La moda de dejar la marca en parques históricos no se limita al Jardín Botánico: el gobierno de Mendoza anunció una obra masiva en uno de los tesoros de este país, el Parque San Martín que define, mejora y alegra la capital provincial. Como el gobierno del radical Alfredo Cornejo no consultó a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos antes de llamar a una licitación, muchos mendocinos se temen una repetición de lo que pasó en el parque porteño, con obras que deformen el lugar y tengan que ser detenidas por infringir la protección a los monumentos nacionales. Y el San Martín es de los mejores.

El parque tiene 307 hectáreas, un horizonte de montañas y una elegancia que denota que fue creado en 1896, cuando los parques se hacían pensando en su belleza. El lugar contiene prados y bosques, lagos artificiales y monumentos valiosos, rincones discretos y espacios para muchos. Recorrerlo es una de las cosas buenas de esta vida, porque el San Martín es una colección de árboles del mundo y tiene detalles como farolas de época con el escudo local grabado en los vidrios y mobiliarios en estilo.

Pero en junio la subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, y la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial lanzaron un llamado a concurso para estudios de arquitectura e ingeniería para la “puesta en valor” del parque. Como bien saben los lectores de m2, eso de poner en valor es un eufemismo para hacer obras sin mayor rigor hacia el patrimonio, dejando “nuevo” lo que no es nuevo. El llamado era para ayudar a elaborar los pliegos de anteproyecto,  y fue finalmente cancelado. Ya en ese entonces, la delegación en Mendoza de la Comisión Nacional envió una nota al subsecretario de Obras Públicas recordándole que el San Martín es un monumento nacional y por tanto toda intervención en el lugar tiene que se aprobada por la dirección provincial de Patrimonio Cultural y Museos, y por la misma Comisión. 

En septiembre, la dirección de Parques le presentó el anteproyecto a la dirección de Patrimonio. La entidad hace varias observaciones al proyecto y básicamente cuestiona que “no corresponde a un proyecto apto para ser licitado”. Las recomendaciones fueron ignoradas en las nuevas bases para el llamado a concurso y licitación, que fue anunciado por el gobernador en persona en noviembre, para los 120 años del Parque. Cornejo dijo que esperaba que las obras se iniciaran en diciembre de 2016, algo simplemente imposible, que se tomarían unos ocho meses para terminar y que el presupuesto previsto era de cien millones de pesos, a cumplir con “ahorros” en otras áreas del presupuesto.

Fue como lo más concreto que dijo, porque el resto fue una serie de generalizaciones como que se busca “refuncionalizar espacios” y mejorar la seguridad con “monitoreo permanente” con doce cámaras y presencia policial. Aun así quedó en claro que se van a ampliar los paseos peatonales, se va a cambiar el rosedal y la costa del lago, se van a extender las ciclovías y se las va a vincular con otras de la ciudad. Más preocupante todavía para un espacio patrimonial, se anunció que se van a “renovar” los bancos, cestos y bebederos, que se van a agregar luminarias y una nueva señalética.

Un plano que se hizo público a fin de año aumentó la preocupación por el aspecto final que puede tomar el parque. En el anuncio se habla de repavimentar 160.000 metros cuadrados de pavimentos ya existentes y crear  estacionamientos. Para peor, se explica que la ciclovía va a ser pavimentada en color, igual que los senderos peatonales, y que va a abundar el hormigón. El anuncio suena a una adopción mendocina del estilo PRO que tanto daño hizo en Buenos Aires.

El proyecto está en la etapa de nueva licitación y llamado a estudios para realizar el “proyecto ejecutivo”, lo que en burocratés significa que ya decidieron lo que van a hacer y quieren simplemente quién lo haga. Los detalles no son conocidos, no se sabe qué farolas se van a usar, qué tratamiento van a recibir las esculturas, quién va a sacar los 700 árboles que, según el gobierno, están secos. Y tampoco se mencionó siquiera la obligación legal de consultar a la Comisión Nacional que preside Teresa de Anchorena antes de intervenir en un monumento nacional. 

Los mendocinos harían bien en fijarse el embrollo en que terminaron sus colegas de Espacio Verde porteños, que tuvieron que parar la obra en el Carlos Thays. La Comisión todavía está esperando que le manden los planos para aprobar, o no, el nuevo proyecto. 

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