La infraestructura es uno de los tres ejes elegidos por el gobierno de Mauricio Macri para su presidencia del G-20. Los países del grupo discuten alternativas para convertir a los proyectos de infraestructura en activos financieros atractivos para el sector privado. A medida que avanza el ajuste en la obra pública, la herramienta promovida por el gobierno argentino son los proyectos de participación público-privada (PPP). La inversión pública es uno de los componentes del gasto más expuesto al ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Hasta 2020 está prevista una caída del 81 por ciento en términos reales o un ajuste igual a 1,6 puntos porcentuales del producto. A través de las obras licitadas bajo el esquema de PPP se intentará amortiguar esa merma financiando las iniciativas con nueva deuda.

 El mecanismo de financiamiento privilegiado por las autoridades argentinas fue  cuestionado por el tímido C-20. Las organizaciones de la sociedad civil lideradas por Poder Ciudadano advierten que el abordaje propuesto en el marco del G-20 “asume que el sector privado puede ser el proveedor natural de capital, sin embargo la historia sobre cómo se financiaron las obras de infraestructura muestra que esa es una creencia errada y problemática”. 

 El documento elaborado por el C-20 sostiene que el planteo impulsado por la presidencia argentina del grupo “conduce a priorizar formas de seducir al capital, incluyendo la promoción de costosas y riesgosas asociaciones público-privadas”. Desde las organizaciones de la sociedad civil cuestionan que desde esa perspectiva privatizadora se soslaya el rol central que jugó a lo largo de la historia la inversión pública. “Los costos de financiamiento suelen ser más elevados en los proyectos de PPP que en las obras del sector públicas y, además, implican pasivos contingentes que pueden crear una pesada carga sobre las finanzas públicas”, sostienen los miembros del C-20 que mantienen una agenda paralela al G-20. 

 Durante el primer semestre, la obra pública fue uno de los segmento más castigados del gasto. El último informe de ejecución presupuestaria de la ASAP muestra que los gastos de capital cayeron un 12,4 por ciento. Fueron 12.267 millones de pesos menos que durante el mismo período de 2017. La contracción no dimensiona el impacto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de esos fondos. La inversión real directa retrocedió 10,8 por ciento mientras que las transferencias de capital a las provincias anotaron una contracción del 38,6 por ciento. En términos sectoriales las caídas estuvieron concentradas en las obras de infraestructura energética que cedieron 28,1 por ciento. También anotaron una baja significativa los fondos destinados a proyectos de transporte, fundamentalmente en el área ferroviaria, donde la merma fue del 26,7 por ciento. El financiamiento para obras de AYSA registró una merma del 31,9 por ciento.  San Juan, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires fueron las provincias más afectadas por el retaceo de financiamiento para obra pública desde la Casa Rosada.