Un promedio de 4368 trabajadores y trabajadoras por mes fueron despedidos o suspendidos por empresas públicas o privadas durante el primer semestre de 2018. El dato implica un aumento del 17 por ciento con respecto al mismo período del año pasado y surge de un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Sin rebote en el empleo. Análisis de los despidos en 2018”. El mayor grupo afectado por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri es el de los empleados estatales (46 por ciento del total) seguidos por los del sector industrial (38 por ciento). “La cantidad de despidos y suspensiones en la industria no se ha detenido desde la asunción de Cambiemos”, destaca la consultora que encabeza el economista Hernán Letcher, que contabiliza 76.359 desde noviembre de 2016 hasta fines de junio último.
“Estamos atravesando una tormenta… pero el rumbo seguirá siendo el mismo. Entre todos tenemos que generar más trabajo, porque el trabajo digno es justicia social”, dijo el presidente Mauricio Macri el lunes en la histórica Casa de Tucumán. La cita encabeza las conclusiones del informe elaborado por el Equipo de Estudios Laborales del CEPA en base a un relevamiento de datos originados en sindicatos, centrales obreras, comisiones internas, trabajadores organizados y notas periodísticas.
Hasta el 30 de junio el CEPA contabilizó 26.206 despidos y suspensiones (a un promedio de 4368 por mes), que implican 3837 más que los del primer semestre de 2017. Los perjuicios a los trabajadores no discriminan entre sector público o privado. El 46% de los expulsados (12.191) son o eran empleados estatales: 7.635 bajo la órbita del Poder Ejecutivo y 4.556 pertenecientes a empresas de capital estatal. El grueso de los despidos se produjeron en los primeros dos meses del año.
Dentro del universo de las empresas privadas, la rama industrial encabeza el listado de víctimas con 9.872 trabajadores (38% del total, incluidos 2.466 suspendidos), seguida por el sector de servicios con 3.593 afectados. El estudio permite observar una continuidad en el proceso de expulsión de obreros de la industria, con un promedio de 1.645 expulsados por mes. La suma total de despidos en la industria desde noviembre de 2015 asciende a 76.359 trabajadores, calcula el CEPA, cifra que se corresponde con los 74.320 que computó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hasta abril último.
De los 26.206 afectados registrados por el CEPA, 13.924 casos corresponden a despidos, 3.529 a despidos derivados de cierres de empresas o plantas, 1.092 a retiros voluntarios, en tanto 3.179 fueron suspensiones, la mayoría en el sector industrial (2.458). En el segundo trimestre, destacan, uno de cada seis despidos se relacionaron con el cierre de plantas o empresas, porcentaje aún mayor (uno cada cuatro) en el caso de la industria.
Si se consideran los diversos sectores de actividades, dentro de la industria el más perjudicado fue el sector textil (suspensiones en Alpargatas y Dass, despidos en Alpargatas, Karavell y Coteminas), seguido por alimentos y bebidas (sobresale el caso del ingenio San Isidro, de Salta, con 730 despidos, así como los de El Tabacal, Alijor/ La Salteña –300 expulsados en su planta de Garín–, Citrus Alem, La Campagnola y Villa del Sur) y el sector metalúrgico (despidos en Emepa, Epson, Stockl e Indequil). Luego aparecen el de autopartes (Itec de San Juan, 350 despidos, y Metalpar) y los frigoríficos (Beltrom, Pehuajó y BRF).
En el ámbito de los servicios, el sector de comercio representa casi la mitad de los despedidos y suspendidos, a partir de los casos de los supermercados Disco, Jumbo, Carrefour y Coto, el Mercado Central y Winery. Luego aparecen salud, gastronómicos, estaciones de servicio, comercios mayoristas, seguridad, peajes, medicina y juegos.
En el sector público, la mayor cantidad despidos se registró en entes descentralizados como el Conicet, Vialidad, el INTI, Coros y Orquestas, y el Senasa, y en municipalidades como las de Tucumán, Morón, Quilmes, Tres de Febrero o La Plata. Dentro del Poder Ejecutivo, el grueso de los expulsados pertenecía a los ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social y de Economía. También se registran despidos en el gobierno bonaerense y en empresas de capital estatal como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ferrobaires (más de 800 si se suman las sedes de Buenos Aires, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Bragado y 25 de Mayo), Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM.
