“No quiero ofender a nadie, estoy señalando qué es lo que ha pasado en nuestro país”, advirtió la jurista y ex jueza de la Corte mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci sobre el fin de la audiencia informativa ante el plenario de comisiones del Senado que trata la legalización del aborto. El encuentro se acercaba a las ocho horas de duración y la jornada había transitado caminos previsibles y hasta reiterativos, porque más de la mitad de los 23 oradores habían expuesto semanas antes en Diputados y, como dijo un expositor, no hay tantos argumentos más. Kemelmajer respondía preguntas y dijo: “en nuestro país la lucha por la secularización es la lucha del Derecho. La lucha nuestra es la lucha por la secularización”. En minutos, enlazó el debate sobre aborto con el de matrimonio igualitario, el del divorcio vincular, el del matrimonio civil. “Siempre hemos estado del mismo lado unos y otros”, añadió, y poco después cerraba una intervención memorable, cargada de definiciones, derecho comparado y procesos históricos leídos desde el Derecho. “Uno de los que intervino hoy sostuvo aquí mismo y por escrito que la expresión de nuestra Constitución, cuando invoca a Dios como ‘fuente de toda razón y justicia’, quiere decir que Dios es fuente del Derecho. Eso es peligrosísimo. No responde a nada de nuestra historia”. 

La jornada había comenzado poco antes de las 10, con un listado de 23 oradores (11 a favor, 12 en contra), y transcurrió sin cortes hasta poco antes de las seis de la tarde. Los representantes de los sectores antiderechos, fueran profesionales de la salud o abogados, reclamaron por la objeción de conciencia por un lado, y cuestionaron la noción de progresividad y gradualidad en el acceso a derechos. Así, el reclamo porque el proyecto sancionado en Diputados prevé que las y los profesionales de la salud que se declaren objetores deben anotarse en un registro, alimentó preguntas y planteos de todo tipo. “Si ese listado es público –cosa que el proyecto no dice–, ‘puede generar discriminación del médico en varios aspectos’ y ‘es injusto exigir a un profesional médico que obedezca la ley bajo amenaza de cárcel’, que estaría generando estado de enfermedad en una mujer embarazada, porque el aborto podría generar complicaciones y ello lo haría cargo de las consecuencias que legalmente puede tener ese proceder”, señaló María de los Ángeles Carmona, del Consejo Superior del Colegio de Médicos bonaerense. Poco después, tras un contrapunto con el rionegrino Miguel Angel Pichetto, quien había señalado que en el sector público “no debería haber ningún tipo de objeción de conciencia”, el formoseño José Mayans sumó una arista: el registro podría filtrarse y viralizarse; “con el tema de las redes sociales (...), después estigmatizan”.

A su turno, el abogado Ricardo Gil Lavedra reiteró que el proyecto no es inconstitucional e insistió en no legalizar “causa una seria lesión a los derechos básicos de las mujeres”. En Argentina, “en la práctica hay una despenalización de hecho”, por lo que “se mantiene una ilegalidad simbólica y eso le impide a la mujer recurrir al aborto seguro. Mantenemos una criminalización en el texto que no se sostiene en la práctica”. Eso, enumeró, viola “el derecho a la autonomía”, “el derecho a la dignidad”, y “sin dudas, el derecho a la salud”. En nombre de Amnistía Internacional, la abogada Mariela Belski recordó que “en 2016, la Argentina fue examinada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos, y por el Comité de los Derechos del Niño días atrás, mientras la Cámara de Diputados votaba este proyecto de ley”, porque el Estado incumple recomendaciones de organismos internacionales para la legalización. Mientras que el secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana volvió a aportar datos de la experiencia que desde hace cinco años lleva adelante esa ciudad, donde los abortos no punibles son garantizados por el servicio público, la médica Irene Scheimberg, jefa de la unidad de patología perinatal y pediatría del Royal London Hospital, contó la experiencia de Reino Unido, donde “el aborto es legal hasta las 24 semanas”. El aborto, dijo, no se vincula con más riesgo de cáncer de mama ni problemas de infertilidad; el costo de practicarlos es menor que el de afrontar las consecuencias del aborto clandestino; “la extracción de amígdalas es más peligrosa que un aborto, y el parto a término es mucho más peligroso”, indicó. Ninguna senadora, ningún senador le hizo preguntas.

A Kemelmajer, en cambio, las preguntas no cesaban de llegarle.  Precisamente a una de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (“¿hay algún otro caso de algo que sea delito existente pero esté socialmente aceptado?”) respondía cuando señaló: “¿usted cree que Sarmiento quería el matrimonio religioso en nuestro Código Civil?”. Entonces comenzó un recorrido histórico que culminó con algo muy poco habitual (por no permitido) en un plenario de Senado: aplausos. Dijo Kemelmajer: “después de que pasaron veinte años de la sanción del Código Civil tuvimos un matrimonio que era civil. Pero no admitía el divorcio vincular. ¿Cuantos años pasaron hasta que tuvimos una Corte que (por 3 a 2) tuvo esta brillante idea de la interpretación dinámica de los textos, que nos permite llevar el criterio de la inconstitucionalidad sobrevenida? Es el criterio por el cual una ley nacida constitucional puede devenir inconstitucional por los cambios culturales que tiene un país. Y gracias a esos tres (votos), especialmente recuerdo a Petracchi, hemos tenido divorcio vincular en Argentina. Sino, todavía estaríamos esperando. Después, nuestra lucha fue por el matrimonio igualitario. Ahora es esta. Siempre hemos estado del mismo lado unos y otros. Es la lucha por la secularización, doctora. Vivimos en un país laico y si nuestros antepasados, sus abuelos, mis abuelos, los abuelos de cualquier persona que está hoy acá, hubiesen creído que este era un país confesional, no venían a Argentina. Vinieron porque hemos respetado siempre los derechos de todos”.

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