En el marco de las tomas de colegios realizadas contra la reforma educativa “Escuelas del futuro” el año pasado, estudiantes de las escuelas secundarias participaron de una mediación alentada por el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor. 

Fueron jornadas de largas horas de debate, en las cuales cientos de estudiantes reiteraron importantes reclamos: ser escuchados frente a las modificaciones curriculares, evitar todo tipo de medidas represivas y de presencia intimidatoria de policías en las escuelas, pronta aplicación de la Ley de Educación Sexual integral y la elaboración de un protocolo de violencia de género en las escuelas. 

Los argumentos para fundar los dos últimos reclamos impactaron por su contundencia y crudo realismo. Relatos de abusos sexuales y acosos verbales entre estudiantes de una misma escuela, de un mismo curso escolar, fueron denunciados por alumnas de varios establecimientos. Una joven de 5º año manifestó que debía convivir en el mismo curso escolar con quien la había abusado, que nadie escuchaba su reclamo.

Nos constituimos en las escuelas, hablamos con los directivos, con los equipo de orientación, con las y los estudiantes. Las respuestas institucionales dieron cuenta de la carencia de una perspectiva que incorpore la violencia de género en las relaciones interpersonales como un problema importante para abordar y prevenir. Respuestas que intentaban deslindar responsabilidades porque los abusos suelen ocurrir en bailes o reuniones fuera del establecimiento aunque los involucrados compartieran el aula cotidianamente. Otros directivos, preocupados por las distintas  situaciones denunciadas, reconocían no tener elementos suficientes para trabajar adecuadamente el tema. 

Por ello elaboramos un proyecto de Protocolo de intervención ante las consultas y denuncias de las estudiantes de escuelas secundarias y terciarias atravesadas por distintos tipos de violencia. Incorporamos en la normativa escolar específica los contenidos de la Ley Nacional 26485 y sus concordantes de la CABA, a fin de identificar y reconocer las distintas formas de violencia que anidan en las prácticas habituales, y abordamos también a pedido de otros establecimientos y especialistas de la Defensoría y del Ministerio de Educación, la legislación antidiscriminatoria frente a situaciones de violencia o acoso hacia los y las alumnas del colectivo LGBT. Debatimos cada artículo con numerosos delegados y delegadas de los centros de estudiantes. 

Dicho protocolo –modificado y consensuado con el propio Ministerio de Educación, el Consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo social– constituye una herramienta fundamental para incorporar las dimensiones de género y diversidad en el sistema educativo, para la detección y prevención temprana de situaciones de violencia entre pares.

Su puesta en marcha requiere de los integrantes de la comunidad educativa y de los organismos de infancia un fuerte compromiso por involucrarse, por escuchar a las víctimas, por intentar soluciones reparadoras de las conductas crueles o violentas, nuevas y renovadas prácticas de los y las profesionales de los equipos de orientación y de los Consejos de Convivencia.

La tarea a encarar en lo inmediato será la capacitación de los equipos de conducción de cada establecimiento educativo, así como del conjunto de la comunidad, docentes y estudiantes. El Protocolo nos obliga a encararlo con absoluta celeridad. 

* Titular del área de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo, CABA.