La implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC avanza aún con las dificultades logísticas obvias de organizar a miles de guerrilleros para su desmovilización, aseguró el presidente Juan Manuel Santos, que prometió esfuerzos en pos de cumplir el plan de dejación de armas en los tiempos previstos.
“A pesar de dificultades que son propias de procesos tan complejos, esos trabajos avanzan”, destacó Santos tras recorrer la sede de la Misión de Monitoreo y Verficación (MM&V) del alto el fuego en la zona veredal transitoria de normalización en La Guajira, en el departamento del Meta.
En ese punto, el más grande de los 26 lugares en los que se reunirán los guerrilleros como paso previo para dejar las armas y su desmovilización, Santos afirmó que los retrasos logísticos que impidieron la llegada de los miembros de las FARC a los campamentos en los plazos inicialmente previstos no deben alterar el periodo de 180 días para su dejación de armas y desmovilización.
“Me han preguntado también si se va a retrasar el cronograma. Vamos a tratar de cumplir el cronograma de dejación de armas; eso es una decisión que tomamos las dos partes”, aseguró después de reunirse con alcaldes y líderes comunales de Mesetas, Vista Hermosa y Uribe para escuchar sus planteos, consignaron diarios de Bogotá.
Esos tres municipios, junto con La Macarena y San Vicente del Caguán, este último en el vecino departamento del Caquetá, fueron parte de la zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en las que el entonces presidente Andrés Pastrana negoció entre 1998 y 2002 con las FARC.
Santos reconoció que “sí ha habido retrasos, sí ha habido problemas” porque se trata de “una operación logística muy compleja”, pero todos “se están resolviendo para poder despejar el camino” hacia la paz, y destacó que “los ojos del país y del mundo están puestos en este momento, que es un momento esperanzador, en esto”.
El presidente, estuvo acompañado por la canciller María Ángela Holguín; el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, entre otros.
El jefe de Estado explicó que cada uno de los 26 lugares donde se reunirán los guerrilleros tiene una extensión media de 11 kilómetros cuadrados, y que todas esas zonas juntas no suman más de 300 kilómetros cuadrados, casi nada en comparación con los 42.000 que tuvo la zona de El Caguán en el proceso de paz anterior.
La visita del mandatario se dio en momentos en que las zonas transitorias para las FARC son motivo de polémica en el país no solo por los atrasos en las obras, sino por el incidente con tres observadores internacionales de la ONU que fueron grabados bailando con guerrilleras durante una fiesta de Año Nuevo.
Por esto, la Misión de la ONU en Colombia anunció ayer la separación de su servicio de “tres observadores presentes en la ocasión y a su supervisor directo”, y también el Bloque Martín Caballero de las FARC anunció que retira su componente del Mecanismo Tripartito.
“Decidimos retirar nuestro componente del mecanismo de Monitoreo y Verificación local de Conejo hasta tanto el mecanismo tripartito envíe una delegación de alto nivel con capacidad de decisión, que clarifique y corrija el retiro del personal de la ONU”, aseguró la insurgencia en un comunicado.
Para las FARC, la ONU “deja en dos patas” el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación porque “genera un alto riesgo de seguridad” para los guerrilleros y las comunidades aledañas al campamento.
“Respetamos la autonomía de la ONU en la toma de decisiones, aunque consideramos apresurada e inconveniente su determinación de retirar a sus veedores, sin tener en cuenta que este tipo de decisiones no pueden tomarse de manera unilateral, por tratarse de un mecanismo tripartito”, añadió el comunicado.