El gobierno marcó, en su primer año en el poder, un cambio en el rumbo económico como no se observaba desde el inicio de la posconvertibilidad. La introducción del nuevo modelo implicó una reducción de la tasa de crecimiento de cerca de seis puntos en relación al año anterior. Según las últimas cifras del Indec, el PIB había crecido 2,65 por ciento en 2015 y la caída de 2016 sería próxima al 3,0 por ciento. Las políticas adoptadas también impulsaron una aceleración inflacionaria hasta un nivel similar al pico de 2002 y el desempleo llegó al máximo de la última década (9,3 por ciento en el segundo trimestre de 2016). Más allá de esas variaciones que pueden ser sólo coyunturales, lo más preocupante del actual esquema es que va reforzando los rasgos estructurales más negativos de las economías latinoamericanas: desigualdad distributiva, primarización productiva y dependencia financiera externa.

La desigualdad, medida como la brecha entre el 10 por ciento de la población de más altos ingresos y el 10 por ciento de menores percepciones, se incrementó un 37 por ciento, entre el segundo trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016, de acuerdo a los últimos datos disponibles del Indec de cada año. De esta manera, quienes estuvieron en la cúspide de la pirámide llegaron a ser 26 veces más ricos, en términos de ingresos, que quienes integraron la base. En 2015, la diferencia era de 19 veces.

Además de la merma en la capacidad de negociación de los trabajadores de menores remuneraciones, empeorada por la recesión, la escalada de la desigualdad se explica también por el brusco cambio de los precios relativos. El nuevo ordenamiento fue consecuencia directa de la devaluación, combinada con la baja de retenciones, la liberalización de exportaciones y la pronunciada suba de las tarifas de los servicios públicos. Esas medidas provocaron que los precios de los bienes y servicios de primera necesidad aumentaran mucho más que el resto. Por ejemplo, el aceite comestible mezcla acumuló una suba del 160 por ciento en el año y la harina duplicó su precio. 

El Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) reveló que la inflación, entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2016, para el estrato de menores ingresos de la población, fue del 46,9 por ciento y para el segmento de mayores ingresos fue de casi 10 puntos menos (37,4 por ciento). En todos los niveles, la regla fue la misma: a menor ingreso, mayor efecto de la inflación. En el caso extremo, el de las tarifas de servicios públicos, el decil poblacional más bajo gastó 5,3 veces más que el de mayores ingresos en relación a su presupuesto.

La inflación de los años anteriores también perjudicaba más a los más humildes pero, en ningún año desde 2003, se había producido un descalabro de precios relativos tan nocivo. El reciente desequilibrio sólo fue atenuado por la extensión de la tarifa social y la ampliación de la AUH a los hijos de los monotributistas pero, a diferencia de la mayoría de los años de la década pasada, la recomposición salarial no alcanzó a recomponer la erosión del poder adquisitivo. Los trabajadores del sector privado formal perdieron el 6,6 por ciento de su capacidad de compra, según el IET. En tanto, los jubilados, pensionados y quienes reciben la AUH (sus haberes aumentaron sólo un 31,7 por ciento en el año), los empleados del sector público y especialmente los trabajadores no registrados tuvieron que soportar un mayor deterioro.

Ganadores

Por supuesto también hubo grandes ganadores. Además de las empresas de servicios públicos y del agro, se destacaron las firmas del sector financiero que nuevamente, desde que la economía se amesetó en 2012, han gozado de crecientes niveles de rentabilidad, sobre todo en los años de menor consumo.

El gobierno, con su visión monetarista de la inflación, en lugar aplicar una política de absorción monetaria, a través, por ejemplo, de una significativa suba de los encajes bancarios sobre los depósitos a la vista y regular tasas de interés para facilitar el crédito a la producción, se inclinó por mantener altas tasas y bajos niveles de encajes. En el primer caso, hubiera achicado el beneficio del sector bancario, pero decidió expandirlo, aun a costa de un mayor endeudamiento público y de la asfixia financiera para la gran mayoría de las empresas y de los consumidores. Así, el sector financiero tuvo ganancias por 66.865 millones de pesos en los primeros diez meses del gobierno que significaron una mejora interanual del 53 por ciento, según el “Informe sobre Bancos” del Banco Central.

Ahora bien, en perspectiva histórica, a pesar del alza reciente de la desigualdad y de la baja del consumo, el país sigue lejos de sus peores momentos. Sin ir muy atrás en el tiempo, la brecha distributiva entre los que más ganan y los que menos, antes de la implementación de la Asignación Universal por Hijo (su impacto comenzó a fines de 2009), era de 35 veces. Sin caídas de gran magnitud en la riqueza generada (el PIB per capita de 2016 fue similar al de 2010), existe una relación distributiva que permite sostener la gobernabilidad. Esta misma holgura relativa en materia distributiva también contribuye a explicar por qué el ala dura de Cambiemos se impuso para lograr la salida de un gradualista como Prat Gay y la incorporación de un “fiscalista” (es la figura encontrada para eludir el mote de ajustador) que implica un menor margen para políticas de contención social.

El nuevo integrante del gabinete se suma a un esquema de políticas redistributivas que fueron anunciadas en el segundo semestre de 2016 y que tendrán un impacto pleno en 2017 para tratar de impulsar el consumo (la “Reparación Histórica”, la reforma del impuesto a las ganancias y el “Ahora 18”). Las tres tendrán, como mayores beneficiarios, a los sectores sociales de ingresos medios/altos y altos. Si bien la mejora en la capacidad de consumo de estos grupos puede tener un impacto más general en la economía, su dinamismo es limitado, sobre todo en comparación con las políticas del kirchnerismo. Éstas basaban su foco redistributivo en tratar de mejorar básicamente la capacidad adquisitiva los sectores de menores ingresos y excluidos con políticas como las subas de las jubilaciones mínimas y la AUH por encima de los índices inflacionarios públicos y privados, las moratorias previsionales y la extensión de las pensiones no contributivas, la promoción de los convenios colectivos de trabajo, los planes Procrear, Precios Cuidados y Progresar y los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. De hecho, ese esquema de políticas había podido conseguir que la devaluación de 2014 con quita de subsidios a las tarifas de agua y gas no haya derivado en un incremento de la brecha distributiva.

