El 73 por ciento de las empresas que fueron sancionadas por contratar trabajadores en forma precaria no regularizaron a sus empleados ni pagaron las multas. El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) contabiliza más de 58 mil infracciones  cometidas por 42 mil empleadores. Los datos relevados por los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Unsam revelan que el 7 por ciento del total de las empresas formales del país fueron sancionadas a lo largo del último año y medio. La presencia en el Repsal implica una serie de penalidades y restricciones para percibir beneficios estatales como subsidios o acceder a créditos de la banca pública. 

La precarización constituye uno de los principales problemas laborales del país. Entre enero y marzo la informalidad afectó al 33,9 por ciento de los trabajadores, un incremento de 0,5 puntos frente al mismo período del año anterior. Si bien las cifras no muestran un profundo deterioro frente a los registros observados en la última década, el empleo no registrado alcanzó su nivel más elevado para un primer trimestre desde 2011. Son unos 4 millones de trabajadores precarizados. 

Los puestos de trabajo irregulares están concentrados en micro y pequeñas unidades productivas. La radiografía de la informalidad legitima el reclamo empresario contra la “competencia desleal” frente a quienes reducen sus costos laborales de manera abusiva. Sin embargo, los datos del Repsal muestran que las grandes empresas también recurren a estrategias de precarización. La información del registro procesada por el Cetyd muestra 185 firmas con más de 100 empleados entre las que se detectaron trabajadores no registrados.

Entre las grandes empresas que no regularizaron a sus trabajadores ni pagaron las multas figuran firmas como OCA, Quilmes y Supermercado Vital. De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo procesados por el Cetyd, el listado de compañías con más de 1000 asalariados que eludieron las sanciones incluye también a Puma, La Serenísima, Nueva Chevallier y Mostaza. En un segundo pelotón de empresas que emplean a más de 400 trabajadores figuran Universal Assitance, Liderar Seguros y El Cóndor. La única dependencia estatal que fue listada en el Repsal es el Correo Argentino. La firma recibió una sanción por no registrar trabajadores en una de sus sucursales de Santa Fe. Las irregularidades fueron detectadas por el Ministerio de Trabajo en mayo del año pasado y subsanadas con la regularización laboral y el pagó de la sanción correspondiente.

“Esta situación constituye una restricción objetiva para iniciar un proceso sistemático de reducción de la informalidad, porque no hay posibilidad de que esto ocurra si existe una sensación extendida entre los empleadores de impunidad para evadir las normas laborales”, advierten los investigadores del Cetyd, que dirige el ex ministro Carlos Tomada.

El Repsal reúne la totalidad de las sanciones impuestas por la inspección del trabajo (AFIP y Ministerio de Trabajo) que no fueron regularizadas. A comienzos de julio contabilizaban 58 mil infracciones. Las irregularidades que todavía no fueron subsanadas se identificaron entre 2014 y 2018. Quienes figuran en el listado creado con el objetivo de exponer comportamientos abusivos todavía no registraron a los trabajadores ni pagaron las multas. También están en el Repsal aquellas empresas que regularizaron su situación pero no cumplieron el plazo de permanencia previsto en la normativa.