La Argentina acaba de convertirse en noticia mundial por un motivo que Mauricio Macri jamás hubiera imaginado. La novedad golpeará duramente en la reputación del país justo cuando el Gobierno más necesita congraciarse con los inversores internacionales para reabrir canales de financiamiento en los mercados del exterior: la declaración de la economía nacional nada menos que como hiperinflacionaria. Un organismo regulador de Estados Unidos, vinculado a la Security and Exchange Commission (SEC), dispuso esta semana que Argentina merece esa calificación por haber acumulado en los últimos tres años más de 100 por ciento de inflación. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que regulan la presentación de balances de las empresas que cotizan en Bolsa en todo el mundo, a las cuales la Argentina ha adherido, acumular más de 100 puntos de inflación en tres años es un disparador para que las compañías radicadas en esos países ajusten sus estados contables a los parámetros que reflejan semejante distorsión de precios. Hay dos organismos en el mundo que definen la cuestión en base a un conjunto de criterios, entre los cuales el sobrepaso de los 100 puntos de inflación en 36 meses es uno de los más relevantes: el Financial Accounting Standards Board (FASB) de Estados Unidos y el International Accounting Standards Board (IASB) con sede en Londres e influencia en toda Europa. Este último adoptaría a corto plazo la misma resolución que el FASB, según anticiparon fuentes de multinacionales radicadas en la Argentina. Las mayores auditoras contables internacionales ya le empezaron a indicar a sus clientes que deberán ajustar sus balances por hiperinflación para incluir la información en los reportes que llegan a inversores de todo el mundo. Una de ellas, Price Waterhouse Cooper (PCW) ya lo hizo con firmas líderes del país, según se pudo constatar para esta columna. Deloitte y KPMG estarían avanzando en la misma dirección. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas empezó a analizar la cuestión de manera urgente para resolver si instruye a los consejos profesionales de cada provincia a adaptar las presentaciones contables de las empresas argentinas a los parámetros de la NIIF o deja de lado esa sugerencia, estableciendo que solo la apliquen las empresas con oferta pública y las multinacionales, que sí deberán hacerlo por la supremacía de la norma internacional que regula su desempeño. La Federación emitirá su dictamen en el transcurso de los próximos 60 días. A su vez,  la Inspección General de Justicia (IGJ) deberá entregar su propio despacho, pero el Gobierno presiona para demorarlo. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, debió responder sobre este tema en las reuniones que mantuvo el fin de semana pasado en Nueva York, adonde fue a pedir apoyo financiero para el país y se topó con cuestionamientos por el desborde inflacionario y renovadas presiones para que el país cumpla sí o sí con las exigencias del Fondo Monetario. La marca de Argentina como una economía con hiperinflación según la escala internacional conspira contra la misión impostergable que se fijó el Gobierno de volver a colocar deuda en las plazas globales para evitar un nuevo descalabro cambiario.

  La resolución de la FASB obliga a las multinacionales y a las empresas que transan sus acciones en el mercado bursátil que cierren balance a partir del 31 de julio a hacerlo con el ajuste por hiperinflación. La fijación de normas contables internacionales se utiliza para homogenizar la información entre los distintos países y permitir la comparación de mercados por parte de los inversores. Que Argentina aparezca con la distinción de ser una economía que cayó en la híper es de entrada un duro golpe para su prestigio, que aparecerá reflejado en los informes de PWC, Deloitte, KPMG y demás auditoras contables que entregan a bancos y fondos de inversión con posiciones globales. Si la reciente declaración de Argentina como mercado emergente por parte de MSCI fue interpretada como una señal favorable para la reinserción del país al nocivo circuito de deuda internacional, la calificación como nación con enfermedad inflacionaria va exactamente en sentido contrario. “Es un desaliento grave para los inversores”, evaluó un especialista del mercado que asesora a fondos internacionales.     

Los efectos del ajuste de balances por hiperinflación en principio son solo contables, dado que la determinación de los resultados fiscales para la liquidación de impuestos corre por otra vía en función de otros parámetros. Sin embargo, más de una multinacional estadounidense de productos de consumo masivo en el país presiona al Gobierno para que implemente el ajuste por inflación también en las obligaciones tributarias, a fin de disminuir la carga a pagar de distintos impuestos, empezando por Ganancias. En la Argentina sigue vigente un artículo de la ley de convertibilidad y el decreto 664 de 1992 que impide la indexación de contratos y por lo tanto el ajuste por inflación para fines tributarios. Desde el estallido de diciembre de 2001 numerosas cámaras empresarias, embajadas de países centrales y grandes empresas reclamaron a los gobiernos de Eduardo Duhalde, el kirchnerismo y ahora al macrismo que permita el ajuste por inflación y así afrontar menos impuestos. El gobierno actual, por ahora, también se niega, sobre todo en función de las exigentes metas fiscales que le impuso el FMI. Pero lo que no puede evitar con la declaración de que la economía argentina se encuentra en estado de hiperinflación en la medición internacional es su impacto en el terreno financiero.

PWC utiliza para medir la inflación en el país un índice propio en función de una canasta de datos del Indec –minoristas y mayoristas– y el índice de precios del gobierno porteño a raíz de la desconfianza de la auditora en los datos del primer organismo durante el kirchnerismo y el apagón estadístico que produjo la actual administración al inicio del mandato. Ese indicador ya superó los 100 puntos de inflación en tres años. Ese mismo criterio fue el que siguió la FASB para catalogar a la Argentina desde ahora como un país con híper, igual que Venezuela. Tanto se esforzó el gobierno de Cambiemos en estigmatizar al país bolivariano que ahora empieza a probar de la misma medicina. Para Macri implica un golpe político y reputacional en particular porque en tiempos de la campaña de 2015 se la pasaba diciendo que bajar la inflación era lo más fácil, que el dólar no sería un problema y que un gobierno que no pudiera domar los precios exponía su incapacidad para gestionar la economía. Esos mismos reproches recibirá ahora por parte de organismos internacionales a los que el Gobierno pretende incorporar a la Argentina como la OCDE. Y será una carta de presentación poco virtuosa en la recepción de potencias mundiales en la próxima cumbre del G-20 que se realizará en el país. El anfitrión, por las políticas de Cambiemos, tiene para exhibir como galardón indecoroso el mote de nación hiperinflacionaria.

Más allá de la cuestión contable, la economía está siendo sometida a fuertes presiones inflacionarias por la última devaluación. Según una investigación de la consultora Cinfin, del ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, el traslado a precios de la suba del dólar en los últimos cuatro grandes episodios de disparada del dólar, en 2002, 2009, 2014 y 2016, promedió el 70 por ciento. Eso significa que del alza de 50 por ciento en el tipo de cambio en lo que va de 2018, entre 30 y 35 puntos se irán descargando sobre la inflación minorista a lo largo del próximo año. Para el economista, por lo tanto, el IPC de 2018 cerrará más cerca del 35 por ciento que del 30 que ya reconocen los “gurúes” del mercado. Esa estimación está matizada por dos factores: los aumentos de tarifas y combustibles que autorice el Gobierno y la evolución del tipo de cambio. Si el dólar se vuelve a descontrolar, señala Vanoli, la hiperinflación que ya decretó el mundo para Argentina puede reaparecer también como una realidad cotidiana para los sufridos habitantes del  país de Cambiemos.