Un juez del distrito de San Diego, Estados Unidos, suspendió ayer las deportaciones de las familias de indocumentados recientemente reunidas tras ser separadas por las autoridades al cruzar la frontera. Dana Sabraw, el juez federal que ordenó la entrega de hasta 3.000 niños a sus familias antes del 26 de julio, respondió a un recurso de amparo de la ONG Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en el que manifestaba preocupación sobre supuestos planes del gobierno para expulsar del país a estas familias sin el debido proceso. El Departamento de Justicia (DoJ) tiene hasta el 23 de julio para responder a esta demanda.

En el recurso de amparo, ACLU apuntó a “los crecientes y persistentes rumores que las deportaciones podrían llevarse a cabo inminentemente e inmediatamente después de las reunificaciones”. La ONG defiende que, tras la reunión con sus hijos, los padres precisan de tiempo para decidir si solicitan asilo en EE.UU.

ACLU, una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país, fue quien demandó a la administración por las separaciones y logró que el juez Sabraw ordenara en junio la reunificación de los niños separados de sus padres. Se estima que entre 2.500 y 3.000 niños fueron separados del adulto con el cruzaron ilegalmente la frontera, como parte de una política llamada de tolerancia cero impulsada por el presidente Donald Trump, quien llegó al poder con un severo discurso anti-inmigrantes. “El juez una vez más dejó claro que el gobierno tomó a esos niños inconstitucionalmente y ahora debe hacer todo lo que está en su poder para reunirlos de manera segura y antes del plazo”, dijo Lee Gelernt del Proyecto para los derechos de los inmigrantes de ACLU, en un comunicado.

Sabraw ordenó que todos los menores de cinco años debían ser devueltos con sus familias para el 10 de julio y dio plazo hasta el 26 del mismo mes para que todos los mayores de esa edad fueran retornados. Sin embargo, el plazo dado para reunir a los que tenían menos de cinco años -103 en total- se cumplió el martes pasado sin que la administración llegara a hacerlo a tiempo por, según alegó, no contar con el tiempo preciso para verificar el parentesco y asegurar que los padres no suponen un peligro para los menores. 

El gobierno aseguró el jueves pasado que reunió con su familia a todos los menores de cinco años que eran “elegibles” de ser devueltos. De los 103 niños menores de cinco años contemplados por la orden judicial, 57 fueron devueltos con sus padres por cumplir con los requisitos establecidos por la ley, en tanto 46 fueron considerados “inelegibles”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre los 46 que aún siguen bajo la égida del gobierno, 22 permanecen bajo su protección por problemas de seguridad de los adultos involucrados -11 tienen antecedentes penales graves de asesinato, crueldad infantil, tráfico de personas o violencia doméstica- y 24 porque los adultos no reunían las condiciones para recibirlos. Las autoridades determinaron que siete adultos no eran los padres de los niños y que 12 padres ya habían sido deportados y debían ser contactados. Sabraw consideró esto último una realidad alarmante.

La mayoría de las familias separadas procede de Honduras, El Salvador y Guatemala, y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano. La separación se originó cuando el fiscal general dio orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera. Como la persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar más de 20 días, éstos fueron, entonces, separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.

Las separaciones generaron una ola de indignación con el Gobierno de Trump, al que se sumaron incluso la ONU y el papa Francisco, y el presidente de Estados Unidos acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que ordenó ponerles fin.

Trump no pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal de los indocumentados, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños pudieran estar en la prisión junto a sus progenitores. Pero una jueza federal de Los Ángeles le negó ese permiso.