La primera misión de revisión del Fondo Monetario Internacional no sólo evaluará el cumplimiento de las metas establecidas en el programa de ajuste y reformas sino que comenzará a diseñar un plan de crisis para el sistema bancario. Las tareas estarán a cargo de los técnicos del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI que llegarán al país en septiembre. Durante su visita trazarán la hoja de ruta para hacer frente a “potenciales” episodios de corridas bancarias y quiebras de entidades. El informe interno del organismo multilateral revela que su staff elaborará “una estrategia contingente en el caso de que existan tensiones significativas de liquidez (por ejemplo, por la salida de depósitos) o el deterioro de los balances por un incremento sustantivo de préstamos malos.
El documento del FMI abre el paraguas para remarcar que en la actualidad no se observan “señales materiales de tensiones en el sistema bancario, si bien existió una modesta rotación de depósitos en pesos hacia dólares, no hubo signos de una corrida”. Acto seguido, el organismo multilateral se autoincrimina. Los riesgos para el sistema que identifica al comienzo de su Staff Report están directamente asociados a las condicionalidades del crédito stand-by por hasta 50.000 millones de dólares a lo largo de los próximos tres años. “A pesar del punto de partida favorable para los bancos, es probable que las tasas de interés se mantengan elevadas por un tiempo y que la economía se ralentice. Esto presionará al alza a los préstamos en mora y limitará la provisión de nuevos créditos”, advierten los técnicos del Fondo.
El abordaje de los miembros del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital desplegado en la página 19 del informe tendrá dos objetivos. El primero será “evaluar la preparación de las autoridades para manejar las tensiones del sistema bancario”. Para eso, llevarán adelante una revisión de la normativa vigente para encauzar la quiebra de bancos. La segunda tarea para los técnicos del organismo encabezado por Christine Lagarde consiste en desarrollar “una estrategia contingente en el caso de que existan tensiones significativas de liquidez (por ejemplo, por la salida de depósitos) o el deterioro de los balances por un incremento sustantivo de préstamos malos”.
Desde 1995 el Banco Central estuvo involucrado en 37 liquidaciones de bancos. La última vez que se pusieron en marcha los mecanismos previstos en el artículo 35 bis de la ley de Entidades Financieras fue durante la quiebra del Banco Finansur. “Ya tenemos un plan de contingencia, siempre existen. La normativa vigente ofrece distintas herramientas para llevar adelante la liquidación de un banco que, más allá de las razones que llevaron a la quiebra de cada entidad, han funcionado para que los depositantes cobren”, explicaron desde el equipo económico a PáginaI12. Al intentar restar importancia a la visita de los “expertos” del FMI, la fuente oficial consultada por este diario remarcó que “el sistema bancario local y el esquema regulatorio ha superado todos los exámenes internacionales a los que ha sido sometido. La crisis internacional llevó a la reformulación de los esquemas de resolución de bancos para ordenar los procesos y evitar que se repitan algunas situaciones caóticas pero los cierto es que frente a episodios traumáticos de quiebras bancarias nuestra legislación funcionó sin inconvenientes. No tiene sentido modificar nuestra ley”.
El organismo encabezado por la francesa Christine Lagarde considera en su reporte interno sobre Argentina, sin embargo, que “existe un potencial para el deterioro de los balances bancarios y corporativos que podría necesitar abordarse dentro del marco del programa”. El último Informe sobre Bancos del BCRA mostró un incipiente incremento en el nivel de irregularidad del crédito al sector privado. La morosidad alcanzó en promedio al 2,1 por ciento en mayor. La cifra representó un alza de 0,1 puntos porcentuales frente a abril y una variación de la misma magnitud contra el mismo mes de 2017. “Los niveles actuales resultan moderados, tanto en relación al registro de los últimos 10 años (promedio de 2,2 por ciento), como en una comparación con los países de la región”, sostiene el documento del BCRA. El documento de la entidad que preside Luis Caputo cita datos del FMI para evaluar la morosidad crediticia en el resto de América del Sur: Brasil alcanza el 3,5 por ciento, Colombia y Perú llegan al 4,7 por ciento, Chile a 2 por ciento y Uruguay a 2,4 por ciento. En el “escenario adverso” previsto por el FMI para evaluar la economía argentina el sistema bancario pierde la totalidad de los depósitos en dólares (estimados por el organismo en torno a 7000 millones de dólares) junto a un retiro del 2 por ciento de los depósitos en pesos. “La magnitud del shock bancario sería similar a la experimentada por Argentina entre 2008 y 2011”, sostiene el Staff Report difundido el viernes pasado.
Después de la fallida intervención del FMI en Grecia, el organismo modificó los criterios para validar un crédito excepcional como el que solicitó Argentina. Además de evaluar aspectos técnicos, el organismo multilateral analiza la capacidad política de los gobiernos para implementar los programas de austeridad asociados a los créditos stand-by. Como los desembolsos ya comenzaron es evidente que Cambiemos pasó la prueba. Sin embargo, el Staff Report muestra que la administración de Mauricio Macri despierta dudas en el Fondo. “Existe una preocupación vinculada a la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las posibles medidas que necesitan ser aprobadas por el Congreso”, sostienen los técnicos del organismo al advertir que “construir un consenso social alrededor de los principales elementos del programa será crítico y desafiante, en particular a la luz de la historia de los préstamos del FMI a la Argentina”. El comentario concluye con un lamento. Si bien los técnicos consideran que existe un “compromiso en las autoridades de alto nivel para asociarse con el Fondo” advierten que “ya existen críticas domésticas significativas al involucramiento del FMI y esto va a presentar un desafío persistente a lo largo del curso del acuerdo”.
@tomaslukin