Dos estudios presentados esta semana en el marco de las plenarias de comisiones del Senado confirman que lejos de suponer mayores costos, la legalización del aborto implica un uso más justo y eficiente de los recursos del sistema de salud. Los informes de la senadora Nancy González (FPV) y de la economista Sonia Tarragona derrumbaron las argumentaciones insostenibles de una extensa lista antiderechos de Cambiemos encabezada por el dúo los Alfredos Olmedo y De Angelis, las senadoras Alicia Terada y Miriam Boyadjian y hasta la vicepresidenta Gabriela Michetti, que intentó someter el proyecto a la Comisión de Presupuesto, desconsiderando el acceso a la salud como un derecho humano básico y que debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones.  

“Lamentablemente, la falta de datos oficiales dificulta la discusión y resulta funcional a quienes se oponen a la legalización del aborto en la Argentina”, explica González. “Es erróneo pensar que hoy el Estado no destina recursos a la atención de abortos y que eso cambiaría con la ley. Los hospitales públicos atienden alrededor de 50.000 pacientes que acuden con abortos por complicaciones a causa de la clandestinidad y la falta de información.”

 Su informe, “El costo del aborto inseguro”, con la colaboración de las médicas Analía Messina, Patricia Rosemberg y  Viviana Mazur, advierte que “garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito implicaría no sólo evitar la muerte de muchas mujeres, generalmente de jóvenes de bajos recursos, sino también la reducción del 43 por ciento de lo que destina el Estado principalmente a atender casos con complicaciones”. Si además hubiese producción pública de misoprostol, el presupuesto para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sería un 55 por ciento menor que lo que cuesta en la actualidad. “Quienes se oponen al proyecto no sólo avalan el millonario negocio de la clandestinidad sino también las muertes evitables.”

Al menos 43 mujeres mueren por año debido a abortos mal practicados, según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación.  “Con el aborto legal, seguro y gratuito no sólo podrían evitarse esas muertes sino también las 47.063 hospitalizaciones por abortos incompletos o mal realizados que suceden únicamente porque la práctica es ilegal y obliga a las mujeres a hacerlo en lugares inseguros y sin acceso a la información necesaria.” Si se sumaran los abortos que ya se practican y que por complicaciones terminan en el hospital más los abortos no punibles tratados con distintos métodos, se estima un costo de 1077 millones de pesos por año, de los cuales el 79 por ciento corresponde a los costos por abortos clandestinos que requirieron internaciones en hospitales públicos. 

La reducción de costos, asegura el documento, podría ser aún mayor con el cumplimiento efectivo de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Reproductiva, que ayudarían a reducir la cantidad de abortos por embarazos no deseado; con el ofrecimiento de métodos anticonceptivos de larga duración una vez que la persona acudió al sistema de salud, y utilizando la combinación adecuada de misoprostol y mifepristona -esta última no se produce ni se comercializa en la Argentina-, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. “El procedimiento sería no sólo más efectivo (95 por ciento de efectividad) sino también menos costoso.”

Durante la tercera reunión plenaria de comisiones del Senado de este martes, la  economista Sonia Tarragona, de la Asociación de Economía de la Salud, anunció que en la actualidad el sistema de salud en su conjunto -público, privado y de seguridad social- gasta entre 2,4 y 8,4 veces más que lo que gastaría si se decidiera avanzar en la legalización. Lo confirma la investigación “¿Cuánto le costará al sistema la legalización del aborto?”, elaborada junto con la economista Malena Monteverde, donde se sostiene que “las diferencias serían tremendamente superiores si se incluyeran además en los costos actuales los desembolsos de bolsillo destinados a contratar las prácticas en el circuito clandestino”.

También en este caso las cifras fueron calculadas por partida doble sobre un total de 300.000 y 500.000 casos anuales, ante el vacío de estadísticas oficiales en relación al número de abortos. Aun cuando se utilice la estimación más conservadora para el cálculo de los costos que demandan las complicaciones de los abortos inseguros, el mal llamado “gasto” será ostensiblemente menor. “El ahorro para el sistema de salud, de avanzar hacia la legalización, estará  entre los 3.658 y 4.394 millones de pesos por año si se registraran 300.000 abortos, y entre 6.096 y 7.323 millones de pesos si llegaran a 500.000 por año, si se optara por seguir las recomendaciones de la OMS para  la  interrupción segura del embarazo.” 

Por último, si se optara por aprobar el misoprostol y la mifepristona para la IVE o si se produjera en forma pública, “la introducción de competencia en el mercado de medicamentos conduciría a una significativa reducción de los precios de venta, acercándolos a los vigentes en otros mercados de la región, donde las normas son menos restrictivas”. La reducción de los precios del misoprostol en un 50 por ciento acercándolos a los vigentes en otros países (CLACLAI, 2017), permitiría un ahorro adicional de 501 millones de pesos o de 835 millones de pesos por año, según los dos parámetros establecidos.

“No existe ninguna posibilidad de pensar que hoy las mujeres que acceden a un aborto inseguro no se contactan con el sistema de salud”, dijo la economista sobre el final de su ponencia, tras señalar la irracionalidad de exhibir solamente los números de lo que le costaría al sistema el aborto legalizado para dejar de lado lo que hoy sucede. “Siempre, antes o después, mintiendo o no mintiendo, revelando el origen de su problema o no haciéndolo, la mujer se contacta con el sistema. Como conclusión está claro que el beneficio de la legalización estrictamente desde la perspectiva de los costos, es que el sistema ahorraría si nosotrxs hiciéramos legal la interrupción del embarazo.”