El Banco Central eliminó el tope que impedía comprar más de 2.500 dólares por ventanilla al mes pagando con pesos en efectivo, así quedó establecido en la Comunicación A 6137 emitida por la autoridad monetaria. De este modo, la entidad continúa avanzando en el desmantelamiento de todos los controles que estaban vigentes para la compra y venta de divisas. Por ahora, lo que sigue siendo necesario es la obligación del comprador de demostrar el origen legal de los pesos con los que está comprando dichos dólares, pero muchas veces los bancos no controlan que se cumpla esa exigencia.

Apenas asumió en su cargo en diciembre de 2015, el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, comenzó a desmontar los controles que había implementado el kirchnerismo. Entonces, se eliminó el requisito de validación y registración fiscal previa en el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para poder efectuar las transacciones y se resolvió que las personas físicas y jurídicas podrían comprar libremente moneda extranjera y otros activos externos por hasta 2 millones de dólares mensuales, como era antes de la entrada en vigencia del “cepo cambiario”.  

En mayo se introdujo otra flexibilización al elevar el monto máximo mensual de compra de dólares de 2 a 5 millones. El objetivo esgrimido por el Central fue “facilitar operaciones con el exterior y las transacciones cambiarias”. El próximo paso fue en agosto cuando la compra de divisas para atesoramiento dejó de tener montos máximos. En el Central aseguran que la apertura irrestricta de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos no genera riesgos de volatilidad cambiaria frente a una corrida por tensiones internas o internacionales, pero lo cierto es que con los límites previos la demanda potencial era conocida, puesto que había un límite mensual para cada habitante, mientras que luego de los cambios los individuos pasaron a no tener techo para la compra de divisas, en un sistema en el que el tipo de cambio es flexible, por lo que ante procesos de fuerte incertidumbre la cotización puede pegar saltos abruptos, impactando en el proceso inflacionario y en las decisiones de consumo e inversión, situación que es advertida como un factor de inestabilidad y propensión a la crisis por economistas de tendencia ortodoxa o heterodoxa.

Pese a las advertencias sobre la vulnerabilidad que generan estos cambios, en noviembre hubo una nueva flexibilización, en ese caso en la normativa que regula a las casas de cambio. Los bancos fueron autorizados a ser dueños de su propia casa de cambio, lo que tenían prohibido hasta el momento para evitar maniobras de lavado y operaciones opacas y muchas agencias financieras de menor tamaño, que en años anteriores tenían como principal negocio vender dólares en el mercado ilegal, fueron aceptadas en forma legal como oficinas de compra y venta de divisas.

A esta batería de medidas desreguladoras se les sumó ahora la flexibilización del límite que existía para las compras en efectivo. En la actualidad, existían montos máximos mensuales para esas operaciones: 2500 dólares para residentes y 10.000 dólares en caso de no residentes. Para cifras más elevadas, el banco estaba obligado a a acreditar o debitar los fondos derivados de operaciones cambiarias en cuentas a la vista de los clientes. Sin embargo, con esta nueva disposición del Central cualquier persona podría presentarse en un banco y una casa de cambio y comprar un millón de dólares o más, la única restricción es el derecho de admisión que pueda llegar a aplicarle el banco a quienes no son sus clientes.  

Todavía sigue vigente la obligación de demostrar el origen de los fondos, pero diversas investigaciones llevadas adelante por la Unidad de Información Financiera (UIF) en los últimos años relevaron que, antes de la entrada en vigencia de las restricciones cambiarias, si bien los bancos tenían la obligación de controlar cuál era el origen de los fondos en los hechos eso no ocurría. Por ejemplo, en febrero de 2010 la UIF le aplicó una multa de 4,5 millones de pesos al Banco Galicia y dos de sus empleados por no haber informado operaciones sospechosas de lavado de activos protagonizada por un cliente de la entidad que compró dólares por 2,2 millones de pesos entre 2003 y 2007, pese a no tener ingresos que lo justificaran.