Con una nueva denuncia, el juzgado federal de La Plata ya tiene también material para investigar aportantes truchos a la campaña presidencial de Cambiemos de 2015. Se trata de ex candidatos a intendencias, a concejales y consejeros escolares, en algunos casos sus listas enteras, que aseguran no haber puesto ni un peso pero figuran como donantes privados. Hasta ahora el expediente estuvo focalizado en hallazgo de más de 1000 aportantes fantasma, cuyos nombres fueron utilizados para justificar y disimular el origen del dinero usado por la alianza gobernante en la campaña de 2017 al menos en la provincia de Buenos Aires. En este último caso, se trata de beneficiarios de planes sociales (Ellas Hacen y Argentina Trabaja) y monotributistas sociales, muchos de los cuales incluso aparecieron afiliados al PRO sin su consentimiento. En el fondo, se trata de mecanismos similares con idéntica finalidad, que pueden contener un amplio abanico de delitos y violaciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.
“Surge claramente que en las elecciones 2015 y 2017 se ha desa- rrollado una metodología sistemática a efectos de financiar las campañas de manera ilegal”, “justificando el ingreso de fondos cuyo origen desconoce”, dice la nueva denuncia de la diputada Florencia Saintout (Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria) en el juzgado de Ernesto Kreplak. Allí tramita la investigación sobre aportantes a la campaña legislativa de Cambiemos del año pasado, impulsada por la senadora María Teresa García. La presentación de ayer señala una presunta violación a la ley de Financiamiento (26.215) y los delitos de asociación ilícita, violación de secretos, estafas y defraudaciones y falsificación de documentos. Las personas a las que apunta son las que ya figuraban en la causa, pero esta vez en alusión al proceso electoral de 2015: María Eugenia Vidal, como responsable del PRO en la provincia, su jefe de gabinete, Federico Salvai, los intendentes Jorge Macri y Néstor Grindetti, el diputado César Torres, los supuestos responsables financieros de campaña Carla Silvia Chabán y Alfredo Irigoin, y la ahora ex contadora general de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, a quien la gobernadora echó apenas después de designarla, en un repentino cambio de estrategia frente al crecimiento del escándalo, que se originó con una investigación de Juan Amorín en El Destape y logró sortear el cerco mediático.
Inza, que fue secretaria Legal y Técnica de Vidal y –como tal– de su total confianza, es señalada por la denuncia de Saintout como hilo conductor revelador de un modus operandi en que atraviesa el tiempo. En su papel de tesorera del PRO, en 2105 había nombrado a su tía abuela Armanda Inza como responsable económica-financiera de la campaña donde resultaron electos Mauricio Macri y también Vidal, pero la mujer admitió que no estaba al tanto de nada. La denuncia se basa en los relatos de más de una veintena de ex candidatos, funcionarios y adherentes a Cambiemos que se encontraron como aportantes en las listas de donaciones privada de 2015 pero aseguran que no pusieron nada. Uno de los casos que cita como ejemplo es el de Osvaldo Marasco, ex dirigente y candidato a intendente de Ituzaingó por Cambiemos, que aparece con un aporte de 50.000 pesos que aseguró públicamente no haber hecho. “Vidal conoce todo el movimiento”, aseguró Marasco y por esa razón sostuvo que le “causaba gracia escucharla decir” que irían “a la justicia”. “Esta chica conoce todos los pormenores de la campaña y las suciedades del PRO”, le dijo también a este diario. Saintout afirma que “se puede apreciar una primera porción en la cadena de responsabilidades en la que sus integrantes tenían conocimiento pleno sobre la manera en que se iban a realizar los aportes de campaña”.
Los aportes de campaña que aparecen a nombre de candidatos de 2015 oscilan entre los 10.000 y los 50.000 pesos. Surgieron casos descabellados como el de Silvia Moreno, una docente que fue candidata a concejal en General Villegas y figura con una entrega de 38.000 pesos. No es la única en esa situación. Villegas, además, es el primer lugar donde la gobernadora Vidal tuvo que hablar sobre el tema ante la pregunta de un periodista, e intentó desacreditar la denuncia con el argumento de que “es del kirchnerismo” (lo que tampoco es cierto) sin responder si era verdad o no. El escrito de la diputada enumera una larga lista de dirigentes que estuvieron alineados con Cambiemos y que se encontraron como aportantes en las listas, estatus que niegan. Algunos son Carlos Fernando Arroyo (General Pueyrredón), Julio Coñoen (Monte Hermoso), Leonardo Ruggiero (Necochea), Edgardo Mendoza, Edgardo Chaves y Ricardo Bayés (La Plata), Jorge Más (Pehuajó), Juan Carlos Morel (Tandil) Silvia Torigino (Pergamino), entre otros. El portal Diagonales detectó donantes fantasma en al menos 83 municipios bonaerenses. Hasta ayer a la noche seguían apareciendo falsos aportantes de la política, como un ex candidato a concejal suplente en Morón, Samuel Bondarczuk. “Vislumbré algo que podía ser diferente (en el PRO) –dijo– pero con el tiempo fue todo lo mismo.” Apuntó al ex marido de Vidal, el intendente Ramiro Tagliaferro.
El juzgado de Kreplak postergó las medidas de investigación para después de la feria judicial, pero recibe presentaciones. Por ejemplo, ayer se acercó un secretario judicial del fuero federal de Lomas de Zamora para denunciar que se había encontrado en la lista de aportantes sin haber puesto ni un centavo. Le tomaron declaración testimonial. La fiscalía recibirá el material de Saintout y seguramente se expedirá después de las vacaciones. Es factible que la semana próxima quien envíe el material recolectado sea el fiscal federal Jorge Di Lello, que inició una investigación preliminar como fiscal electoral cuando se conoció la primera tanda de 205 aportantes falsos de 2017 revelada por Amorín. Lo primero que corroboró Di Lello fue que, además de figurar con aportes de hasta 2500 pesos, un grupo de damnificados por esta maniobra también había sido afiliado al PRO sin su consentimiento. De una muestra al azar de 100 casos, 99 estaban afiliados. Además de tenían el denominador común de ser beneficiarios de planes sociales que viven en la pobreza. El fiscal aún no logró que la Anses y el Ministerio de Desarrollo social le envíen la información que solicitó para tener la documentación que acredita quienes cobran algún haber previsional, o son beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de planes. Una de las sospechas es que se tomaron esas bases de datos y se usaron identidades. En Comodoro Py, en otro juzgado, el de Sebastián Casanello se investiga posible lavado de dinero.
No está claro aún si en territorio platense el caso pasará a otro juzgado con competencia electoral. Los delitos planteados son múltiples y está en juego la ley de financiamiento que es más que clara en su artículo 63, donde dice: “el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económicofinanciero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos cuando: a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Este último punto es el que podría caberles a Vidal y equipo.
