Al término del primer semestre del año, las universidades nacionales afrontan una deuda de 13 mil millones de pesos por parte del Gobierno, que viene subejecutando el presupuesto del sector, tras haberlo recortado en más de mil millones. Los datos surgen de un nuevo informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la federación docente Conadu, que analiza la situación presupuestaria de las casas de estudio en base a datos del Ministerio de Hacienda.
De mantenerse las tendencias de desfinanciamiento y subejecución del presupuesto universitario mostradas durante la primera mitad de 2018, éste será el año más crítico para la universidad pública desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia.
Para 2018, el presupuesto total asignado por el Congreso a las universidades era de 107,6 mil millones de pesos. En lo que va del año, ya se le han recortado 1056,4 millones de pesos. Según indica el informe del IEC, 655,9 millones de pesos fueron quitados del presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), mientras que los 400 millones restantes corresponden a otros programas y jurisdicciones ajustados.
Las áreas más afectadas por el recorte del presupuesto de la SPU fueron Proyectos Especiales (se redujo un 90,9 por ciento); Infraestructura (se redujo un 40,3 por ciento); Conducción, gestión y apoyo a las políticas de educación superior (bajó un 31,2 por ciento) y Fomento a la actividad de investigación de los docentes universitarios (bajó un 3,7 por ciento).
A los recortes debe sumarse un fuerte ajuste vía inflación para el presupuesto universitario (aprobado el año pasado, bajo el pronóstico ya abandonado por el mismo Gobierno de un 15 por ciento de inflación), y también vía devaluación del peso: parte de los gastos que las universidades deben asumir se ven afectados por el precio del dólar, por ejemplo insumos de laboratorio, equipos y material bibliográfico internacional.
Pero además de los recortes, el sistema universitario también se ve afectado por el atraso en las transferencias para cubrir gastos de funcionamiento, ya que el Poder Ejecutivo viene enviando los fondos para pagar salarios pero está demorando el giro de recursos para pago de servicios públicos, obras de infraestructura, becas estudiantiles y de investigación, entre otras áreas.
Al finalizar el primer semestre, la deuda en las transferencias exigible a la SPU llegó a 13.552,7 millones de pesos. Se trata de la subejecución del presupuesto más alta para el mismo período bajo el gobierno de Cambiemos. Al finalizar el primer semestre, la SPU no había pagado el 24,9 por ciento del gasto contabilizado (devengado) durante el período. En 2016, 700 millones de pesos del presupuesto asignado a las universidades quedaron sin ejecutar y en 2017 fueron 738 millones, alcanzando el nivel de ejecución más bajo de la última década.
El atraso en los pagos ha sido denunciado por los rectores de las universidades y afecta a todas las actividades, alcanzando niveles muy altos en Desarrollo de Proyectos Especiales (100 por ciento); el Programa Bec.Ar (93,7 por ciento), gastos para funcionamiento (73,3 por ciento); Investigación de los Docentes Universitarios (53,5 por ciento); y el Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5 por ciento).
“El informe muestra en números duros la profundización del proceso de desfinanciamiento del sistema universitario público que venimos denunciando desde 2016. Es una realidad que ya nadie puede negar, que se vive en las universidades con angustia y preocupación, y que exige hoy la acción unitaria y decidida de todos los sectores comprometidos con la defensa del derecho a la educación y al conocimiento para poner freno a esta política”, aseguró la directora del IEC, Yamile Socolovsky.
Ante este escenario, y en el marco de una negociación paritaria congelada desde abril en una oferta de un 15 por ciento en cuotas, todos los gremios docentes universitarios votaron el no inicio del segundo cuatrimestre. “Es determinante que a la movilización sindical y estudiantil se sumen todas las instituciones, en defensa propia y para honrar el compromiso que se acaba de reafirmar en la CRES 2018, que sostuvo que la educación superior es un derecho que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar, especialmente frente al embate destructivo del capital financiero y el avance de la mercantilización. No se trata solamente de nuestros salarios –agregó Socolovsky–, está en juego la defensa de uno de los factores fundamentales para el desarrollo soberano y la justicia social.”
Informe: Inés Fornassero.
La subejecución de los gastos de funcionamiento
(Devengado y pagado en % del crédito anual)