Consumo y ahorro

En el nuevo modelo, las políticas de mejora de ingresos son capitalizadas principalmente por un segmento poblacional más reducido. Además, se trata de un sector que no necesariamente destina todo su ingreso al consumo, como sí ocurre con la población de menores ingresos. Sobre este punto es fundamental notar que el problema económico actual no es de escasez. Por el contrario, las empresas poseen capacidad productiva ociosa y grandes dificultades para volcar en el mercado sus elevados stocks. Por eso, sería mucho más dinamizador activar el consumo de los sectores de menores ingresos.

Por otra parte, también el ahorro en el país tiende a volcarse más al atesoramiento de dólares que a depósitos a plazo en el sistema financiero. Por lo tanto, esos recursos tampoco pueden ser canalizados a la inversión productiva. Y, en este sentido, el gobierno no ha tomado medidas que incentiven el ahorro en moneda nacional. Al contrario, decidió derogar la regulación de los mínimos de tasas a plazos fijos que había establecido la gestión de Alejando Vanoli. Los depósitos en pesos pueden crecer sólo transitoriamente mientras se perciba cierta tranquilidad del mercado cambiario para obtener un rendimiento extraordinario, medido en dólares. En vísperas de las elecciones y ante contingencias, con una mayor incertidumbre, vuelven a demandar divisas y a agravar la fuga de capitales y la dependencia financiera externa. Es todo un circuito frágil y cortoplacista porque opera en contra del negocio productivo.

Inflación

De fondo, además, persiste el problema inflacionario que, con la reciente modificación abrupta de precios relativos, está más lejos de resolverse que antes del anuncio de la devaluación en noviembre de 2015. En los 12 meses previos a ese anticipo, la inflación mensual promedio, medida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, era de 1,8 por ciento.

La disparada de algunos precios que inciden directamente en la formación de costos y también sirven de parámetro para la formación de otros, como el del dólar, el del transporte, los de la energía y los de los alimentos básicos implica la necesidad de un reacomodamiento generalizado de precios. Los sectores regulados como,por ejemplo, el de los combustibles, la medicina prepaga y la educación privada, demandan un reposicionamiento por su retraso respecto a los que más aumentaron. Y los rubros no regulados, en la medida en que la recuperación del consumo los habilite, buscarán recuperar posiciones lo más rápido posible.

Los únicos sectores que no podrán reacomodarse son los que compiten abiertamente con los productos importados. Los comercios recuperarán márgenes de rentabilidad perdidos por la suba de tarifas y la menor escala de ventas sobre la base de la sustitución de productos de la industria nacional por mercaderías a menores precios del exterior. 

En la medida que el nuevo esquema de precios relativos se profundice, la industria, en una competencia desigual por el atraso cambiario, los altos costos en dólares de servicios no transables, una pesada estructura tributaria que desalienta su actividad y una infraestructura pública de transporte precaria deberá ir cediendo y achicándose más aun. La excepción serán aquellos sectores manufactureros vinculados directamente a la explotación de recursos naturales y los de mayor capacidad de lobby y alta escala, como el siderúrgico y el automotriz. En tanto, los rubros más conformados por PYMES, además de todas las referidas restricciones generales para producir, deberán seguir enfrentando costos de sus insumos desalineados de los precios internacionales por las dificultades de escala que poseen para abastecerse en el exterior.

Por su parte, los salarios de los trabajadores de esos sectores (hasta el año pasado la industria, en su conjunto, representaba el 20 por ciento del empleo privado registrado) también quedarán atrasados por la pérdida de competitividad industrial y la contracción del empleo. Así, buena parte de la fabricación local será reemplazada por la oferta externa y, como en 2016, se verificará un mayor nivel de primarización productiva. El menor poder de negociación de los trabajadores, un tipo de cambio relativamente estable y una recuperación mucho menor a la planteada en el presupuesto nacional facilitarán que la dinámica inflacionaria paulatinamente vaya menguando, pero será muy difícil que perfore el 25 por ciento en 2017.

Este modelo, como en los noventa, sólo podrá subsistir temporalmente con un mayor grado aun de endeudamiento externo. Su límite nuevamente dependerá de la amplitud de ese ciclo y de hasta qué punto la conflictividad social que implica afectará la gobernabilidad.

* Economista EPPA. Profesor UBA y Undav.

@marianokestel

perspectivas  

2017

  • En su primer año en el poder, el Gobierno marcó un cambio en el rumbo económico. 
  • Refuerza los rasgos estructurales más negativos de las economías latinoamericanas: desigualdad distributiva, primarización productiva y dependencia financiera externa.
  • Las políticas de mejora de ingresos son capitalizadas principalmente por un segmento poblacional más reducido.
  • Persiste el problema inflacionario que, con la reciente modificación abrupta de precios relativos, está más lejos de resolverse que antes del anuncio de la devaluación en noviembre de 2015.
  • Buena parte de la fabricación local será reemplazada por la oferta externa y, como en 2016, se verificará un mayor nivel de primarización productiva.
  • Este modelo, como en los noventa, sólo podrá subsistir temporalmente con un mayor grado aún de endeudamiento externo.