Con el brazo extendido, Vanesa Villegas señala una calle, una cancha de fútbol, una sede donde las mujeres hicieron talleres sobre violencia de género, y al fondo, su casa. Está parada sobre una montaña de tierra y a sus espaldas, de todo lo que ella señala, no queda nada. Hasta el 1º de junio en esas 11 hectáreas ubicadas en Juárez Celman -diez kilómetros al sur de la capital cordobesa- habían construido el barrio Parque Esperanza. Aquella madrugada, el juez Julio Guerrero Marín ejecutó la quinceava orden de desalojo y las 120 familias que vivían en el barrio fueron empujadas a la intemperie. 

“Nosotros miramos y no vemos un campo, vemos historias”, dice Vanesa. Es la referente barrial de la Cooperativa 12 de Junio, integrada en un 90 por ciento por mujeres jefas de hogar. Su nombre recorrió los medios locales cuando decidió subirse al techo de su casa -una de los pocas que era de loza, el resto era de chapa-, y allí parada con su hija en brazos pudo ver cómo ingresaban a las viviendas para desalojar a las familias. 

Aquel 1º de junio los vecinos manifestaron que el operativo fue realizado sin la orden judicial correspondiente. En ese sentido, el abogado Joaquín González presentó una denuncia  para que se investigue por qué se ejecutó el desalojo con una orden judicial que tenía fecha 30 de mayo, y el operativo se realizó el 1° de junio. 

Todavía era de noche cuando la policía de la provincia irrumpió en el barrio para sacar a la gente. Cerca del mediodía, cuando ya no quedaban personas dentro del predio, las topadoras comenzaron a demoler las viviendas. Después prendieron fuego las casas que eran de madera. Avanzaban hacia los alrededores del terreno para intimidar a la gente y así impedir que volvieran a acercarse a lo poco que quedaba de sus casas. Las agresiones hacia los vecinos fueron registradas por los legisladores que llegaron allí para repudiar la violencia del desalojo. Fuego, golpes, llantos, los niños en brazos de sus madres gritaban asustados. La capilla Nuestra Señora del Milagro de Salta, a una cuadra del predio, sirvió como refugio. Desde aquel día, más de 30 familias viven allí. 

LA DIGNIDAD

Reclaman una solución de fondo a la problemática de hábitat. Muchas de las familias que construyeron Parque Esperanza antes vivían en Ciudad de los Niños, un barrio frente a los terrenos. “Ante la problemática del hacinamiento los vecinos se organizaron para tomar las tierras. Ciudad de los Niños es un barrio que fue pensado para un determinado número de personas y hoy está totalmente colapsado: en un lote hay cuatro o cinco familias viviendo juntas”, explica Vanesa. En junio de 2014 las familias se organizaron para tomar los terrenos que pertenecen a Urbanor S.A. y estaban en desuso hace tiempo. Así conformaron la Cooperativa 12 de Junio.

Era una toma de tierras matriarcal. “El 90 por ciento de quienes integran la cooperativa son mujeres cabezas de familia. Es una decisión política. Queríamos que las mujeres se convirtieran en las titulares socias de esta cooperativa, para que fueran ellas quienes se pudieran quedar con esa casa. Si no, siempre es la mujer la que se tiene que ir del hogar cuando hay violencia de género. Si no puede irse tiene que seguir viviendo sometida, dependiendo económicamente del agresor. Acá pudimos tomar la decisión de empoderamiento, pudimos decir ‘es mi lugar, es mi casa, y es para mis hijos’. Creo que este barrio nos convierte en sujetas de decisión y no en objetos de nadie”, dice Vanesa, que siempre habla en presente, aunque el barrio que construyó junto a sus vecinos esté reducido al salón y el patio de la capilla donde conviven después del desalojo.

Viajó a Buenos Aires para presenciar la sesión en la que obtuvo media sanción la Ley de regularización dominial de villas y asentamientos precarios. Mientras estaban sentados en el palco mostraron carteles que decían “La dignidad no se desaloja, 120 familias resisten”. El proyecto de urbanización de barrios populares fue presentado en abril por dos parlamentarios cordobeses que responden a Cambiemos, los diputados nacionales Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO), junto a Elisa Carrió (Coalición Cívica). Parque Esperanza figura en el Registro Nacional de Barrios Populares. 

“Todos los barrios que aparecen en el Registro están abarcados por esa ley. Nosotros estamos relevados o sea que si el Estado hubiera querido darle una solución a las familias, no tendría por qué haber desalojado de manera tan violenta. Fue una decisión política para asustar a las otras tomas, un antecedente para que no tomen tierras porque si no les puede pasar lo que nos pasó con Parque Esperanza”, dice Vanesa. Asegura que Miriam Prunotto, la intendenta radical de Juárez Celman, nunca les ofreció asistencia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se comprometieron en adjudicar 33 terrenos para las familias desalojadas que aún están refugiadas en la Capilla. Según precisó a PáginaI12 el ministro Sergio Tocalli, serán entregados en forma definitiva. “Firmaremos un convenio de adjudicación. Falta definir cuál es el terreno y cuál es la familia que será adjudicataria. En caso de llegar a un acuerdo, en cuestión de días serán otorgados”, sostuvo el funcionario. Aún no está definida la ubicación exacta de los lotes que les entregarían. El abogado Joaquín González estima que los vecinos accederán a la propuesta hecha por el Gobierno. 

En paralelo, la Cooperativa 12 de Junio emitió un comunicado para informar que en la primera semana de agosto volverán a pedir en la Legislatura provincial el tratamiento del proyecto de expropiación de Barrio Parque Esperanza. “Vamos a luchar para que la Cooperativa tenga viabilidad en Juárez Celman. Para defender nuestro derecho a la comunidad, necesitamos mayor unidad, hoy la Emergencia es un pedazo de tierra”, expresaron.

Siete mujeres de la Cooperativa quisieron presentarse como querellantes en la causa que investiga la supuesta incongruencia de la orden de desalojo, pero el pedido fue denegado. “Luego de la feria judicial vamos a insistir con la iniciativa, incluso aportando más pruebas y señalando a los responsables de la ilegalidad”, sostuvo González. Además de perder sus viviendas en un reclamo frente a la Legislatura provincial que terminó con represión, a las mujeres de Parque Esperanza les arrebataron la bandera que usaron para marchar el 8M. Decía “Ni las mujeres ni la tierra son propiedad privada” sobre un fondo verde, rojo y negro. El verde representa la esperanza; el rojo, la memoria; y el negro, la lucha. Todo lo que no pudieron derrumbar está dentro de ellas, que a cuarenta días del desalojo siguen de pie.