Mientras el Gobierno refuerza el discurso del ajuste, con los despidos de empleados públicos y la reducción de subsidios como punta de lanza, un informe confirmó que pese a las cesantías masivas, Cambiemos incrementó la estructura del Estado con más cargos jerárquicos ocupados por personal de menor capacitación profesional y nombrado discrecionalmente.
El informe “GPS del Estado”, elaborado por Cippec, reveló que a partir del aumento de ministerios dispuesto por el gobierno de Macri aumentó también la estructura en los niveles de Secretarías y Subsecretarías que “provocaron un incremento del orden del 25 por ciento en el universo de cargos políticos entre 2015 y 2017”.
La planta de autoridades superiores, es decir los cargos políticos, se expandió a contra mano del discurso de recorte del Estado con el que los funcionarios justificaron los despidos masivos de empleados públicos. El último caso ocurrió en la Agencia Télam, donde Hernán Lombardi justificó las 157 cesantías amparándose en una supuesta “superpoblación” del organismo.
Según el informe, los ministerios pasaron a ser 21, de los 17 que había en 2015, y los cargos de secretarios crecieron de 69 a 113 durante la gestión de Cambiemos. Los directores nacionales, que en 2015 eran 291, ahora son 313. “Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo”, reconocieron los analistas Gonzalo Diéguez y José Gasparin, autores del reporte, quienes también remarcaron que la Argentina tiene uno de los gabinetes más grandes de América Latina.
“Entre 2015 y 2017, se crearon 1.111 cargos políticos y solo 62 fueron en la estructura formal. Así, se crearon 1.049 cargos extraescalafonarios en toda la Administración Pública Nacional lo que significó un crecimiento porcentual del 50 por ciento”, indicaron desde Cippec.
Según Cippec, durante estos últimos dos años, “los avances en la gestión del rendimiento y desarrollo del empleo público han sido pocos”, sobre todo porque hubo “un deterioro” en los cargos directivos. Este deterioro responde a varias razones. Una es que en 2017 sólo el 2 por ciento de los cargos fueros designados bajo la modalidad de planta permanente, mientras que en 2015 representaban el 6 por ciento. En segundo lugar, porque disminuyó el porcentaje de directivos que cumplen con los requisitos exigidos por la norma para al acceso a cargos jerárquicos. Pasó del 32 al 18 por ciento entre 2015 y 2017.
Y en tercer lugar, porque la planta de dirección bajó su nivel de formación. Mientras que en 2015 el 72 por ciento de los cargos eran ocupados por profesionales, en 2017 esa participación cayó al 66 por ciento. “La reducción en el número de profesionales en el espacio directivo y el menor cumplimiento de requisitos da cuenta de que se acentuaron los criterios de confianza o gestión por competencias políticas”, sostuvo el informe.
Además, el informe reveló que hay una “elevada rotación de los directores” que “obstaculiza la efectividad gubernamental”. “El 25 por ciento de los directivos públicos que se encontraban designados en 2016 fueron reemplazados de sus cargos en 2017. Más aún, a fines de 2017 solo el 9 por ciento del total de directivos públicos continuaba en su cargo”, se indicó.
Un recorte que no fue
En marzo pasado, el Gobierno oficializó el decreto 174/2018 para reducir un 25 por ciento los cargos políticos del Estado. Otra vez, la iniciativa estuvo acompañada por el discurso del ajuste y el recorte de las cuentas públicas. Desde Cippec, remarcaron que tras este decreto efectivamente hubo una reducción de cargos: bajaron un 20 por ciento las direcciones nacionales y generales y un 75 por ciento si se tienen en cuenta todos los cargos políticos.
Sin embargo, esta reducción de cargos fue compensada por el aumento de presupuesto de uso discrecional de los ministerios “recortados” y la creación de “Unidades de Proyectos Especiales”, entes temporarios para gestionar determinados programas y proyectos, que casualmente fueron ocupadas por personas que solían desempeñar cargos políticos. Desde Cippec consideraron esta proliferación de las UPE como una manera de “compensar el recorte”.
“Las Unidades Retributivas funcionaron como mecanismo de compensación monetaria. Estas ponen recursos a disposición de los ministros, secretarios y subsecretarios para asignar en forma discrecional al personal del Estado. De este modo, si bien se redujeron los cargos políticos, el número de UR aumentó en 977.000 unidades, lo cual significó un crecimiento de 372 millones de pesos anuales entre 2017 y 2018”, explicaron los autores del informe.
