La Cámara Federal sobreseyó al juez de la Cámara de Casación Juan Gemignani en la causa en la que había sido acusado de privar ilegalmente de la libertad a una secretaria a la que ordenó detener y mantuvo incomunicada cuando se negó a auditar unas cajas con insumos tecnológicos que estaban amontonadas en una sala de audiencias. Ni siquiera fue indagado, a pesar del planteo de la fiscal Paloma Ochoa, que le imputó haber realizado una detención ilegal que representaba una “situación de abuso de poder en una relación desigual” con toda la impronta de “los patrones culturales de violencia hacia las mujeres”. A lo que el juez acusado retrucó entonces con una recusación donde pedía el apartamiento de Ochoa por participar de una movilización de “Ni una Menos”, que entendió dirigida en su contra. Para los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, su colega Gemignani no cometió ningún delito y lo que hizo fue ordenar una detención en flagrancia. A la vez, como para matizar la defensa corporativa, mandaron el caso al Consejo de la Magistratura –casi una cosquilla– para que analice si cometió una falta disciplinaria.

El increíble episodio de la detención de Amelia Expucci, que entonces era secretaria en Casación, ocurrió el 28 de julio de 2016. Era la feria judicial y Gemignani estaba “de turno”. Expucci también, para trámites básicos que se hacen en ese período. Pero el juez le indicó que debía hacer un inventario del contenido de unas cajas enviadas por el Ministerio de Planificación Federal en 2015. Era material informático y para videoconferencias. El tema ponía una pelea interna de Casación al rojo vivo, y el juez apuntaba a responsabilizar a su colega de tribunal Ana María Figueroa, que había recibido el material. La secretaria le dijo que inventariar ese material no estaba entre las funciones de la feria, y que en todo caso le debía pedir autorización a su jefe habitual, Eduardo Riggi. Otros empleados declararon que ese día Gemignani amenazó en voz alta a todos los presentes: “Cualquier funcionario o empleado que entorpezca o se interponga en estas actuaciones será detenido”.

Expucci estuvo dos horas incomunicada y detenida en una dependencia policial. Gemignani la denunció por desobediencia, pero rápidamente el juez Marcelo Martínez de Giorgi la dejó en libertad, y luego la sobreseyó. Ella decidió denunciar a Gemignani por privación ilegal de la libertad: el caso quedó a cargo de la fiscal Ochoa y del juez Rodolfo Canicoba Corral. Dos días después, Gemignani radicó otra denuncia por las célebres cajas del Ministerio de Planificación en las que acusó al ex ministro de Julio Vido por entregar dádivas a los jueces de Casación y a Expucci por el supuesto intento de encubrimiento. Fue allí que justificó la detención de la secretaria en que fue sorprendida en un posible delito en flagrancia. El juez Martínez de Giorgi, que también quedó a cargo de este expediente, sobreseyó a ambos. En cuanto a De Vido, dijo que no había dádiva, que no buscaba mejorar su posición en ninguna causa, y que el material entregado era para “mejorar la gestión de las salas de audiencias”, que Figueroa hizo un informe y la entrega fue pública, por lo que tampoco había una aceptación de favores. Mal podía, entonces, intentar Expucci encubrir un delito que no existía. Luego la sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir la causa contra el ex ministro, no así contra la secretaria, que quedó desvinculada.

A pesar de la claridad de la situación, los camaristas Bruglia y Llorens llegaron a la conclusión –según señalaros funcionarios de la causa a PáginaI12– de que Gemignani no cometió ningún delito al privar de su libertad a la mujer porque tuvieron en cuenta un aspecto subjetivo, que el juez tenía en mente: un posible encubrimiento respecto de lo que recién después denunciaría como dádivas. Entonces podía entenderse su detención como un caso de “flagrancia”, donde consideran que estaba habilitado a disponer el arresto. Si hubo un posible abuso o maltrato, pidieron que se ocupe del tema el Consejo de la Magistratura. El fallo fue firmado el viernes a última hora, casi cuando estaban cerrando la oficina para inaugurar las vacaciones de invierno. La realidad es que el camarista ya había sido denunciado por este caso ante ese organismo por la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), por abuso de poder y violencia laboral, y esa presentación no avanzó. En cuanto a la causa, la única posibilidad de reapertura está en manos del fiscal Germán Moldes, que puede apelar, ya que la secretaria nunca se constituyó en querellante.

Gemignani terminó sobreseído sin siquiera haber sido indagado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. La fiscal Ochoa había pedido que declare como sospechoso y había considerado que la orden de detención e incomunicación contra Expucci había sido “infundada” como el acatamiento de la orden verbal por parte de los policías. “Esa orden de detención solo puede ser entendida como una situación de abuso de poder en una relación desigual” que remite a los “lamentablemente no superados patrones culturales de violencia hacia las mujeres”. Invocaba, entre sus argumentos, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres y las convenciones internacionales sobre violencia y la discriminación contra las mujeres. Además, la fiscal sostuvo que Gemignani no era el juez competente para tomar medidas por ser quien denunciaba una supuesta desobediencia.

Después de ese pedido de indagatoria, Gemignani recusó a Ochoa por participar de una de las manifestaciones de “Ni una Menos” que tuvo adhesión de gran cantidad trabajadoras judiciales en Comodoro Py. Pero Gemignani interpretó que Ochoa “participó y condujo un escrache por violencia de género contra mi persona, materializado en la puerta de mi despacho”. “Aniquiló mi inocencia, mi dignidad humana y el debido proceso que me amparan”, la acusó. La recusación llegó hasta Casación, ya que la Cámara Federal había decidido rechazar analizarla. Pero los casadores Carlos Mahiques y Riggi dijeron que, aunque no se pueden apelar recusaciones de fiscales, ésta tenía “las particularidades” que adjudicaban a las “graves anomalías” señaladas por Gemignani que podían implicar su falta de “objetividad e imparcialidad”. El fiscal de Casación, Javier De Luca, dijo que no había ni un testimonio o prueba que permita calificar que Ochoa participara de un “escrache”.

Lo que había era una movilización que, como quedó a la vista, es un estorbo al patriarcado y al poder masculino reinante en los tribunales, donde una cadena de camaristas varones salió en defensa corporativa de uno de sus pares.