Desde Santa Fe.
El fiscal federal Jorge Onel pidió el juicio oral y público del líder de Apropol, Alberto Martínez, y de tres de sus seguidores: Francisco Javier Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani en la causa que investiga el alzamiento policial de diciembre de 2013. A Martínez lo acusó por presunta “instigación a cometer delitos” y “coacciones agravadas” al ex gobernador Antonio Bonfatti y a los otros tres –que en esa época operaban como sargentos en actividad- por supuesta “sedición”. Onel firmó el requerimiento de elevación a juicio en línea con un fallo clave de la Cámara Federal de Rosario de mayo de 2017, que revocó el sobreseimiento de Martínez por las amenazas a Bonfatti, confirmó los demás cargos y ordenó identificar a “todos los participantes” de los piquetes policiales que bloquearon –por aquellos días- la Unidad Regional I de La Capital, mientras “portaban el arma reglamentaria”.
El mentor de la investigación fue el fiscal federal Walter Rodríguez, quien desde el arranque, cuando pidió la indagatoria de Martínez y sus colegas, en febrero de 2014, planteó que “el movimiento sedicioso” en la Policía y las “coacciones” al ex gobernador formaban parte de los misma trama. Sin embargo, siguió un debate sobre la competencia y la unificación de las causas que recién se saldó casi cinco años después.
Ya en febrero de 2014, el juez federal Reinaldo Rodríguez se declaró incompetente para investigar el alzamiento policial, que tuvo conatos en el país. Y lo mismo hizo en marzo, en el caso de las amenazas a Bonfatti. El primer incidente se resolvió en marzo de 2016 en la Cámara Federal de Casación Penal que en un fallo unánime de los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, declaró la “competencia” del Juzgado Federal de Santa Fe y pidió “celeridad” en la investigación.
El segundo incidente, por las amenazas a Bonfatti, lo tuvo que resolver la Corte Suprema de la Nación, en mayo de 2015, cuando devolvió la causa al mismo juez que se había desligado. Es otra sentencia unánime del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y sus colegas Elena Higthon de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que remite al dictamen del entonces procurador de la Corte, Eduardo Casal: “Los mensajes (de Martínez) dirigidos al gobernador, por su contexto, inspiración y propósito no parecen ser fácilmente desligados de las otras conductas" que investiga la justicia federal ante "la afectación cierta de la seguridad nacional debido a los alzamientos simultáneos de las fuerzas de seguridad de varias provincias”.
En agosto de 2015, ya unificadas las causas y sin planteos de competencia, el juez Rodríguez desligó a Martínez de uno de los cargos: dispuso su “sobreseimiento” por las presuntas “coacciones agravadas” a Bonfatti y lo procesó como supuesto “instigador” del delito de “sedición” que también imputó a Abasto, Patiño y Pagani. El fiscal Rodríguez apeló, y recién en mayo de 2017, la Cámara Federal de Rosario revocó el “sobreseimiento” de Martinez y confirmó los demás cargos a los cuatro imputados. Aquella sentencia alentó al fiscal Onel para que esta semana pidiera el juicio oral a los cuatro imputados.
El fallo de la Cámara Federal de Rosario coinciden con el fiscal Rodríguez que la “rebelión policial” y las amenazas a Bonfatti son parte de la misma secuencia. En el primer voto, el camarista Fernando Barbará dijo que “la conducta de Martínez superó el ámbito del reclamo legítimo para ingresar en terreno delictivo, con llamados a la insubordinación policial, a la paralización del servicio, instigando acciones sediciosas que perseguían propagar una inacción que provocara una situación caótica que afectara la seguridad de la población civil" y obligara "al gobernador a ceder a los reclamos”.
“Los hechos que ocurrían en la provincia a raíz de la rebelión policial” completaron “el sentido amenazante de los mensajes al titular del Poder Ejecutivo.
