Un mes después de que se denunciara el uso de falsos aportantes en la última campaña electoral de Cambiemos, la diputada Graciela Ocaña se refirió al escándalo en el que todos los días aparece el nombre de un nuevo aportante trucho, entre ellos el actual intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, y el ex ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido.
En tres tuits, Ocaña afirmó que espera que “se eche” sobre el tema y subrayó que la “transparencia” ha caracterizado siempre su trabajo.
“La transparencia es el principio fundamental que debe regir a la política y a la sociedad en su conjunto, una herramienta que siempre ha caracterizado mi trabajo”, afirmó Ocaña, quien en octubre pasado encabezó la lista de diputados nacionales del macrismo en el principal distrito electoral del país. “Por eso confío en que las auditorías sobre los aportantes a la campaña brindarán las respuestas que necesitamos como sociedad”, agregó, cuarenta y ocho horas después de que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se sacara de encima a María Fernanda Inza, ex tesorera del PRO, a quien ella misma había nombrado un día antes como contadora general de la provincia.
Ocaña fue la principal beneficiada como cabeza de lista, al igual que Esteban Bullrich, que competía para senador.
En la causa que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello se investiga la denuncia original sobre 476 aportantes falsos a la campaña. Las cifras en juego son millonarias, a pesar de que la mayoría de los aportantes son beneficiarios de planes sociales. “En la búsqueda de la verdad, abogo porque la Justicia investigue a fondo, como se debe hacer en todos los casos, y se eche luz al respecto para seguir garantizando el pleno ejercicio de la democracia”, concluyó Ocaña, quien cimentó su carrera dentro de la alianza gobernante haciendo denuncias mediáticas sobre supuestos casos de corrupción de la administración anterior y que, según la denuncia presentada en febrero pasado por el dirigente de La Alameda Gustavo Vera, incrementó su patrimonio en solo un año (entre 2015 y 2016) de 1,5 millones de pesos a cuatro millones.