El gobierno peruano promulgó un decreto legislativo que considera el odio por diversos factores, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género, como un agravante para calificar delitos. La medida fue celebrada por la comunidad LGBTI, y despertó críticas de grupos religiosos conservadores. El Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski recurrió al decreto legislativo después de que el Congreso fracasara en otros períodos en su intento por incluir el odio por orientación sexual o identidad de género como agravante. La norma también alcanza, entre otros, casos de odio por “identidad étnica o cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria”.