La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que el proyecto del Gobierno nacional para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años “no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática”. Además, pidió no convertir a los chicos infractores a la ley penal en “enemigos sociales”.

Desde el Episcopado remarcaron que dicho proyecto “no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones 'Ni un pibe menos por la droga'” que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Gobierno nacional por decreto en diciembre. Mediante un comunicado, enfatizaron que no alcanza con reducir la edad de punibilidad ni aumentar las penas “sin garantizar el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, difundieron en un comunicado.

“No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil convirtiendo a los chicos infractores de la ley penal en casi 'enemigos sociales'."

También recordaron la postura de Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco, que cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires se manifestó en contra de la institucionalización de los chicos y dijo que “los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados”. 

“No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil convirtiendo a los chicos infractores de la ley penal en casi 'enemigos sociales'. No podemos mirar solamente la 'fotografía' del hecho que han cometido sino que debemos mirar la 'película de su vida' para atrás y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares, que también habrá que considerar y hacer cumplir”, sostuvieron en el texto.

"Cada chico marginado, abandonado, con deficiente acceso a la educación y la salud es la expresión cabal de un fracaso institucional."

En ese marco, advirtieron que el Estado no puede desconocer que la mayor parte de los chicos que cometen delitos “son pobres, varones en su mayoría, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización y que provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral”.            

“Cada chico marginado, abandonado, con deficiente acceso a la educación y la salud, y que puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones”, agregaron en su declaración. 

Desde el Episcopado volvieron a recordar las palabras de Bergolgio de 2005 cuando dijo: “Frente a esta realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización”.

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