Como habían anticipado los familiares del ARA San Juan que acampan en la Plaza de Mayo en una nota publicada por PáginaI12 el 5 de julio pasado, el gobierno nacional “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia” dejó sin efecto la resolución del 8 de febrero de este año, que establecía una recompensa de 98 millones de pesos para quien diera información veraz sobre el paradero del submarino. En la resolución, firmada ayer por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se afirma que la recompensa “no ha logrado cumplimentar su objetivo último”, a pesar del “esfuerzo denodado del Estado Nacional para coordinar y aunar las acciones tendientes a obtener información certera, precisa y veraz que permitiera determinar con precisión la ubicación” del ARA San Juan. La réplica a ese párrafo del decreto no se hizo esperar: “El Gobierno no hizo nada para solucionar la situación de los 44 tripulantes del ARA San Juan, salvo extender en el tiempo el tema porque nunca quiso hacer las cosas rápidas para que se sepa la verdad”, le dijo a este diario Yolanda Susana Mendiola, madre del cabo primero Leandro Fabián Cisneros. 

Sentada bajo la carpa que levantaron, junto con otros familiares, a metros de la casa de gobierno, Yolanda sostuvo que el Gobierno “sigue adelante con su política de no escuchar nuestros reclamos, ahora retirando la recompensa y antes dejando sin efecto la licitación con la empresa española (Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L.), por negligencias del Gobierno, porque no se habían dado cuenta los asesores del ministro Aguad de las deficiencias de la compañía porque no leyeron bien sus antecedentes”. Sobre la frase que habla del “esfuerzo denodado” del Gobierno para encontrar el submarino, la mujer recalcó que “es una gran mentira porque nada se hizo para solucionar la angustia de los familiares de los 44 tripulantes, porque hay muchas falsedades que hemos descubierto al escuchar a los testigos que declararon en la Comisión Bicameral” del Congreso Nacional que investiga el caso. “Escuchando las declaraciones de los militares, nosotros nos dimos cuenta que no tienen intenciones de encontrar al submarino y que tienen mucha información, pero tampoco la dan, porque están ocultando datos”. 

Desde que el Gobierno dejó en manos de la Armada, y de representantes de los familiares del ARA San Juan, la responsabilidad de elegir la forma y concretar la contratación de la empresa privada especializada que seguirá la búsqueda de la nave, se han realizado tres reuniones en el Edificio Libertad. “Hasta ahora no hemos informado nada sobre cómo van esas reuniones, para evitar que nos puedan responsabilizar a nosotros sobre posibles impugnaciones, pero por el momento lo único en lo que se está tratando de avanzar es en la confección de los pliegos de la licitación”. En estos días se sumó una nueva empresa, también española, y ya son diez las que han manifestado su interés en participar en el concurso. “Esta vez lo que se va a evaluar es la tecnología con la que cuentan las empresas y la reputación de cada una, para evitar lo que pasó” con Igeotest. 

Sobre el acampe en Plaza de Mayo, ratificó que los familiares “nos vamos a quedar acá hasta que todo esté firmado por el ministro de Defensa o bien por el presidente Mauricio Macri y recién nos vamos a ir cuando esté confirmado que la empresa ya se lanzó al mar para buscar al submarino; recién ahí nos levantaremos y nos iremos de esta plaza”. Yolanda reiteró que la postura, a pesar del frío y hasta de la lluvia, “es mantenernos acá hasta que haya una respuesta concreta, porque nos tenían en la Base Naval de Mar del Plata, lejos del poder político, con mentiras permanentes y con promesas que nunca se cumplieron cuando estamos a muy pocos días del 15 de julio, cuando se cumplirán ocho meses de la desaparición del submarino”. 

En el decreto firmado por Aguad se sostiene que el Estado Nacional “atento a esta lamentable y trágica situación” de la desaparición del ARA San Juan, “adoptó diversas medidas destinadas a posibilitar el hallazgo del mentado buque”, incluyendo el ofrecimiento de los 98 millones de recompensa “como gratificación y dentro del territorio de la República Argentina”, a las “personas que brindaran información y datos útiles que permitan dar con el paradero y la ubicación precisa” del submarino. Pero ante la ausencia de datos concretos y precisos y en virtud del “tiempo transcurrido sin lograr obtener el éxito deseado” se resolvió retirar el ofrecimiento de recompensa, fundándose en lo que establece “el artículo 18 in fine de la Ley N° 19.549” que señala que un acto administrativo “podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia…”.