“No somos envases. Nosotras ya decidimos por derecho propio y nos acompañamos. Nuestra experiencia en la práctica socorrista  se nutre día a día de redes de cuidado, de saberes construidos, de capacidad de escucha constante, de respeto por las múltiples creencias. Pero exigimos que las leyes nos igualen”. Solange Verón, abogada de la organización fueguina La Hoguera, habló así ayer en el Senado, con las certezas y el respaldo que le da un fuerte trabajo territorial en el acompañamiento y asesoramiento a mujeres que transitan embarazos no deseados.

La Hoguera es una organización feminista de Ushuaia, Tierra del Fuego, que es parte de la Campaña Nacional por el Aborto legal, Seguro y Gratuito y de Socorristas en Red. Nació en el 2015 al calor del Movimiento Niunamenos. Desde agosto del año pasado hasta hoy asistieron a 78 mujeres en el marco del trabajo en Socorristas en red, brindando información sobre el uso seguro del misoprostol y los riesgos de la práctica. También acompañaron a tres mujeres que querían acceder a la interrupción legal del embarazo.

Tierra del Fuego no ha sido ajena a las presiones de la Iglesia, dijo Verón, con proyectos  legislativos  que  privilegian determinada moral. El 22 de marzo, recordó, la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego aprobó sobre tablas y a espaldas del movimiento de mujeres organizado, la instauración a nivel provincial del 25 de marzo como el Día de los derechos del “niño” por nacer. “Nos movilizamos y exigimos el veto a nuestra Gobernadora, pero finalmente promulgó la ley”, apuntó. También criticó el proyecto que está en tratamiento en el Senado, llamado “El Estado se hace cargo y te acompaña”, impulsado por el  Senador Federico Pinedo y la senadora fueguina Miriam Boyadjian. “Entendemos que este proyecto también intenta imponer determinadas creencias de forma autoritaria, y contrariando nuestro sistema jurídico vigente”, dijo.

Luego de su presentación, Verón habló con PáginaI12, acompañada por una de las fundadoras de La Hoguera, la socióloga Ayelén Martínez. En el Hospital Regional de Ushuaia, contó, solo hay dos médicos no objetores de conciencia y en Río Grande hasta hace poco eran todos objetores. En su provincia hubo dos casos recientes de mujeres que fueron criminalizadas por intentar abortar. La última, llamada Ramona, era víctima de violencia de género, quedó embarazada y quiso abortar, aunque ella no sabía que esa interrupción estaba contemplada por la ley. Fue al hospital de Ushuaia hace dos años y allí no obtuvo información ni soluciones. Durante dos semanas buscó incansablemente acceder a la interrupción. Se le inició una causa penal por el hurto de una caja de Oxaprost en una farmacia de Ushuaia, aunque no había estado implicada en el hurto. Para garantizar el castigo, la jueza ordenó un embargo por 100.000 pesos. “La persecución penal fue desproporcionada, y con intenciones aleccionadoras tras la pesquisa de la mujer que había abortado. Las fuerzas de seguridad dividieron la ciudad en tres zonas, rastreando una caja y un blister de Oxaprost; hicieron cuatro allanamientos, se tomaron más de diez testimonios en policía, se inspeccionaron las cámaras de seguridad de las farmacias de la ciudad, se hicieron requisas e inspecciones de casi diez celulares”, había explicado Verón durante el debate del proyecto de la Campaña en la Cámara de Diputados.

Más allá de estos casos, contó a este diario: “hay muchas situaciones en que las mujeres desconocen la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo. Inclusive terminan continuando con su embarazo porque a pesar de que tenemos un protocolo, ya que (Tierra del Fuego) es una de las provincias que adhirió al protocolo nacional, no se aplica del todo por las barreras prácticas que tenemos en todo el sistema”. 

Martinez agregó que “durante 2017, hubo 165 ingresos hospitalarios por abortos incompletos, eso suma abortos espontáneos y diferentes situaciones de abortos. Y hubo solo seis interrupciones legales del embarazo de las cuales nuestra organización acompañó a tres. Entonces lo que entendemos es que el acceso a la información sobre la ILE no existe”. 

–¿Y la educación sexual?

AM: Tampoco. El acceso a la información es un obstáculo más, entonces las mujeres deciden abortar en el circuito de la clandestinidad con toda esa complejidad del aborto inseguro.

–¿Cómo cambiaría el escenario en Tierra del Fuego si se aprobara el proyecto de la Campaña?

AM: Brindaría el acceso igualitario a todas las mujeres a decidir, porque nosotras siempre planteamos que la interrupción del embarazo es voluntaria, nadie obliga a nadie a abortar. Solo estamos dándole una opción para la mujer que decide abortar, que lo haga en condiciones seguras, gratuitas y no en la clandestinidad.

SV: Obviamente se reducirían todas las cuestiones relacionadas como la criminalización de las mujeres, que es fundamental, porque si bien se plantea que disminuyó la criminalización también existe la cuestión latente del peligro de persecución. Habría mayor posibilidad de mejor salud para todas.

AM: También en el debate en el Senado se planteó varias veces el costo del aborto legal en términos presupuestarios. Nosotras entendemos que los abortos inseguros que habitualmente llegan al hospital y deben completarlos, son los que generan costos en el sistema.