propuestas para reformar la Ley de Memoria Histórica tanto del PSOE como de la Izquierda
Unida (IU), así como los puntos coincidentes y las diferencias entre ambas. Lo más destacable de estas propuestas es el consenso de las dos formaciones en que debe ser el Estado quien se ocupe de exhumar las fosas de la Guerra Civil y no las familias o las asociaciones de víctimas como hasta ahora. La principal diferencia, por otro lado, es que los socialistas consideran que es “imposible” juzgar al torturador franquista Antonio González Pacheco, (Billy el Niño), mientras IU considera que sí es posible.
“Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición”, afirmó Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.
Entre los objetivos está también el de establecer “planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista”, declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus sentencias, facilitar las exhumaciones y publicar un censo oficial de víctimas de la contienda y el franquismo. Este último objetivo se anuncia muy ambicioso, dados los miles de personas que están enterradas en fosas comunes a lo largo y ancho del país, sin haber sido nunca identificadas.
Según el historiador británico Paul Preston, una de las referencias en la Guerra Civil española, 200.000 personas murieron en combate, y otras 200.000 fueron ejecutadas en el conflicto, de las cuales 150.000 por las tropas leales al general Franco. Terminada la contienda, miles de personas más fueron ejecutadas por la dictadura en los años 1940 por su vinculación real o supuesta con la II República (1931-1939), que destruyeron Franco y sus seguidores.
El ministerio indicó por otro lado que se propone también la ilegalización de aquellas organizaciones “que hagan apología del franquismo”, lo que amenazaría la existencia de la Fundación Francisco Franco, que reivindica la memoria del dictador.
“¿Cómo es posible que todos los gobiernos de este país hayan consentido una Fundación dedicada a enaltercer la figura de un dictador que robó la democracia durante 40 años, asesinó a cientos de miles de personas, mandó al exilio a medio millón y metió a miles en la cárcel?”, se pregunta Emilio Silva presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). “Es porque forma parte de esa amabilidad hacia la dictadura. Es insostenible la existencia de una fundación de estas condiciones. Tiene los días contados” agrega.
Silva espera con impaciencia el momento en que los restos del dictador español Francisco Franco sean exhumados del Valle de los Caídos, donde se encuentran en un aparatoso monumento católico desde su muerte en 1975, y sean entregados a su familia. A ello se comprometió el gobierno del socialista Pedro Sánchez, quien sugirió que el traslado tendrá lugar durante el mes de julio. En el mismo lugar están enterrados unas 37.000 personas de los dos bandos rivales del conflicto.
Según Silva, el buen trato que ha tenido la memoria del dictador en la democracia, colocado en un lugar de privilegio en un monumento como el Valle de los Caídos, es una manifestación de debilidad democrática. Hay una cosa muy simbólica en todo esto y es que la democracia le va a dar a Franco una orden y Franco la va a obedecer. Físicamente es una cosa muy sencilla de hacer, pero representa deshacer un nudo en la historia reciente de España, casi un grillete.
ARMH lleva años exigiendo que se haga un estudio en profundidad de cómo se encuentran los restos enterrados ahí. Y que a partir de un informe técnico, se distinga entre cuales cuerpos son exhumables y pueden ser devueltos a sus familias y cuáles no. Cuando se pueda, que se haga. Cuando no, debe existir un memorial para toda la gente que está ahí.
Según el Estado, hay 12.000 cuerpos sin identificar. Patrimonio Nacional, que es dependiente del Ministerio de Presidencia, fue una institución opaca en relación con la gestión de la información del Valle de los Caídos. De hecho, buena parte de la documentación que existe la sacó la instrucción judicial que llevó a cabo el juez Baltasar Garzón (sobre los crímenes franquistas).
Silva, hablando en nombre de ARMH dice que piden que en el Valle de los Caídos haya una exposición que cuente su propia historia: cómo se planeó, cómo se construyó, quiénes fueron obligados a trabajar allí, por qué fueron obligados, cómo fue su inauguración y qué uso se le dio. “Reconciliación es una palabra que suena muy bonita, pero que los organismos de derechos humanos han dejado de utilizar. El relator de ONU lo llama ‘para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición’”. afirma Silva.
