Cientos de trabajadores de prensa celebraron ayer a metros del Palacio de Tribunales el fallo de la justicia laboral que le ordenó al directorio de la agencia Télam reincorporar “en forma inmediata” a empleados despedidos sin causa por la gestión que encabeza el secretario de Medios Públicos Hernán Lombardi hasta tanto cumpla con el procedimiento preventivo de crisis que exige la ley. “Sin perjuicio de las facultades de organización y dirección que goza el empleador, la medida adoptada en razón de una presunta ‘reestructuración general’ excede todo marco de razonabilidad y resultó evidentemente intempestiva”, destacó el juez Ricardo Jorge Tatarsky. Si bien la resolución sólo alcanzó a los cinco trabajadores que firmaron la presentación junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina (Fatpren) y la Comisión Interna de Télam, al momento de ser instrumentada por el Ministerio de Trabajo la medida “tendrá efecto para todo el universo de trabajadores de la agencia”, destacaron los delegados. “La sentencia recoge los argumentos que denunciamos desde el primer momento, cuando señalamos que los despidos eran ilegales en un doble sentido. Desde lo formal, porque no se respetó el procedimiento preventivo de crisis, y en los sustancial porque constituyen actos discriminatorios, de persecución sindical y política”, destacó el delegado y abogado Mariano Suárez. Mientras los trabajadores siguen reclamando al gobierno de Mauricio Macri la apertura de una mesa de diálogo, Pablo Ciarliero, miembro del directorio de Télam, reafirmó anoche que “tenemos una misión de reestructuración y es lo que vamos a llevar adelante” (ver recuadro).
Los trabajadores de Télam, que desde hace 19 días mantienen una permanencia pacífica en la agencia que directivos y jerárquicos abandonaron, se movilizaron por la mañana hasta Lavalle al 1200 con banderas del SiPreBA. A primera hora, en los tribunales de Comodoro Py, la Comisión Interna ratificó y amplió ante el juez federal Sebastián Casanello la denuncia penal contra el directorio que encabeza Rodolfo Pousá por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a la que incorporaron la versión taquigráfica de la interpelación en el Congreso a Lombardi & Cía.
La ley 24.013 exige que “con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas” que afecten a más del 10 por ciento de una empresa de entre 400 y mil trabajadores (Télam tiene 878 y los despidos alcanzaron a más del 40 por ciento) “deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis”. “Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos denunciados, más que a los aspectos formales debe estarse a la verdadera situación creada y que la apariencia no disimule la realidad, por lo que el suscripto no puede soslayar que detrás de la alegada ‘reestructuración general’ se propició un despido masivo de trabajadores”, destacó el juez. A partir de esas dos palabras invocadas como única explicación en los telegramas entendió que los despidos se encuadran “en el supuesto de causas económicas” y que el citado procedimiento “ineludiblemente debería haberse seguido previo a tomar una decisión rupturista de esta magnitud”.
Tatarsky consideró que “la rescisión masiva de contratos de trabajo” contraría los principios de “conservación del empleo” y de “buena fe” previstos por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que la medida “excede todo marco de razonabilidad”. A partir de las declaraciones de Lombardi, Pousá y el resto del directorio sobre la necesidad de ejecutar una “limpieza ideológica”, afirmó además que “los hechos quedarían asimismo encuadrados en el supuesto previsto en la ley 23.592”, que penaliza los actos discriminatorios. Recordó que la Constitución protege a los trabajadores ante despidos arbitrarios y que el derecho a trabajar está tutelado por pactos internacionales suscriptos por el Estado. En conclusión ordenó a Télam que “que en forma inmediata disponga la reincorporación” de los cinco despedidos que firmaron la presentación “hasta la culminación del procedimiento administrativo previo a los despidos colectivos”. La empresa tiene ahora cinco días hábiles para apelar el fallo.
La noticia derivó en festejos frente al juzgado, que se prolongaron durante la caravana hasta la sede de avenida Belgrano. “Ahora que estamos juntos, ahora que sí nos ven, abajo Hernán Lombardi, que va a caer”, corearon tantos los despedidos como sus compañeros que recibieron telegramas para sumarse a “la nueva agencia Télam” y quienes todavía siguen en el limbo. “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”, cantaron. Ya en la agencia, recibieron la visita del diputado Leopoldo Moreau y de Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Más tarde, en asamblea, resolvieron entre otras medidas organizar una festival masivo el sábado 28 de julio.
“Los trabajadores y trabajadores de Télam sabemos que este es simplemente un paso más en la lucha por la reincorporación efectiva de los 357 compañeros despedidos. Renovamos en ese estado nuestro llamado al gobierno a apelar al más elemental sentido común y construir la agencia de la mano de sus trabajadores. Con sus 878 trabajadores”, destacó la Comisión Interna del SiPreBa en un comunicado.
“Vinimos a tribunales para demandar la ilegalidad de los 357 despidos que ordenó el ministro Lombardi hace más de dos semanas y hoy la justicia reconoció que la verdad está con los trabajadores, que teníamos razón, que los despidos son ilegales, que no se puede despedir masivamente sin realizar el procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo”, explicó Suárez ante la cámara del canal comunitario Barricada TV minutos después de conocer el fallo. “Hasta tanto Lombardi y Pousá no cumplan con la ley, los trabajadores están reincorporados”, celebró.
“El fallo implica la restauración de un estado de justicia y derecho que obliga al Gobierno a atravesar mínimamente un canal institucional si quiere discutir el tamaño de la agencia o los sueldos a través del mecanismo previsto y no de forma arbitraria”, destacó el periodista y abogado. “Es un paso más en la pelea. Le seguimos demandando al gobierno que dé respuestas, que dialogue con la comisión interna, que cumpla con la ley, que se siente a negociar con los trabajadores. Si el gobierno quiere medios públicos modernos, plurales y rigurosos como dice va a encontrar en los trabajadores aliados; si quiere atacarnos, si quiere difamarnos, si quiere medios públicos chicos, débiles y sin trabajadores nos va a encontrar donde nos encuentra, en la calle, defendiendo al agencia Télam y defendiendo los medios públicos”, concluyó Suárez.
