L. es una mujer travesti-transexual de 32 años. Llevaba más de seis años trabajando como estibadora de los pesqueros que amarran en Ushuaia para Trasmar SRL, hasta que en septiembre del año pasado la “desvincularon”. Nadie pone en duda su idoneidad. El problema surgió cuando se presentó con su nuevo DNI con la identidad de género mujer. La empresa argumentó que no podía seguir trabajando porque no contrataban personal femenino. Desde entonces reclama que la reintegren por considerar su despido discriminatorio por transfobia. “Cualquier despido contra una persona trans debe ser entendido como discriminatorio. Así lo establece la jurisprudencia”, dice su abogada patrocinante.

L. es peruana y hace diez años que vive en Argentina. Desde hacía casi siete había conseguido instalarse como trabajador del puerto. “Ingresé con mi nombre masculino. Hace cinco años que cambié mi persona, mi personalidad. El cambio fue gradual. No es que de un día para otro aparezco con tacones en el puerto. El año pasado, cuando cambié el nombre y mi documento, hice cambio de credenciales para entrar al puerto y cuando me presento en la empresa me dicen que no toman personal femenino”, cuenta en diálogo con PáginaI12. 

Trasmar SRL dejó de contratarla amparándose en una supuesta legislación que prohíbe tomar mujeres para ese empleo. Sin embargo, L. también trabaja como estibadora  para LECH-MAR S.A., que siguió contratándola. Red Diversa Positiva provincial de Tierra del Fuego acompañó la presentación de L. Según explica esta organización, “sostuvieron que la empresa no contrata personal femenino, argumentando que la normativa negaba la posibilidad de inscribir estibadoras en el Puerto de Ushuaia, hecho que fue desacreditado en el marco del expediente laboral. Tampoco constituye un obstáculo para este caso particular, siendo que la estibadora venía realizando su trabajo hacía seis años, habiendo demostrado idoneidad, y su identidad como mujer ya la autopercibía, hecho que tiene protección legal en el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género”. 

Desde chica L. sabía que ni su nombre ni su cuerpo se correspondían con lo que ella era, pero no sabía cómo cambiarlo. “No sabía que me podía cambiar el nombre, no sabía que era posible. Y bueno… no me veía como quería ser. Yo quería ser una mujer, bien mujer, y el cuerpo me mostraba otra cosa. Todo era como nadar contra la corriente. Con el tiempo lo fui planificando”, explica L.

Según surge del amparo, en 2017 L. trabajó normalmente “hasta el mes de mayo para la empresa Trasmar SRL. Desde dicho mes hasta agosto, el trabajo en la estiba de barcos estuvo parado; recién en el mes de septiembre de 2017 me presenté en la empresa, y el capataz, (Sr. Manuel), al ver mi Documento Nacional de Identidad –donde se encontraba inscripta mi identidad ya autopercibida anteriormente– dijo que no podía anotarme para la estiba manifestando: ‘en la empresa no contratamos mujeres’”.

Desde que la despidieron, L. fue a todas las dependencias públicas: formuló denuncia ante el Inadi por discriminación laboral, fue asistida por la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia también denunció la situación. Finalmente, la Dirección de Políticas de Género provincial denunció el caso ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, solicitó la nulidad del despido y exigió la reinstalación de L. en su puesto. El Ministerio de Trabajo no dictó ninguna resolución. Por eso la acción de amparo va contra la cartera laboral, por su omisión, y contra la empresa Trasmar SRL, por su accionar discriminatorio.

El juez de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, Guillermo Penza, citó a las partes a una audiencia para hoy, 12 de julio. Penza es el único juez laboral de Ushuaia y tiene también que resolver el juicio interpuesto por Erika Moreno, una mujer trans que fue despedida en diciembre de 2015 por el gobierno de Rosana Bertone. 

Soledad Verón, abogada patrocinante de L., considera que “la judicialización cambia el panorama, porque estamos dispuestas a ir a todas las instancias necesarias para exigir los derechos reconocidos en la Ley de Identidad de género, la Ley Antidiscriminatoria e inclusive en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2017, muy importante para las definiciones de discriminación en el colectivo trans”.

Se sabe que la expectativa de vida de las mujeres trans es muy baja. “Está demostrado que mujeres trans que no trabajan mueren por condiciones socioeconómicas adversas, y por explotación de todo tipo, incluida la sexual. Por eso decidimos acompañar a la estibadora que fue despedida. Esto nos lleva a reclamar otra vez que el Estado garantice el cupo laboral trans a través de medidas de acción positiva”, apuntan desde Red Diversa Positiva. La organización resalta además “las instituciones deben tener en cuenta la vulnerabilidad y en este caso, se suma a la condición de trans, la de mujer, pobre y extranjera”.

Mientras la Justicia determina qué será del destino de L., ella espera una solución favorable. En la empresa, cuenta, “hay algunos compañeros que reniegan y otros que son buena onda. Algunos me han felicitado porque hago valer mis derechos”, dice. L. también piensa en escribir todo lo que le pasa y le pasó por su condición de género. Antes de despedirse, ya ejerciendo su derecho a la palabra, apunta: “Ponele de título ‘El amparo de una travesti’”.