Esta semana se abrió una polémica en torno a la posibilidad de que UBER llegue a Rosario, originada por el anuncio de la edila Maria Eugenia Schmuck sobre la presentación en el Concejo Municipal de un proyecto para revisar toda la normativa de regulación del servicio público de taxis y remises, que permitiría el desembarco de la empresa internacional en nuestra ciudad. Si bien se mencionó como una iniciativa del oficialismo, debido a que la concejala radical integra el interbloque del Frente Progresista, tanto el Ejecutivo Municipal como el resto de los ediles de ese arco político se manifestaron abiertamente en contra de esa posibilidad, al igual que otros bloques de la oposición.  Este debate, que no parece implicar un tema de urgente tratamiento, surge a menos de dos meses de que se venza la prórroga que el Palacio Vasallo le otorgó a la empresa Rosario Bus, la única privada que presta el servicio de colectivos, y todavía no se ha podido implementar el nuevo pliego del transporte urbano de pasajeros, con el riesgo de que si no se arriba a una solución antes de esa fecha límite, se caiga el sistema.

Concretamente, la iniciativa de Schmuck que tomó notoriedad en los últimos días, no sólo en Rosario sino también en medios porteños, busca modificar el actual marco regulatorio de taxis y remises para habilitar que cualquier aplicación de este tipo, sea UBER u otra que pueda aparecer, “tenga reglas claras para operar y no se genere una competencia desleal con los demás servicios públicos, permitiendo que los taxistas puedan participar de esas plataformas que conectan usuarios con personas que tienen vehículos”, explicaron a Rosario/12 desde el entorno de la concejala radical. Además, mencionaron que en el proyecto buscan contemplar que aquellos que no tengan chapa de taxis y van a participar como choferes “tengan que pagar una determinada serie de impuestos para no generar injusticias”. Desde el aspecto legal, consideran que no hay ninguna normativa que impida asociar personas, “por lo que puede ser muy conflictivo que llegue y que no haya nada”.

Vale mencionar que UBER es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, que funciona mediante una aplicación propia, obligatoria tanto para el conductor como para el pasajero, y los conecta a través de sus dispositivos móviles. Actualmente, en Argentina el servicio sólo está operativo en CABA y Gran Buenos Aires, aunque, además de la resistencia, muchas veces violenta, de taxistas y remiseros, la justicia se ha manifestado en contra de la utilización del servicio que ofrece la aplicación. Ese es el caso del fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que ordenó en febrero de este año el bloqueo del sitio web y también de su aplicación móvil, teniendo alcance  a todo el país. Sin embargo, la empresa de origen estadounidense tiene experiencia en sortear escollos judiciales, por lo que anunciaron en su momento que siguen "operando con normalidad".

En el ámbito local, el oficialismo ha sido contundente en su postura sobre el tema, y hasta la propia Intendenta Mónica Fein salió públicamente a rechazar esta posibilidad: “Esa decisión abriría la puerta a un sistema donde el Estado pierde la regulación y el control”. Además afirmó que en lugar de promover una reforma de la normativa vigente al respecto, se debe mejorar el sistema de taxis para satisfacer la demanda local. “Hoy tenemos un servicio que tiene sus dificultades pero siempre estamos trabajando para que esté cada vez más unido a los nuevos tiempos“.

En el mismo sentido se manifestó la Secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, en el programa “Los Días Contados” de Canal 5: “Desde nuestra concepción todo servicio público tiene que estar regulado porque permite un Estado presente que conoce cuáles son los vehículos, quiénes son los choferes y qué control tenemos que hacer”. Además, aclaró que hoy en día no hay ninguna posibilidad de implementar UBER en Rosario: “Creo que es un tema de debate que siempre se genera. Algo similar ocurrió con la empresa Cabify, que quiso desembarcar en la ciudad como un sistema libre y desregulado, pero como para ingresar a un servicio público se debe hacer a través de  las normativas vigentes, se terminó implementando a través del sistema de remises, cumpliendo todos los requisitos que exige la ordenanza para ser habilitados.

Sobre el tema laboral y que muchas personas ya se anotaron para ser choferes de UBER, la funcionaria municipal planteó que es necesario “buscar una salida laboral que rompa otro sistema que funciona equilibradamente y que es una fuente laboral de más de 10.000 personas”.

En cuanto a la calidad de la prestación del servicio de taxis, Alvarado consideró que Rosario ha avanzado en el tema tecnología: “No existen muchas ciudades en Argentina y Latinoamérica que tengan servicio de GPS en el 100% de los taxis. Obviamente creo que nunca debemos ser conformistas con un servicio público, siempre tenemos que trabajar en mejorarlo y en avanzarlo, creo que en eso estamos”.

A pesar de la clara postura que tomó el oficialismo con respecto a UBER, el tema deberá pasar por el Concejo Municipal cuando ingrese el proyecto de Schmuck. Es por eso que Rosario/12 se puso en contacto con concejales de los distintos bloques políticos para consultar sobre su postura acerca de la polémica que se instaló esta semana.

Desde el interbloque del Frente Progresista, que también integra la concejala radical, las definiciones fueron en la misma sintonía que las del Ejecutivo. En ese sentido, la edila socialista Verónica Irizar manifestó: “Rosario está todavía muy lejos de habilitar un servicio como UBER porque actualmente se está trabajando en mejorar la regulación del sistema de taxis y remises”. Además, la ex Secretaria de Hacienda municipal consideró que es difícil aplicarlo en el momento económico actual sin que implique dejar sin trabajo ni ingresos a taxistas y remiseros.  Por su parte, el arista Pablo Javkin distinguió entre la posibilidad de incorporar los usos de la aplicación por las ventajas que le da al usuario, de su implementación sin que se cumplan los requisitos del sistema de taxis. Además destacó como un punto importante el vacío en la legislación de fondo sobre el tema del seguro de los pasajeros en este tipo de servicio privado: “No está claro legalmente qué pasa con un tercero transportado si hay un vínculo comercial en la relación con el chofer”.

Por el lado del justicialismo, Roberto Sukerman mencionó que si bien tiene que profundizar el tema no cree conveniente legalizar este tipo de actividad, por lo que no acompañaría la propuesta. Además, consideró que hablar de UBER “es un disparate teniendo en cuenta que en pocos días se está por caer el sistema de transporte urbano”. Osvaldo Miatello fue más contundente: “No acompaño ningún proyecto que destruya fuentes de trabajo. Los concejales debemos tratar de solucionar problemas; a veces podemos, a veces no, lo que no podemos es crearlos”.

Los bloques que componen la izquierda también se mostraron reacios a apoyar una iniciativa de estas características. Desde Ciudad Futura si bien mencionaron que van a esperar a que haya un proyecto concreto para manifestarse públicamente, por lo bajo lo rechazan.  En el mismo sentido va Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular, quien consideró que un sistema como UBER “implicaría traer precarización, flexibilización laboral y rompería con la seguridad tanto del laburo de muchísima gente como del derecho de los usuarios a un servicio de transporte público”.

El único sector político que todavía no tiene una postura tomada sobre el tema es el de Cambiemos. Sin embargo, el presidente del bloque, Roy López Molina, se animó a esgrimir una posición al respecto: “Si llega esa experiencia a la ciudad, hay que adaptar la normativa actual pensando qué modificaciones deberíamos hacer para enmarcar ese servicio. Ni para prohibirla ni para promoverla, sólo dejando claro derechos y obligaciones. De todas maneras, estamos importando una discusión ajena que hoy la ciudad no tiene”.