Desde Santa Fe.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario se presentará como querellante en la causa que investiga el secuestro y torturas de ocho trabajadores de Laguna Paiva en febrero de 1980, que derivó en la detención de una patota de ocho policías del Servicio de Inteligencia (el D2) y luego en un festival de prisiones domiciliarias porque seis de ellos están su casa. "Es la lucha por la memoria, verdad y justicia", dijo la presidenta nacional de la APDH, Norma Ríos al informar que el patrocinio estará a cargo del equipo jurídico que integran las abogadas Gabriela Durruty y Jessica Pellegrini, entre otras, en representación de las víctimas. Una de ellas es Juana Medina, esposa del ya fallecido Catalino Páez, el último jefe del PRT en Santa Fe, secuestrado con su compañera embarazada y uno de sus hijos, Mario Páez, quien cumplió 15 años en el cuartel del D2 (San Martín y Obispo Gelabert), que operaba como centro clandestino de detención y hoy depende del Ministerio de Seguridad de la provincia.

El anuncio de la APDH se hizo en Laguna Paiva, en una convocatoria en el Centro del Bicentenario que reunió a los sobrevivientes de la persecución de la dictadura, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón, investigadores del área y referentes de organizaciones de derechos humanos, entre ellos Hugo Kofman del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

Mario Páez dijo que la decisión de llevar a juicio a la patota del D2 era un "legado" de su padre Catalino que "vamos a seguir hasta el final". Lo escuchaban su mamá, Juana Medina, su tío Miguel Páez ‑quien también fue secuestrado con su familia‑ y varios de sus compañeros: Roberto Manuel Soria, Hugo Silva, Ricardo Galván, Daniel Acosta, Juan Carlos Oliver y Pedro Moncagatta. "A los compañeros que están aquí ‑siguió Mario‑ le robaron parte de su vida. A mi me tocó cumplir los 15 años adentro de una cárcel, con individuos que andaban por la calle en Laguna Paiva, hombres que ví golpear, torturar y vejar" a los detenidos. "Hay cosas que no se olvidan ni se perdonan. Vamos a seguir hasta el último respiro, como decía mi padre, que fue un militante de la vida".

El subsecretario Verón dijo que "los trabajadores de Laguna Paiva" perseguidos por el terrorismo de estado "marcaron un norte, como los de Villa Constitución". Y ratificó la decisión de darle impulso procesal a la causa. "Las políticas públicas de memoria, verdad y justicia se sostienen en Santa Fe", agregó. 

"La investigación es muy valiosa" ‑comentó Durruty‑ y "si bien ya hay un número importante de procesados es inexplicable que a tantos años de democracia no haya sentencia que lleve algo de justicia a todo el dolor que han sufrido las familias de Laguna Paiva".

La "decisión" de patrocinar ‑en una causa de lesa humanidad‑ a trabajadores de Laguna Paiva "desde tan lejos", con un equipo jurídico de Rosario, la tomó la presidenta de la APDH. "Cuando llegué a esta ciudad y vi una nota del municipio" que deslindó su responsabilidad por la convocatoria en el Centro del Bicentenario, "me di cuenta de lo que sucede acá", dijo Ríos. "Les pasa que nadie acepta que ustedes digan en la cara que en Laguna Paiva vive un genocida, que los torturó, los golpeó, que los abusó. Vive acá. Es un señor de la sociedad. Es esa historia al revés que intentaron hacernos creer, que eso de los desaparecidos no era tan grave, que los genocidas no son tan malos".

 

"A mí me tocó cumplir los 15 años adentro de una cárcel, vi golpear, torturar y vejar" (Mario Páez).

 

"La resistencia son los juicios y les aseguro que esta querella va a abrir bocas, ojos, oídos y va a cambiar radicalmente. Miren, cuando los juicios de lesa humanidad no estaban institucionalizados parecía que el olvido era casi definitivo. Muy poca gente recordaba. De golpe, hasta el vecino que había guardado el paquetito del cigarrillo del compañero caído, muerto, en su vereda, apareció. Y esto es lo que nosotros venimos a rescatar. Más allá de la querella, venimos a rescatar la verdadera memoria de este lugar", concluyó Norma.

Koffman coincidió que "el más importante resarcimiento" a los sobrevivientes del terrorismo de estado  "es la justicia. Venimos a acompañarlos. Es importante la asistencia profesional, pero también la visibilidad pública" del juicio.