Tras mantener paralizada durante más de un año la posibilidad de inscripción de los pequeños productores al Monotributo Social Agropecuario, el ministerio de Agroindustria resolvió la desarticulación del régimen al deshacerse de la obligación de hacer los aportes a la obra social por los actualmente inscriptos, y hacer el traspaso de su administración al Ministerio de Desarrollo Social como “monotributo social” a secas.
El Monotributo Social Agropecuario fue creado en 2009 como mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la salud a través de la obra social, contar con el aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar en blanco, otorgándole un marco regulatorio y formalización al sector más relegado del campo. Se trata de un régimen que beneficia directamente a pequeños agricultores frutihortícolas (quinteros), agricultores familiares y campesinos sin tierra propia. La obra social del MSA le permitió el acceso directo al sistema de salud a 50 mil agricultores, que suman 110 mil contando a los adherentes. Sin el aporte de la cartera de Agroindustria, según las organizaciones de trabajadores de la tierra, cada productor deberá afrontar de su bolsillo un costo de 288 pesos para contar con la obra social. Para el Ministerio de Agroindustria, el desmantelamiento del sistema del MSA le implica un “ahorro” de 30 millones de pesos por mes, de acuerdo a la misma fuente.
“Si se tiene en cuenta que con la disminución de las retenciones, el Estado dejaba de recaudar mil millones de dólares, según publicó la Bolsa de Comercio de Rosario a principios de año, queda en claro el carácter de clase y el sesgo antipopular de las políticas del Ministerio de Agroindustria”, expresó la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que agrupa a todos los quinteros del cordón hortícola del área metropolitana (desde Escobar al norte hasta La Plata al sur, pasando por General Rodríguez al oeste).
Diecinueve organizaciones vinculadas al sector se pronunciaron contra la discriminación que practica el Ministerio a cargo de Luis Miguel Etchevehere contra los pequeños productores, implementando políticas que “sólo benefician al sector más concentrado”. Un ejemplo de ello fue la serie de medidas dispuestas para atender a los perjudicados por la sequía a principios de año y las inundaciones después. “El gobierno dio una serie de medidas que benefician a un solo campo, el sector más concentrado: 500 millones de pesos en créditos, disminución de impuestos, el presupuesto entero de la ley de emergencias, a las que no tienen acceso el pequeño productor; y lo mejor, la megadevaluación de junio, con la que acumulan ganancias los agroexportadores sin hacer nada”, opinó Agustín Suárez, dirigente de la UTT. Participaron en el documento, entre otros, Federación Agraria, MNCI, Mocase de Santiago del Estero, Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, Grito de Alcorta, Mujeres Rurales Federales, Movimiento de Productores de Santa Fe y la Unión Campesina de Varela.
Se estima que el conjunto del sector de pequeños productores, campesinos y de la agricultura familiar abarca más de 200 mil agricultores en todo el país. El sector produce en forma directa más del 60 por ciento de los alimentos que consume el país.
Esta medida, la eliminación del Monotributo Social Agropecuario, se enmarca en una política más general que está ahogando toda la acción del Estado en relación a los pequeños productores: desarticulación de la Secretaría de Agricultura Familiar, reducción del accionar del INTA y del INTI, de Senasa y otras áreas de Agroindustria vinculadas al sector.
