El aniversario número 24 del atentado contra la AMIA, este miércoles, se produce en medio de una ofensiva de la Casa Rosada en varios terrenos. En primer lugar  para debilitar la investigación del atentado, instalando una secretaría anti-terrorista que seguramente pondrá en la mira a organizaciones mapuches y agrupaciones sociales, mientras que ya está desactivando a los fiscales que investigan el atentado. En segundo lugar, son evidentes las presiones del Ejecutivo para lograr la absolución o penas muy menores a los que entorpecieron o desviaron la pesquisa. En el banquillo están el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales, los mandos de la SIDE y el policía favorito del Presidente, Jorge El Fino Palacios. Bajo cuerda exhiben un argumento burdo: que las condenas podrían favorecer a los acusados iraníes del atentado contra la mutual judía. Y, en tercer lugar, usan a los jueces de la coalición Comodoro Py-Cambiemos para avanzar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman en la burda causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán y el expediente por la muerte de Alberto Nisman. 

En los actos del miércoles también llama la atención la marginación de la DAIA, que en estos años funcionó casi como una sucursal de la administración de Mauricio Macri. En la interna comunitaria, la DAIA está impactada por los escándalos de su ex presidente y por la forma en la que recauda dinero. El nombre de la DAIA no figura en el cartel de convocatoria al acto ni, de acuerdo al anuncio, tendrá orador propio (ver aparte).

Secretaría

El viernes se difundió una resolución del Procurador de la Nación, Eduardo Casal, anunciando la creación de una Secretaría Integral de Análisis del Terrorismo Internacional (SAIT). Casal ha hecho todo lo que le pide la Casa Rosada, tal vez para quedarse en el cargo. Sin embargo, el anuncio es llamativo por varias razones:

  • Casal es procurador interino y en las próximas semanas el Senado tendrá que evaluar la propuesta del Ejecutivo de designar a Inés Weinberg de Roca. Es curioso que un interino se lance a establecer una estructura semejante.
     
  • Casal no designa a un fiscal al frente de esa Secretaría Anti-Terrorista, sino que la ubica en la Procuración ante la Corte, a cargo de él mismo. O sea arma una estructura que él mismo va a conducir y usufructuar.
     
  • El Ministerio Público, es decir los fiscales, deben actuar ante delitos cometidos. Para prevenir ataques están las policías y los servicios de inteligencia, no los fiscales. Cuando se armaron procuradurías contra la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico fue porque había muchos expedientes sobre esos delitos y se buscaba tener expertos. En este caso, los hechos terroristas que vivió la Argentina son dos, la AMIA y el atentado contra la Embajada de Israel, y no es la situación que tiene por ejemplo Europa, con las secuelas de ISIS y otras organizaciones. Como el texto de la resolución es difuso y habla de “abordar de manera integral el extremismo violento entendido como conducto hacia el terrorismo internacional”, parece cantado que juntarán materiales e información sobre mapuches y organizaciones sociales, a los que la Casa Rosada y la ministra Patricia Bullrich han señalado como terroristas, incluso financiados desde el exterior. Otra jugarreta en linea con Washington.
     
  • Sobre el final del texto hay una mención al caso AMIA y se señala, en forma difusa, que la flamante Secretaría colaborará con la Unidad Fiscal AMIA que es la que encabezaba Alberto Nisman. Tras su muerte se designaron tres fiscales que dieron pasos importantísimos en la pesquisa. Ahora, la Casa Rosada, haciéndose la distraída, está desmontando esa fiscalía. 

No investigar I

Hace ya cuatro meses, el 22 de marzo, presentó su renuncia Mario Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Ese organismo, creado durante el gobierno de la Alianza, tenía como objetivo coordinar a todos los organismos del Estado en la investigación del atentado y en las causas derivadas. Por ejemplo, la Unidad debía ayudar en el análisis de los documentos encontrados en la SIDE, facilitar búsquedas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, acelerar los estudios genéticos que se necesitaban y cualquier otra tarea relacionada con la investigación, juicios y causas.

Cimadevilla denunció en forma ruidosa al ministro de Justicia Germán Garavano, por presionar a los abogados de la Unidad AMIA para que no acusaran a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por las maniobras en la causa del atentado. El ministro ya había ordenado el desplazamiento de abogados y mandó interventores a las reuniones donde se debatía la estrategia en el juicio. Lo concreto es que Garavano disolvió, de hecho, la Unidad AMIA aún antes de la renuncia de Cimadevilla. El paso siguiente fue trasladar el organismo ya inexistente a la órbita de la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj, ex funcionario de la DAIA durante la gestión del imputado ex presidente de la entidad, Rubén Beraja. En síntesis, el Ejecutivo exhibió su voluntad de des-jerarquizar y diluir el esfuerzo estatal en la investigación del ataque contra la mutual judía.

No investigar II

La investigación judicial del atentado contra la AMIA está en manos de la Unidad Fiscal AMIA, ya que el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, delegó la instrucción en la fiscalía. El que estaba al mando era Alberto Nisman. Tras su muerte, la procuradora Alejandra Gils Carbó designó un equipo de tres fiscales y un coordinador. Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini, con Juan Murray como coordinador. Ese grupo dio pasos muy significativos en la investigación. Los familiares habían acusado a Nisman de “trabajar poco y viajar mucho” y el nuevo equipo demostró que se podía avanzar. Por ejemplo, confirmaron con sofisticados estudios de barrido electrónico que se usó la camioneta Trafic en el atentado, establecieron la existencia de restos de una persona no identificada en el atentado, un supuesto suicida, pero compararon el ADN obtenido con el de Ibrahim Berro, sindicado por Nisman como el que manejó la camioneta. El ADN dio negativo. No menos importante fue la identificación de la víctima número 85, Augusto Jesús, que Nisman no se había preocupado en identificar: el fallecido fiscal decía que era un obrero boliviano y resultó ser el hijo de otra víctima. 

