La aceleración en la inflación incrementa la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la política económica. Aumentos de precios por encima del 29 por ciento al finalizar 2018 obligan a “consultar” con los técnicos del organismo multilateral los pasos a seguir. La condicionalidad forma parte del programa impulsado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne. “Si la tasa de inflación para los últimos doce meses rompe la banda interior, se desencadenará una consulta con el staff sobre la respuesta de política apropiada”, explica el documento interno del FMI elaborado para que su directorio evaluara el caso argentino antes de aprobar el auxilio financiero de 50 mil millones de dólares. El Fondo sugiere en su informe complementar la receta del ajuste monetario tradicional limitando los aumentos salariales en el sector público. 

Después de abandonar la meta de inflación del 15 por ciento para este año, las autoridades argentinas indicaron en su Memorando de Política Económica y Monetaria que los precios pueden llegar a escalar hasta 32 por ciento en 2018. El Indec informó ayer que los precios escalaron 3,7 por ciento en junio. La cifra representa una escalada del 29,5 por ciento interanual. Si persisten esos niveles hasta fin de año, los funcionarios del Palacio de Hacienda y el Banco Central deberán pedir permiso al FMI para responder ya que se habrá superado la banda interior del 29 por ciento. Los datos oficiales muestran que durante el primer semestre los precios subieron un 16 por ciento. 

Las restricciones para la autonomía serán incluso mayores si esa dinámica se replica a lo largo de la segunda mitad del año. En el caso de que la inflación supere este año el 32 por ciento, el techo de precios previsto en el programa stand-by, las autoridades argentinas deberán validar sus instrumentos antiinflacionarios con el Directorio Ejecutivo del FMI para habilitar nuevos desembolsos del organismo. “Si la banda exterior es superada, las autoridades deberán completar una consulta sobre su propuesta de respuesta de política antes de ser elegibles para nuevos desembolsos bajo el programa”, sostiene el documento difundido el viernes pasado. 

“El Banco Central se ha comprometido a no relajar la política monetaria hasta que existan señales claras de una disminución en las expectativas inflacionarias para fin de 2019 y en los resultados inflacionarios interanuales”, explica el Staff Report al referirse al ajuste monetario comprometido por el gobierno argentino. Los instrumentos sugeridos por el FMI para disciplinar los precios internos, sin embargo, van más allá de un incremento sostenido en las tasas de interés. “Será importante que el gobierno apunte a asegurar que, durante la duración del programa, las paritarias en el sector público se mantengan en línea con los objetivos inflacionarios del gobierno”, sostiene el documento al sugerir la fijación de un techo para los acuerdos salariales de los trabajadores estatales hasta 2021. 

El 32 por ciento es el techo oficial para la inflación anual mientras que el piso es 22 por ciento. Con ese sendero, las autoridades esperan que el IPC marque 27 por ciento al terminar el año. “Si bien lamentamos volver a reajustar nuestras metas de acuerdo a un sendero más alto de inflación, este cambio es inevitable dada la volatilidad del mercado financiero que Argentina ha experimentado y el impulso inflacionario en curso tras la reciente depreciación del peso y los aumentos en los precios mundiales de la energía”, sostiene el texto remitido al FMI hace un mes. A contramano del libreto repetido durante dos años por los economistas del gobierno, entre los factores que explican la aceleración en lo precios figuran la devaluación y la liberalización del precio de los combustibles.