El intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco (UCR-Cambiemos), procesado bajo la acusación de ser “financiador/adquirente” de la cocaína que comercializaba una banda de narcotraficantes, sigue sorprendiendo a propios y extraños por sus actitudes. Mientras continúa aferrado a su cargo, a pesar de los pedidos del PRO –y de la oposición– para que se tome una licencia y de la suspensión como afiliado que le aplicó el Comité Nacional de la UCR, el jefe comunal firmó un decreto por el cual se prohíbe el ingreso a la administración de personas que tengan “antecedentes penales”. Frente a algunas ironías periodísticas sobre el tema, el fiscal de Estado municipal, Francisco “Panchi” Avero, negó que la medida tenga por finalidad quitarse de encima a los 33 allegados al jefe narco detenido Daniel “Tavi” Celis que ingresaron a la administración con el aval de Varisco. El fiscal,  responsable de la campaña de pasacalles y afiches apoyando al intendente procesado, sostuvo que el decreto sólo es para lograr “una mejor calidad de personal dentro de la Municipalidad”.

El decreto 1110 firmado por Varisco cita el artículo tercero, inciso “F” de la ordenanza 4220, que establece expresamente que “para ingresar a la administración municipal los interesados deberán ‘poseer condiciones de moralidad y buena conducta’, lo que será acreditado con certificados de autoridad competente”. Por esas razones, la Dirección de Personal “no autorizará o visará ningún nombramiento (...) si el empleado u obrero no se encuadra o llena los requisitos establecidos”. 

Uno de los puntos “ineludibles” tanto para los contratados o los que se incorporen a la planta permanente será la presentación “del respectivo certificado de reincidencia, de la ausencia de antecedentes penales, extendido por el Registro Nacional de Reincidencia”. En la parte resolutiva se dispone, en suma, que para el ingreso a la Municipalidad de Paraná, en cualquier tipo de contratación, los interesados deberán acreditar “la ausencia de antecedentes penales”. A partir de la difusión pública del decreto, en Paraná surgieron comentarios, en la prensa y en la calle, que llevaron a la intervención del fiscal de Estado, Panchi Avero, a negar que se trate de una maniobra para terminar de despedir a los últimos de los 33 allegados a “Tavi” Celis que ingresaron a la Unidad Municipal 2 desde la asunción de Varisco. Ese dato figura en el auto de procesamiento del intendente y de los demás involucrados en el acopio y distribución de cocaína que se hacía desde esa dependencia, de acuerdo con el fallo del juez federal Leandro Ríos.

En la acusación, el magistrado señaló la existencia de un “acuerdo político” entre Varisco y Celis, durante la campaña electoral de 2015, que le permitió al entonces candidato a intendente el ingreso a los barrios del oeste de Paraná, donde el jefe narco se movía a sus anchas. Entre los allegados a Celis que ingresaron desde diciembre de 2015, cuando asumió Varisco, figura María Fernanda Orundés Ayala, una de las dos mujeres que siguen manteniendo un vínculo sentimental con Daniel “Tavi” Celis. En el fallo del juez Ríos, el intendente Varisco cumplió con el compromiso asumido y llevó a la plantilla estatal a 33 personas “de estrecha confianza” de Celis. Por eso se piensa que el decreto apunta a despedir a los amigos de “Tavi” que siguen en libertad y trabajando en el municipio. 

Hasta ahora, ni en la causa, ni en sus declaraciones públicas, Varisco pudo dar una respuesta para contrarrestar la acusación judicial que dice claramente que esos nombramientos hicieron posible que la organización delictiva liderada por Celis “dominara de facto los anhelados recursos materiales y humanos” de la Unidad Municipal 2, que quedó afectada “clandestinamente al tráfico de estupefacientes”. En declaraciones ante las cámaras de televisión de medios nacionales, Varisco admitió que “a los que colaboraron en la campaña de ese grupo vecinalista (de ese modo llamó al Movimiento Vecinalista del Oeste, creado por Celis como pantalla política), a algunos que luego reclamaron puestos de trabajo, tanto de programas sociales como en la municipalidad, los ayudamos”. 

Se limitó a señalar que las incorporaciones al plantel municipal no se hicieron “por indicaciones” de nadie, es decir de Celis, como señaló el juez Ríos en el acta de procesamiento. El fiscal Francisco Avero, además de afirmar que con el decreto sólo se busca “tener una mejor calidad de personal”, señaló que se trataba de “una idea que veníamos charlando desde antes de asumir” en la intendencia y que “por distintas cuestiones se fue pasando y el decreto terminó saliendo ahora”.