La Asamblea Nacional de Cuba aprobó ayer el anteproyecto de reforma constitucional que reconoce la propiedad privada, saca la palabra “comunismo” de la Carta Magna y acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. El anteproyecto será sometido ahora a consulta popular entre los próximos 13 de agosto y 15 de noviembre y, finalmente, tendrá que ser apoyado por un referéndum para el que aún no hay fecha.
Con el reconocimiento de la propiedad privada como una de las formas de propiedad y la promoción de la inversión extranjera, el nuevo texto reflejará los cambios económicos que vive el país a raíz de las moderadas reformas implementadas por Raúl Castro desde 2006. Estas medidas legalizaron negocios al margen del Estado en ciertos sectores como la hotelería, el transporte y otros servicios, a las que ha dado continuidad el presidente Miguel Díaz Canel tras asumir el poder en abril de este año.
Tras aprobarse el proyecto de nueva Constitución, Díaz Canel animó a la participación popular para que exprese libremente sus opiniones para, según dijo, que el texto refleje el hoy y el futuro de Cuba.
Más limitados son los cambios que la nueva Constitución impondrá en el ámbito político, donde, a pesar de quitar la palabra “comunismo”, explicita que se mantiene el “carácter socialista del sistema político y social” bajo el mando del Partido Comunista de Cuba como “fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad”.
La Constitución también modificará su artículo 68, en el que se especifica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, para reemplazarlo por una fórmula más amplia que habla de matrimonio entre dos personas, en respuesta a las demandas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). “Con esta propuesta de regulación constitucional, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia, en el reconocimiento y la garantía de los Derechos Humanos”, expresó la diputada Mariela Castro, hija del ex presidente Raúl Castro, una de las principales promotoras del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en la isla.
La medida no encontró rechazo en los legisladores, pero en la reunión de ayer la diputada Castro quiso que se ampliase el artículo y que no se restringiese la posibilidad de adoptar a los futuros matrimonios homosexuales, lo que generó un arduo debate de un par de horas. La parlamentaria propuso suprimir los párrafos en los cuales queda explícita la condición reproductiva del matrimonio. “Si se está diciendo que el matrimonio tiene fines reproductivos, entonces todas las familias cubanas han de tener garantizados por el Estado los derechos y vías para alcanzar estos fines”, afirmó Castro. “El matrimonio no es solamente para tener hijos, empieza con otros fines, porque quieren convivir y luego viene la reproducción. Lo que propongo es que todas las familias tengan los mismos derechos”, señaló la diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
“No hay razón alguna para negar el matrimonio a personas homosexuales, no hay razón alguna para limitar la felicidad de estas personas”, dijo, por su parte, la diputada Yolanda Ferrer. La legisladora Teresa Amarelle, presidenta de la oficial Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a su turno, afirmó: “Que se quite que la unión del matrimonio sea exclusiva entre hombres y mujeres es un avance. Sobre el tema de la adopción, será un tema para el Código de Familia”. Finalmente, el acuerdo de los diputados fue aprobar el matrimonio igualitario y dejar el tema de las adopciones para la redacción del nuevo Código de Familia.
Al examinar los artículos que tratan sobre la protección de la familia, se hizo hincapié sobre la responsabilidad en el cuidado y atención a las personas de la tercera edad en Cuba, donde se ha producido un progresivo envejecimiento poblacional, uno de los grandes desafíos de la sociedad y el sistema estatal de salud.
En el ámbito institucional existen algunas modificaciones estructurales como la institución de la figura del presidente de la República, papel hasta ahora ejercido por el presidente del Consejo de Estado, que deberá asumir el cargo con menos de 60 años de edad y limitar su mandato a un máximo de una década (dos períodos de cinco años). Además, se creará el puesto de primer ministro -que se había eliminado con la aprobación de la Carta magna de 1976- para liderar el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo del Estado.
Otro de los cambios propuestos vino de mano de la diputada Daicar Saladrigas, del municipio de Camagüey (este), quien propuso cambiar el término “libertad de palabra” que figura en el anteproyecto por “libertad de expresión” al considerar éste más amplio, acorde con la realidad actual y reconocido por organismos internacionales. Los representantes de la comisión parlamentaria que elaboró el anteproyecto aceptaron la propuesta de la diputada, por lo que el cambio podría plasmarse en el documento final del ordenamiento supremo del país.
El proceso de debates en los barrios se realizará entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. La fecha de inicio es simbólica porque coincide con el día que nació el ex presidente cubano, Fidel Castro, en 1926. Después de los debates populares se realizará un referéndum y tras ratificarse la nueva Carta Magna se abrirá un período de un año para modificar los Códigos Penal, de Familia y Civil y ponerlos en sintonía con el nuevo texto constitucional.
