El traslado forzado de 16 jóvenes correntinos para oficiar de testigos de un operativo antinarcos a 250 kilómetros de sus casas, en Goya, realizado por la policía de Santa Fe, podría derivar en una imputación para el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, por intentar interceder en defensa de sus coprovincianos. El juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, el mismo que ordenó el operativo, pidió que se investigue si Colombi cometió delitos de acción pública al demorar al jefe del procedimiento, comisario José Moyano, mientras se realizaban allanamientos y detenciones de presuntos narcotraficantes. La presentación en la fiscalía federal de Reconquista, que podría agravar un conflicto interprovincial, recayó en el fiscal Bruno Ojeda.

Los hechos ocurrieron el 21 de diciembre último en el marco del denominado “operativo ciudades hermanas”. Un grupo de efectivos de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe, por orden de Alurralde, interceptó a 16 jóvenes en la costanera de Corrientes y los trasladó hasta Goya, donde debieron actuar como testigos. El operativo incluyó siete allanamientos en los que se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y armas, y se detuvo a diez personas. Mientras se realizaba un procedimiento en el domicilio de Javier Oscar “Cabeza” López, sindicado como importante proveedor de drogas en el norte de Santa Fe, Colombi se presentó en el lugar y ordenó demorar al jefe del procedimiento argumentando que había privado de la libertad a los jóvenes correntinos.

El gobernador explicó luego que no cuestionaba el proceso sino los “métodos” de Moyano y la “barbaridad” de ordenar una redada en la costanera de Corrientes para interceptar testigos de un operativo a 250 kilómetros, según publicó la edición de Rosario de PáginaI12. Colombi criticó la “rudeza” de los policías santafecinos porque al pedir “explicaciones” por el operativo uno le cruzó una escopeta en el pecho. “Hubo un exceso, una extralimitación en las actuaciones. Lo que hicieron deja mucho que desear”, afirmó el mandatario, que además recibió a los padres de los jóvenes, quienes le pidieron que se investigue una probable “privación ilegítima de la libertad”. “El comisario Moyano no quería identificarse, no quería mostrar el exhorto, no entiendo por qué, si ya tenían rodeadas la zona, ya tenían el objetivo”, reveló en la misma línea el jefe de la Unidad Regional II de Goya, Héctor Montiel. “Hasta el mismo gobernador se presentó y fue maltratado, se le faltó el respeto”, señaló.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, salió en cambio en defensa de la policía. Moyano actuó “en el marco de un procedimiento ordenado por el juez de Reconquista”, recordó. “Una fuerza de una provincia no puede actuar en el territorio de otra salvo que tenga una orden de un juez federal, como ocurrió en este caso”, dijo. “Quizás sorprendió en Goya la aparición de la Policía de Santa Fe, pero es habitual que en los allanamientos no se den avisos porque muchas veces esos avisos se filtran y los operativos fracasan. Normalmente, son sorpresivos”, explicó. “Quizás eso generó este problema porque desde el primer momento no se entendió, se lo tomó mal y se reaccionó de una manera no adecuada, pero en el momento en que bajen los decibeles y las tensiones va a quedar claro que no hubo ninguna mala intención ni interés en perjudicar a Corrientes “, agregó. Cuando los periodistas le preguntaron por qué se buscó testigos a 250 kilómetros del operativo, el funcionario respondió que “eso lo tendrá que responder el jefe del operativo y el juez que lo dispuso”. “Habrá que revistar este tipo de acciones”, admitió.

La nueva decisión del juez Alurralde parece ir en sentido contrario. Lejos de “bajar los decibeles”, el magistrado responsable del operativo y del traslado de los testigos ordenó investigar a Colombi por “un posible delito de acción pública frente a un suceso de dominio público”. La investigación derivada en la fiscalía de Reconquista deberá incluir al jefe policial correntino que ejecutó la orden de detención de Moyano, invocando según el juez la orden del gobernador. “Cumplí con mi deber” al ordenar la apertura de la investigación, aseguró ayer Alurralde, y agregó que la causa se desarrollará “guste o no, caiga quien caiga”.