La Iglesia Católica salió críticamente al cruce del proyecto del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad a menores. A través de un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, la Conferencia Episcopal Argentina reclama no convertir a los chicos en “enemigos sociales”. Allí advierten que “no pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos”, ante el “fracaso” del propio Estado y la sociedad de “no garantizar el cumplimiento” del sistema de “protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. El documento también reproduce la opinión que el papa Francisco vertió en el mismo sentido cuando aún era cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, así como una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde establece que “los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño”.
“Cada chico marginado, abandonado o en situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y de la salud, y que puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones. Estas situaciones reclaman una respuesta inmediata, pero no solamente de la mano del derecho penal”, dice uno de los párrafos del documento redactado por la comisión episcopal que coordina el sacerdote José María “Pepe” Di Paola frente a “la intención del Ejecutivo de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años”.
“Se reaviva así un debate sobre el límite establecido legalmente, por debajo del cual el Estado no puede aplicar una pena. Dicho debate no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas. No puede centrarse solamente en la persecución estatal -a través del derecho penal- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”, agrega el documento.
Los sacerdotes que integran la comisión que depende del Episcopado, juzgan que “no pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado nacional, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)”.
El documento reproduce parte de la carta que el entonces cardenal Jorge Bergoglio leía a los jóvenes en la peregrinación juvenil a Luján en octubre de 2005. Allí, Bergoglio decía que “…los datos de la realidad nos señalan que la mayoría de nuestros niños son pobres y que alrededor del 50 por ciento de los pobres son niños”. (…) “Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes -continuaba- aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización”.
Los sacerdotes también recuerdan que en el anexo de dicha carta Bergoglio agregó que: “Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados. Esto queda demostrado ya que ocho de cada diez presos adultos pasaron por Institutos de Menores. Es preocupante además que mientras cuatro de cada diez chicos ingresan por causas penales, el resto ingresa por causas asistenciales, porque su familia no puede hacerse cargo de ellos o porque son víctimas de violencia”.
Además de repasar la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, la comisión episcopal recuerda que “la baja de punibilidad ya ha sido tratada por el Estado nacional en el informe SENAF-UNICEF 2015 y que el mismo año el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, firmó el Acta Compromiso -”Acta Declaración contenidos mínimos de una nueva ley penal juvenil”-, donde se afirmó que una nueva ley penal juvenil “…debería establecer, como mínimo, las siguientes normas: La edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en protección de los derechos del niño puedan adoptarse”.
“No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi ‘enemigos sociales’. No podemos mirar solamente la ‘fotografía’ del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la ‘película de su vida’ para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”, concluye el documento de la Iglesia Católica.
