Los sistemas penales y penitenciarios argentinos tienen deudas pendientes en su efectividad, eficacia, transparencia y humanidad, pero también se tiene una deuda absoluta con la situación de las víctimas, quienes generalmente debían experimentar la alienación y el abandono por parte del Estado.

Es por esto que el año pasado se sancionó la Ley 27.372 que promueve y garantiza los derechos de toda persona víctima, directa o indirecta, de delito y de violaciones de derechos humanos. 

La norma se alinea a la “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” que emitío la Organización de las Naciones Unidas, donde se instó a los estados a considerar que toda persona víctima del delito merece un tratamiento acorde a su situación.  

La Ley de Derechos de las Víctimas asegura a todas las personas que atravesaron la trágica experiencia de haber sido víctima de un delito, o perdido a un familiar, que no estarán solas, que contarán con el apoyo integral del Estado y que podrán participar en el proceso judicial donde se investiguen los hechos y se hagan efectivas las responsabilidades.

La norma por un lado, garantiza los medios adecuados para superar las consecuencias personales de la situación de victimización; por el otro, brinda la oportunidad de acceder a la información de la causa y participar de los procedimientos judiciales. Estos derechos no modifican las garantías de la defensa, del debido proceso y de la pena adecuada que la Constitución Nacional asegura a cualquier persona que resulte acusada o haya sido condenada por la comisión de delitos. 

Su implementación presenta un desafío ambicioso que requiere un esfuerzo coordinado entre los gobiernos, poderes y ministerios públicos, tanto nacionales como  provinciales. 

Para ello, el Gobierno nacional ha puesto en funciones el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delito (Cenavid). El organismo tiene un equipo de atención telefónica las 24 horas (Línea 149) que recibe consultas, asesora a las víctimas y coordina la atención solicitada con la Administración, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El Cenavid trabaja en conjunto con la Red de Centros de Acceso a Justicia (CAJ) para abarcar todas las provincias. Estos espacios cuentan con equipos multidisciplinarios para proveer atención y asistencia a quienes requieran los servicios del Estado nacional; en los últimos dos años los CAJ han recibido más de 2300 consultas de personas que han sido víctimas de delitos, y cuentan con acompañamiento y asesoramiento legal, social y psicológico.

En relación con delitos federales, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público de la Defensa, garantizarán los servicios de patrocinio jurídico.

A partir de la Ley también se creó el Observatorio de Víctimas de Delitos, que se encarga de monitorear, seguir y analizar la situación de las personas afectadas y la de sus familias, a fin de generar políticas públicas que brinden mayor protección a la sociedad.

La Ley de Derechos de las Víctimas implica un cambio cultural que demandará esfuerzo y tiempo. El punto de partida es la organización de servicios cercanos, integrales y efectivos que aseguren presencia estatal donde había soledad, información donde había desconocimiento, comprensión donde había desorientación y asistencia donde había desamparo. En suma, derechos donde había olvido.

* Subsecretaria de Acceso a la Justicia.