Esa Unidad Fiscal AMIA se está debilitando a pasos agigantados. Nader es jueza, a Filippini lo desplazaron hacia la procuraduría de apropiación de niños durante la dictadura y Salum –hoy el alma mater de la fiscalía– anunció que volverá a Rosario o Reconquista cuando termine el juicio por encubrimiento, en dos o tres meses. Otro fiscal designado, Santiago Eyherabide, debe atender ahora la fiscalía en la que lo designaron, en Azul. Como se observa, se está desmantelando la Unidad Fiscal AMIA y, para colmo, se arma una secretaría anti-terrorista que dependerá de Casal, sin los fiscales que venían trabajando la investigación del atentado y con virtual verticalismo respecto de la Casa Rosada.

Quienes avanzan en semejante desarme de la investigación son los mismos que impulsan la causa contra el gobierno anterior por el Memorándum de Entendimiento con Irán. El argumento era que de esa manera se frenaba la investigación. 

Juicio

El aniversario coincide con las instancias finales del llamado Juicio por Encubrimiento. Es un proceso judicial que casi no tiene parangón en el mundo: en el banquillo de los acusados están un ex presidente, ex juez, los ex fiscales, el aparato de inteligencia, el principal investigador policial y hasta el ex presidente de la comunidad judía. Las presiones son asombrosas, al punto que funcionarios del Ejecutivo han hecho circular la versión de que tienen arreglado a uno de los jueces, incluso con el tradicional método de prometerle un ascenso.

Respecto de los ex fiscales, la ofensiva del Ministerio de Justicia fue directamente descarada, cambiando hasta los abogados del juicio. La querella de AMIA y DAIA también redujeron notoriamente las acusaciones y en su cuenta de Twitter hasta defendieron a los imputados señalando que no se aportó ninguna prueba. A lo largo del juicio, las instituciones judías actuaron muchísimo más de defensores que de acusadores. 

Como quedó claro en las notas de Santiago O’Donnell en este diario y en su libro Argenleaks, la embajada de Estados Unidos presionaba a Nisman para que desista de las acusaciones, con el argumento de que eso debilitaba la imputación contra Irán. En los cables de Wikileaks quedaba claro la dependencia del fiscal respecto de la CIA y los mandatos norteamericanos e israelíes: “concéntrese en acusar a Irán”, le decían. Siguiendo en esa línea, la administración Macri, también alineada con Estados Unidos e Israel, presiona sugiriendo que una condena a los imputados debilita las alertas rojas contra los iraníes. La realidad es que esas capturas fueron ordenadas por la justicia, incluyendo al juez que suplantó a Galeano, Canicoba Corral, por lo que no pueden ser alteradas por nadie, sólo por el juez. Los únicos que se mantuvieron firmes fueron los familiares de las víctimas, en especial la agrupación Memoria Activa, representada por Rodrigo Borda, y la agrupación APEMIA. Ellos sacaron adelante la acusación. 

Desde el punto de vista de la prueba, el juicio fue categórico. Quedó probado el pago ilegal al principal imputado, Carlos Telleldín, de 400.000 dólares, para que involucre en el atentado a policías bonaerenses, quedó probado que todos sabían del pago y también hubo abundante evidencia de que se frenó la investigación contra otro sospechoso, Alberto Kanoore Edul, tras una visita a la Casa Rosada. Se calcula que el fallo del tribunal oral estará para septiembre u octubre. Habrá que ver el efecto de las presiones nacionales e internacionales.

Contrapeso

Como ha ocurrido en estos dos últimos años, Comodoro Py sale al rescate cuando el Ejecutivo queda desnudo. En este caso, a través de dos expedientes que son la punta de lanza de Cambiemos contra la administración kirchnerista. Por un lado, la causa del Memorándum con Irán y por el otro el expediente por la muerte del fiscal Nisman. Entre la Casa Rosada y la DAIA impulsaron la acusación por el Memorándum, incluso por traición a la patria, un delito que ya quedó en el camino, pero que se usó por primera desde 1955. Ahora se enjuicia a una presidenta y a un canciller por un acuerdo que pasó por el Congreso, que fue votado por ambas cámaras y que, encima, nunca se hizo efectivo. 

Respecto de la muerte de Nisman, la causa entró en una etapa delirante. Después que las pericias dejaron en claro que el fiscal se quitó la vida –así surge de lo dicho por el Cuerpo Médico Forense y la junta de Criminalistas– el Ejecutivo y Comodoro Py dibujaron algo parecido a una pericia de la Gendarmería en la que se sostuvo que a Nisman le pegaron una paliza y que luego tres personas entraron al baño y lo asesinaron. Eso sí, no dejaron ningún rastro, no se desordenó nada, nadie pudo explicar cómo los supuestos sicarios entraron y salieron del departamento.

Como se ve, en este aniversario lo que nuevamente domina la escena es la política. Cambiemos desmantelando la investigación del atentado en todas sus vertientes; tratando de evitar condenas en el juicio por encubrimiento y tirándole la mayor cantidad de culpas posibles al “populismo”.  

No es puramente un vuelo de cabotaje. En el trasfondo pesa el alineamiento internacional del gobierno de Mauricio Macri con las derechas de Estados Unidos e Israel. El grotesco llegó incluso al intento de llevar a la selección argentina de fútbol a Jerusalem para convalidar la obediencia debida.

[email protected]