Lamentablemente, para el flamante CEO-ministro de Energía (Shell fue desplazado por Techint) no hay nada que discutir del incendio tarifario: las beneficiadas serán siempre las empresas, aunque muy probablemente las productoras por sobre las distribuidoras y transportistas. Como sea, y porque no perdemos esperanzas de que en algún momento se acuerden del pueblo argentino, informamos al señor Iguacel que tiene entre sus manos una clara forma de ayudar a la ciudadanía de cara al nuevo ajuste de octubre, evitando nuevos aumentos del orden del 100 por ciento. ¿Qué le recomendamos? Muy simple, que ordene al titular del Enargas, Mauricio Roitman, que haga lo que tiene que hacer: defender la seguridad jurídica de los usuarios del servicio público de gas por redes.
En noviembre de 2017, las productoras y distribuidoras firmaron un acuerdo -en presencia de Aranguren y avalado por el Ministerio de Energía-, en el que fijaron precios del gas en dólares para un abastecimiento del 50 por ciento del gas requerido por las distribuidoras. De este acuerdo marco surgieron los contratos suscriptos individualmente entre las distribuidoras y las productoras. Es decir, todos los contratos entre las 9 distribuidoras y sendas petroleras pactaron los mismos precios para todas las cuencas, por un lado, e igual sendero de incrementos hasta octubre de 2019, por el otro.
En cualquier idioma que se hable en este planeta, a esta práctica se la conoce con el nombre de “cartelización”. En efecto, acordaron entre todas las empresas; las petroleras fijaron precios unificados por Cuenca, con la Neuquina la más cara, en dólares. Se asignaron cuotas de mercado y dejaron en la nebulosa los precios de compra del gas para los picos de la demanda. En cuanto a los precios pactados, se trasladarán sin ninguna modificación a la tarifa, como estipula la ley (al usuario a través de las distribuidoras). Sin embargo, como el traslado proviene de una cartelización, vemos entonces que la totalidad de las distribuidoras acordaron el mismo accionar y, por tanto, decidieron actuar con abuso de posición dominante.
De no mediar modificaciones, los incrementos en porcentajes de los precios del gas en boca de pozo promediarán un 22 por ciento para las categorías R1 a R23 y 11 por ciento para R31 a R33. Las PyMEs P1 y P2, un 42 por ciento. GNC, un 9. A esto, debe añadirse el impacto de la devaluación y la inflación. Respecto de la primera, los precios acordados en dólares obedecían a una cotización que rondaba los 19,5 pesos (entre enero y el 1ero de julio de este año la suba del dólar fue del 53 por ciento); en relación a la segunda, son los ajustes semestrales por IPIM, derivados de una inflación que con totalidad seguridad termine ubicándose en diciembre por encima del 30 por ciento. En función de ello, nuestras estimaciones arrojan un aumento de aproximadamente un 100 por ciento en las tarifas de no mediar correcciones.
El Presidente del Enargas, Mauricio Roitman, en el plenario de cara al tratamiento del proyecto de ley de Emergencia Tarifaria en Senadores, dijo que cada empresa y yacimiento tiene sus costos. Le preguntamos entonces, ¿cómo se explica que haya aprobado un precio unificado por Cuenca productiva? ¿Cómo se explica que todas las empresas tengan el mismo precio? La ciudadanía está remunerando a precio de importación todos los yacimientos por igual, precio que no debería superar los 2,5 - 2,7 dólares/MBTU los convencionales y 5 dólares/MBTU los no convencionales.
Por otra parte, y ya que concedió se pacten precios del gas en boca de pozo en dólares por primera vez en la historia argentina; y ya que, asimismo, el incremento del precio registrado entre enero de 2016 y junio de 2017 no derivó en una mejora en los niveles de producción sino todo lo contrario, en una caída, consultamos al titular del ente si las productoras justificaron semejantes precios -y su aumento sostenido- en proyectos de inversión extraordinarios, que a su vez redunden en igualmente extraordinarios niveles de producción para 2018 y 2019 (por supuesto, hablamos de proyectos por fuera de los presentados en el marco del nuevo Plan Gas -Resolución 46 y su ampliación a la Cuenca Austral-). En fin, y puntualmente, le preguntamos: ¿Existen esos proyectos? Si existen, queremos conocerlos. Y agregamos también vinculado a todo esto: ¿Analizó Ud. la rentabilidad de las petroleras, las ganancias registradas y la eventual distribución de dividendos antes de autorizar dichos precios? Cabe recordar que ni Aranguren se animó a poner precios en dólares en las resoluciones finales. De hecho, la 212/16 nunca estableció precio en dólares a los usuarios. Esto vale tanto para Roitman como para Iguacel.
