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María Eugenia Vidal no pudo soportar la tormenta que provocó ella misma y un rayo se abatió sobre la casa de gobierno de La Plata: Vidal debió pedirle la renuncia a María Fernanda Inza, su recaudadora de campaña y flamante contadora general de la provincia de Buenos Aires. “Flamante” es una descripción literal, porque la designación de Inza salió publicada en el Boletín Oficial el martes 17 de julio. Del 17 a 18 pasó un solo día. Un récord.
Inza es nada menos que la tesorera del PRO bonaerense, que preside Vidal. Los vicepresidentes son el intendente de Vicente López Jorge Macri, primo del Presidente, y el intendente de Lanús Néstor Grindetti. El secretario general es Federico Salvai, jefe de Gabinete de la gobernadora. Contra ellas y ellos fue dirigida la denuncia penal por los presuntos delitos de lavado y usurpación de identidad, entre otras sospechas, presentada por la senadora de Unión Ciudadana María Teresa García.
El jueves Vidal desestimó la denuncia por “kirchnerista”. Pero no dijo que fuera mentira. Su insistencia reveló la apuesta en favor de Inza. La denuncia con datos recogidos de la investigación del periodista Juan Amorín llegó a la Justicia el 4 de julio. El 5, incluso sabiendo que ya existía una demanda que seguramente daría lugar a una pesquisa, la gobernadora anunció que quería a Inza en la Contaduría General.
Después de la investigación inicial de Amorín muchos supuestos aportantes empezaron una cascada de desmentidas y algunos medios, entre ellos PáginaI12, encararon su propia línea de pesquisa. El viernes 13 de julio Inza fue la protagonista de la tapa de este diario con el título de “Vidal puso la trucha”.
Antecedentes
La confianza de la gobernadora en esta contadora nacida en 1971 tenía antecedentes. Inza venía de ser funcionaria en el gobierno porteño y de pertenecer al equipo del secretario de Legal y Técnica de Mauricio Macri, el poderoso Pablo Clusellas.
En la provincia de Buenos Aires era mano derecha de Vidal como secretaria de Legal y Técnica y pasaría a ser su mano derecha como contadora general. ¿Por qué cambiarla de sitio? Entre los dos cargos la diferencia es la legitimidad de origen y la duración. Un secretario, igual que un ministro o el propio jefe de Gabinete, está a tiro de decreto de quien gobierne. De Vidal o de quien la suceda. La Contaduría General, en cambio, es uno de los cargos contemplados en la Constitución provincial. Dura cuatro años, es decir que el mandato se extendería más allá del fin del mandato de Vidal, el 10 de diciembre de 2019. Requiere la aprobación previa del Senado y puede ser renovado por otros cuatro. La de Inza era, hasta ayer, la segunda designación más importante después de la Julio Conte Grand, el procurador nombrado por Vidal. Un cargo que, salvo irregularidades que justifiquen la remoción por parte del Congreso, no tiene plazo.
Manejo
Quizás como una forma de defenderse a sí misma, y de paso para funcionar de pararrayos para que ninguna descarga tocara a Macri, dijo Vidal en La Plata durante una conferencia de prensa que convocó antes de la rueda presidencial: “Ella formó parte del equipo de rendición de campaña, pero más allá de eso hace muchos años que trabajo conmigo, la conozco, confío en ella y no tengo elementos que demuestren su involucramiento en este caso”. Y agregó: “Haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todos lo mismo”.
En realidad Inza hizo algo más que la rendición. Fue la encargada del manejo del dinero. Un puesto aún más relevante si se tiene en cuenta que, como afirmó a este diario Osvaldo Marasco, candidato a intendente de Ituzaingó por Cambiemos en 2015, “María Eugenia nunca toca plata ella misma”. Marasco mencionó que el año de su candidatura jugó un papel clave Jorge Macri, armador del PRO en la provincia de Buenos Aires y postulante a la gobernación antes de que Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y Jaime Durán Barba apostaran a Vidal, entonces vicejefa del gobierno porteño.
Marasco informó, y nadie lo desmintió hasta el momento, que el dinero venía de grandes empresas, entre ellas laboratorios de medicamentos. El dinero presentado en las rendiciones y el dinero no presentado en ellas. Como las sumas eran mayores a las que serían declaradas, los encargados de la campaña buscaron nombres para que aparecieran como aportantes.
Un nivel de esos nombres abarcó beneficiarios de planes sociales.
Otro nivel alcanzó a personas de clase media, como directoras de escuela.
El tercer nivel, el más alto, fue el de los intendentes, candidatos, concejales y consejeros escolares. En este caso los nombres aparecen en las listas asociados a sumas que van de los 15 mil a los 50 mil pesos.
Marasco estaba en el tercer nivel. No revista más en Cambiemos, pero sí continúa en el frente conservador Carlos Arroyo, el intendente de Mar del Plata, uno de los que desmintió haber aportado dinero alguno.
Asociación
La gobernadora no tiene problemas aritméticos en el Senado. Pudo dar instrucciones a su bloque para que votase la terna que incluyera a Inza y lo consiguió. Sobre 46 senadores Cambiemos tiene 29, Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria 11, cuatro son de PJ-Unidad y Renovación 4 y dos del Frente Renovador 2. Los cuatro del PJ responden a los intendentes. Los peronistas votaron todos juntos, algo que no sucede siempre. A veces la aritmética sirve para ganar votaciones pero opaca fenómenos como la pérdida de apoyos propios o la mayor distancia de fuerzas ajenas.
Como vocero de la oposición, el senador Gustavo Traverso, de Junín, dijo en el recinto la semana pasada: “Ante la posibilidad de que la Justicia tome cartas en el asunto, cosa que debería hacer por la cantidad de testimonios, y ante la eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos de entre seis meses y diez años, nos preocupa que forme parte de la terna”.
Este diario publicó el domingo 8 de julio una entrevista con un concejal de Avellaneda que perteneció 14 años al PRO, Roberto Daniel García. Contó García que la actual senadora Gladys González solía hablar con los candidatos. Los dirigentes del PRO a nivel provincial primero pedían aportes en dinero y, si la respuesta era negativa, solicitaban que el candidato pusiera al menos el nombre para justificar el dinero que llegaba de otro lado. “Era una estafa”, fue la calificación de García.
Las denuncias se completaron con una demanda presentada por la diputada provincial Florencia Saintout. Según ella, los hechos “nos llevan a las puertas de la figura de asociación ilícita” porque se originarían en “una estructura partidaria que se organiza a partir de jerarquías, jefaturas, funciones y roles concretos, que a su vez se ramifica en los 135 municipios de la provincia más grande y poblada del país”. Habría existido un “acuerdo de voluntades” para llevar adelante “el proceso electoral, la recepción de aportes, la administración económica de la campaña y la ulterior tarea de rendición de cuentas ante las respectivas autoridades de la justicia electoral”. También cuestiona la designación por parte de Inza, en 2015, de su tía abuela “como responsable económico-financiera” a pesar de ser “una mujer octogenario y sin conocimientos técnicos reconocidos” (ver página 4).
