Es la primera vez que un integrante del Poder Judicial avanza con un pedido tan categórico como temerario, que podría poner en jaque a toda la agroindustria argentina. El fiscal federal Fabio Canda, de la Fiscalía N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, pidió detener la aplicación de agrotóxicos -tanto aérea como terrestre- y la comercialización de semillas transgénicas en todo el país. “Si está demostrada su toxicidad tanto para humanos como para animales, ¿porqué semejante tiempo de espera en su prohibición?”, se preguntó el fiscal.
El dictamen de Canda fue presentado en el marco de una acción colectiva de amparo iniciada en 2012, que tuvo un fallo desfavorable en primera instancia y que ahora debe resolver la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Si bien no es vinculante, en caso de que la Sala resuelva lo contrario, deberá rebatir los argumentos esgrimidos por el fiscal para desarmar el paquete tecnológico que hoy sustenta gran parte de la producción agrícola.
La utilización de semillas transgénicas y herbicidas comenzó a mediados de los años noventa y desde entonces no paró de crecer, al mismo tiempo que se extendió la protesta de cientos de organizaciones que denuncian los efectos nocivos para la salud de las poblaciones. Según datos del propio sector, en 1996 se utilizaban en promedio 3 kilos de glifosato por hectárea y hoy se emplean 12 kilos.
Para el fiscal no hay dudas sobre la relación entre la creciente contaminación con estas sustancias de las zonas agrarias con los “mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos en Misiones y Chaco”, algo que las organizaciones ambientalistas vienen denunciando desde hace años.
Según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, el cáncer es la primera causa de muerte en las zonas agrícolas de la Argentina. Y allí mismo los nacimientos de niños con malformaciones crece exponencialmente. Por ejemplo, la media nacional es 1,6 por ciento cada mil niños nacidos; en Río Cuarto, Córdoba, es el 4 por ciento.
De hecho, el dictamen de Canda retoma diversas investigaciones de asociaciones como la propia Red de Médicos, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), la cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) o la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos.
“Que un fiscal se haga eco de nuestro pedido es muy positivo. Hace tiempo que reclamamos que se tomen medidas con respecto al uso de estas sustancias peligrosas para la salud de la población”, dijo a Página/12 Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Recientemente la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, declaró a cinco pesticidas, entre ellos el glifosato, como cancerígenos “posibles” o “probables”.
“No hemos logrado mayores respuestas del Estado, en particular del SENASA, que es el encargado de regular el uso de sustancias peligrosas en el agro”, amplió Ávila.
Canda puso el dedo en la llaga de la industria y vinculó directamente la utilización de semillas transgénicas con el aumento de la aplicación de agrotóxicos: “Las modificaciones genéticas implementadas como norte tornarlas resistentes a ciertos herbicidas entre los cuales, en lo que ahora interesa, el glifosato o las sales derivadas del mismo descuellan por su incidencia porcentual”.
Ávila remarcó este dilema intrínseco del modelo: las malezas mutan, se hacen resistentes, y las superficies sembradas demandan más y más agroquímicos para mantenerse limpias. “De esta manera, se mantienen y aumentan los rendimientos de los campos mientras las empresas de agro-venenos venden más. En eso son prósperos. Pero al mismo tiempo los niveles de contaminación son mayores: en el agua, en el suelo, en el agua de los ríos, en el aire”, advirtió el médico.
La decisión quedó en manos entonces de la Cámara, que se expedirá una vez que termine la feria judicial.