Pero no termina aquí la connivencia del ente regulador con las empresas, a la sazón dirigida por un hombre del equipo de Daniel Montamat, asesor ligado a las petroleras. Resulta oportuno, cuando no obligado, citar además la estafa del “Cargo fijo”; la estafa del financiamiento en cuotas; la estafa del gas combustible doblemente facturado por las distribuidoras; la estafa de la Resolución 508; la estafa de costos, rentabilidades y distribución de dividendos desconocidos por la ciudadanía, resultando en usuarios sin acceso a la información pertinente, adecuada y veraz -según ordenó la Corte- para evaluar la razonabilidad de los retornos empresariales; la estafa de las insignificantes inversiones comprometidas, restringidas a operación y mantenimiento, en el marco de un incremento de la base tarifaria multiplicado por 33 sin la más mínima justificación (planteado únicamente por la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun); y, por último, la estafa de no haber contemplado el mayor ingreso (y su traslado a ganancias) consecuencia de la devaluación de las licenciatarias.
Terminada la Ley de Emergencia, los actores del mercado deben libremente pactar los diferentes precios (en pesos) para cada uno de los contratos celebrados. Entonces, Roitman no puede permitir que los usuarios paguen precios en dólares, para un volumen que siquiera contempla la demanda en los picos (invierno). No puede permitir tampoco que los usuarios paguen precios en dólares sin compromisos de inversiones de las productoras, precios unificados por cuencas, es decir, como si todas las empresas tuvieran los mismos costos. Al respecto, fue el mismo titular del Enargas quien en plenario del 22 de mayo, Cámara de Senadores, expresó: “el costo de extraer gas es diferente en un yacimiento que en otro, en un pozo que en otro, cuando uno va a buscar gas convencionales tiene determinados costos y riesgos, y cuando va a buscar convencional tiene otro costo. Entonces, es muy difícil responder eso en términos de costos”. Si es tan difícil, ¿cómo es que fue tan fácil unificar precios y el ente aprobarlos?
En igual dirección, se supone que esta Autoridad Regulatoria debe revisar semestralmente los cálculos de ajuste elaborados por las distribuidoras y transportistas, a los efectos de considerar “otras variables macroeconómicas que permitan ponderar el impacto en las economías familiares” (Guía Temática - Audiencias Públicas, ENARGAS). ¿En serio están contemplando todo esto?
El Enargas permite se vehiculice la gran estafa del gas mediante los nuevos cuadros tarifarios (cartelización + abuso de posición dominante + dolarización + devaluación + transferencia salvaje de riqueza ciudadana + costos fijos, etc., etc.). En realidad, el Enargas es parte de la estafa.
En octubre, cambiarán las tarifas. De no mediar correcciones o la anulación de los contratos entre productoras y distribuidoras, definiendo nuevos y menores precios del gas en boca de pozo, los incrementos rondarán el 100%.
Las soluciones en carpeta tendientes a morigerar el desastre energético del régimen neoliberal, apuntan todas a evitar la más mínima pérdida o desaceleración de la transferencia colosal de ingresos desde los usuarios de servicios públicos de gas y electricidad a las empresas, parafraseando al Economista Jefe de FIEL y calculada por él mismo en 16.500 millones de dólares entre 2016 y 2017.
La solución para el pueblo argentino, inversamente, es una sola, al menos por ahora: Si a Iguacel en algún momento se le ocurre ayudar a la vapuleada ciudadanía, basta que el Enargas cumpla con su razón de ser.
El Enargas debe velar por los derechos de los usuarios y consumidores. Es este, efectivamente, su primer objetivo. El Sr. Roitman parece desconocerlo, pero la Ley 24.076 habilita al ente a combatir las prácticas anti-competitivas y monopólicas, pudiendo recortar los precios del gas y hasta quitar las concesiones a las licenciatarias. ¿Se hará Iguacel el distraído? ¿Enargas o Ente Empresarial Regulador del Gas (Emprergas)?
* Director de Oetec.
