Esta es una semana clave para Emanuel Gainza, el concejal del PRO de Paraná que fue indagado en la causa por narcotráfico en la que está procesado el intendente de esa ciudad, Sergio Fausto Varisco (UCR-Cambiemos). El juez Leandro Ríos tiene que resolver la situación procesal de Gainza, a quien ayer sus pares del Concejo Deliberante local le aceptaron el pedido de licencia que había presentado. El edil, cuyo futuro político puede definirse esta semana, había solicitado licencia del 23 al 31 de julio, pero por iniciativa de la concejal de Cambiemos María Marta Zuiani, el descanso sería “por tiempo indeterminado”. La crisis institucional que vive la capital entrerriano fue analizada por David Cáceres, titular del bloque opositor del Frente para la Victoria, quien insistió en que los que “deben hacerse cargo de esta situación, son los que llevaron al poder al intendente Varisco, que son (el presidente Mauricio) Macri, (el ministro del Interior Rogelio) Frigerio (Elisa) Carrió” ý toda esa alianza” política al frente del gobierno nacional. 

Cáceres, en declaraciones periodística, fustigó a los medios de prensa que “callan, ocultan o peor aún, cuando tratan el tema es sólo con el afán de despegar al PRO y al Gobierno nacional de esta cuestión y reducirla a un puñado de dirigentes radicales”. De todos modos, el concejal del FPV recalcó que la situación tiene tal gravedad que “no van a poder ocultar nada, porque no es sólo Varisco, como quedó demostrado con el allanamiento que se realizó en el local donde funciona el Concejo Departamental del PRO, que es conducido por el concejal Gainza, a quien le allanaron también su domicilio particular y su oficina”. Cáceres hizo referencia a las medidas tomadas en su momento por el juez de la causa, Leandro Ríos, quien primero había citado a Gainza como testigo y luego lo llamó a indagatoria, el 3 de julio pasado, como resultado de los elementos reunidos durante los allanamientos. Gainza quedó en libertad, con algunas restricciones, y esta semana tiene que definirse su situación procesal. 

La justicia federal tiene que retomar la causa, luego de la feria judicial, para continuar analizando un expediente en el que están procesados el intendente Varisco, y con prisión preventiva el concejal de Cambiemos Pablo Hernández, y la subsecretaria de Seguridad del municipio Griselda Bordeira, junto con el también detenido Daniel “Tavi” Celis, sindicado como el jefe de la banda de narcotráfico que opera en Paraná y en otras ciudades de la provincia. Varisco fue acusado de financiar a la banda a través del nombramiento de 33 allegados a Celis que convirtieron a la Delegación Municipal 2, en el oeste de Paraná, en un lugar de acopio y distribución de cocaína utilizando fondos y vehículos de la comuna. 

Es obvio que una de las medidas más importantes que debe tomar a partir de hoy el juez Ríos es la situación del concejal del PRO Emanuel Gainza, una especie de niño mimado de la coalición que encabeza el presidente Mauricio Macri, con quien compartió escenarios políticos en más de una ocasión. Gainza está imputado porque supuestamente financió la compra de cocaína por el monto de 150 mil pesos. Gainza es uno de los apellidos que aparece en la libreta de anotaciones hallada en la casa de Luciana Lemos, pareja de Daniel Celis, junto a unas ecuaciones que coincidirían con el pago por la compra de tres kilos y medio de droga.

Lemos, que en estos días fue pasada al régimen de “testigo protegido”, fue trasladada a la provincia de Santa Fe, donde sigue cumpliendo su prisión domiciliaria. El traslado se debió a que ella denunció haber recibido amenazas de muerte, que algunos atribuyen a personas allegadas a Celis, con quien –hasta donde se sabe– ella sigue manteniendo una relación sentimental. Lemos amplió dos veces su declaración indagatoria ante Ríos, hacia fines de junio, y en ese momento señaló a Gainza en la misma situación que el concejal Hernández, la funcionaria Griselda Bordeira, y el intendente Varisco. La mujer dijo que los cuatro compraron cerca de un kilo de cocaína y que, en el caso de Bordeira, el “paquete” se lo llevaban a su oficina en la Municipalidad de Paraná. Al margen de estas decisiones, el juez Ríos tiene que tomar varias testimoniales, entre ellas la del ex secretario de Seguridad, quien fue el superior de Bordeira cuando ocurrieron varias de las transacciones denunciadas por Lemos. 

Frente a una crisis institucional que parece no conmover al procesado intendente Varisco, el concejal del FPV, David Cáceres, volvió a reclamar la intervención del Gobierno. Cáceres cuestionó “la doble vara de Cambiemos que hasta no hace mucho no respetaba ninguna garantía constitucional cuando los que eran acusados provenían de la gestión anterior y ahora se escudan en la presunción de inocencia y tratan de no dar la cara”. Sostuvo que la UCR y el PRO “son la misma cosa, llegaron al poder de la mano y tienen una alianza de gobierno que no van a poder ocultar y por eso nos seguimos preguntando en la ciudad de Paraná qué fue de Rogelio Frigerio, que era el operador y el armador de Cambiemos en la provincia; de la noche a la mañana no viene más a nuestra ciudad”. 

Al ser preguntado sobre las declaraciones de Varisco en una entrevista  con el programa ADN, cuando manifestó que Frigerio le había dado su apoyo, Cáceres consideró que “fue un intento de presionar a dirigentes nacionales para que se ocupen de él o bien para conseguir algún tipo de respaldo”. El concejal del FVP resaltó que en la capital provincia están viviendo “una crisis en la que uno se pregunta cuándo se va a hacer cargo Macri de esta cuestión o dónde está la fiscal de la república Elisa Carrió que tanto dice luchar contra el narcotráfico, no sé qué más están esperando para intervenir”. Describió que los habitantes de Paraná “seguimos cayendo a un pozo sin fin porque cada día nos despertamos con una noticia nueva”.