Cierto es que carecía de legitimidad para simplemente reformularlo, siendo que en campaña, tal como lo exhibe el spot que aún se puede ver en su cuenta oficial (https://www.youtube.com/watch?v=q7htwkzI9k0) engañó a sus votantes dando cuenta de su “compromiso” de eliminarlo. También que no podía poner como justificación el “costo fiscal” pues de acuerdo a un estudio del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, la devaluación y quita de retenciones a los agroexportadores representaron una pérdida de ingresos para el fisco de 117.662 millones de pesos.
Sin embargo, en lo que respecta en sí mismo a la discusión por el Impuesto a las Ganancias cuarta categoría, el proyecto oficial de modificación aparentaba tener un diseño más progresista que el que gremios y oposición lograron implementar. En efecto, a través del proyecto oficial, el piso de quienes pasarían a abonar este impuesto era de 21.712 pesos para solteros y 25.231 para casados con dos hijos, aunque su alícuota se reducía del 9 al 5 por ciento para sueldos de hasta 61.000 pesos.
Si se tiene en cuenta que este impuesto grava actualmente al millón medio de trabajadores y jubilados que mayores ingresos perciben, sobre una masa laboral de 16 millones de trabajadores, el hecho de que se amplíe su base y se reduzca proporcionalmente el monto que abonan los que menos perciben (dentro de los trabajadores mejores pagos) exhibiría un sesgo más progresista que el proyecto alternativo, el cual exime de pago alguno a quienes ganan hasta 28 mil pesos (solteros) y 37.000 (casados), sobre todo al considerar que el monto recaudado por este impuesto se destina en un 20 por ciento a la Anses, en un 46 por ciento a las provincias, y en un 34 por ciento al Tesoro.
Es posible observar que las modificaciones dejaron de gravar a algunos de los sueldos más altos en la pirámide salarial a costa de ingresos para jubilaciones mínimas o Asignaciones Universales por Hijos. De acuerdo a la consultora Finsoport, el año pasado el ingreso por este tributo representaba un 6,7 por ciento del PIB, frente al 11,7 de Estados Unidos, 10,4 de Francia, y 9,6 de España, con lo que es posible observar que una disminución en la recaudación aleja a Argentina de países con sistemas impositivos más progresistas.
Resulta así paradójico que un gobierno neoliberal caracterizado por transferir recursos desde la base de la pirámide social hacia la cúpula haya visto truncada una de sus contadas iniciativas con un dejo de progresividad por la respuesta opositora.
Uno de los mayores argumentos de los diputados que votaron el proyecto opositor era que el costo fiscal se compensaría gravando la renta financiera, el juego, y la minería. Pero en todo caso, cabría preguntarse porque esos gravámenes deberían compensar erogaciones para los trabajadores mejor pagos y no para jubilados con la mínima, trabajadores no registrados (35 por ciento del total) o desocupados, cuyos ingresos estén muy por debajo de la canasta básica.
Impuestos
Una paradoja en algún punto similar a la de años anteriores cuando políticos autodefinidos progresistas, como Hermes Binner y Victoria Donda, o sindicalistas como Hugo Moyano y Pablo Micheli, le reclamaban al kirchnerismo la lisa y llana eliminación de este impuesto, incluso mediante la realización de cinco paros generales, pese a que Ganancias se encuentra dentro de los denominados “impuestos directos”, es decir aquellos que gravan al contribuyente según su condición patrimonial, lo que los lleva a ser mayormente progresivos, a diferencia de los “indirectos”, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya tasa de gravamen (21 por ciento en Argentina, con escasas excepciones) suele ser la misma para todo tipo de individuo.
Según señala el documento de Trabajo Nº 12 del Centro de Investigación Cifra de la CTA, “un análisis de los sistemas impositivos de otros países permite sostener que el cobro de impuestos sobre los ingresos provenientes del trabajo no es una originalidad argentina. El cobro de gravámenes sobre los ingresos de los trabajadores es un fenómeno extendido a escala internacional, aunque en otros países no se lo denomine necesariamente como “Impuesto a las Ganancias” sino como “Impuesto a los ingresos”, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conocida como el “club de los países ricos”, sostiene que para sus países miembros, los solteros abonan sobre el salario promedio un 25 por ciento de impuesto a las Ganancias, una cifra que casi cuadruplica a la de Argentina.
Si bien más progresista que la de la oposición y el sindicalismo, la propuesta macrista no grababa la renta de utilidades financieras en acciones y títulos, no daba marcha atrás en la derogación que meses atrás realizó sobre la imposición de un diez por ciento a las utilidades o dividendos que las empresas realizan entre sus socios accionistas, no alcanzaba a ningún juez designado antes de 2017, no quitaba la desgravaciones de las que gozan los 100.000 contribuyentes de más altos ingresos, que abonan un 50 por ciento menos de sus alícuotas del 35 por ciento, ni subía estas alícuota máximas del 35, como en un principio difundieron y rápidamente desestimaron. Lo que se dice, progresismo en términos macristas.
