El presidente Mauricio Macri anunció una profunda reforma del sistema de Defensa Nacional, plasmada con el Decreto 683/2018 que modifica el Decreto 727/2006 (Reglamentario de la Ley de Defensa) y deroga el 1691/2006 (Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas). Asimismo, comunicó la inminente aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que reemplazará a sus las sancionadas durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (decretos 1714/2009 y 2645/2014).

Estas decisiones –que a diferencia de las directivas sancionadas durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner van a contramano del espíritu de las leyes vigentes– son adoptadas sin la debida intervención del Congreso. Atentan, de este modo, contra el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia. Se busca quebrantar el ordenamiento jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional (1998), de Seguridad Interior (1992) y de Inteligencia Nacional (2001), compendio de normas alcanzado a lo largo de tres décadas con el más importante consenso multipartidario del que se tenga memoria. Todo esto implica una profunda transformación doctrinaria para las Fuerzas Armadas que, alejada de los necesarios debates sociales y políticos, constituye un severo retroceso para la democracia argentina. En términos generales, los decretos en cuestión implican un primer y firme paso hacia la supresión del principio de separación entre defensa nacional y seguridad interior, con la consecuente militarización de la seguridad interior. Lejos del tono modernizador que el presidente buscó atribuirle al anuncio, estamos en presencia de una clara regresión al pasado. 

Los principales ejes de las medidas del Poder Ejecutivo son: 

1) La intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a amenazas externas, aun cuando éstas no provengan de un Estado, como podría suceder en el caso del terrorismo transnacional. De este modo, se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”. 

2) La posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones de seguridad interior. 

3) La habilitación para que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas de seguridad. 

4) Una actualización de la visión internacional de la Argentina, que claramente pone a la integración subregional en materia de defensa en un plano subordinado al alineamiento irrestricto con los Estados Unidos, desmantelando la participación de nuestras Fuerzas Armadas en la construcción de un Sistema de Defensa Suramericano.

5) Una supuesta modernización del despliegue territorial de bases que componen el instrumento militar (que seguramente implicará la profundización del actual proceso de desprendimiento de guarniciones militares con fines estrictamente inmobiliarios). 

6) Una reforma de la ley de Personal Militar y el establecimiento de un sistema de reservas, cuestiones que deberían ser objeto de un detenido debate parlamentario.

Al margen de los aspectos específicos de la “reforma” es fundamental enfatizar que asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y la desprofesionalización. 

Por otra parte, al desvirtuar el rol profesional de las Fuerzas Armadas, la asignación de tareas de seguridad interior supone una decisión irracional desde el punto de vista del gasto público y de la organización general del Estado, duplicando tareas, funciones y responsabilidades.

Asimismo, y en un asunto extremamente delicado, no resulta evidente qué tipo de acciones y organizaciones serán consideradas como terroristas por parte del Estado nacional. La modificación del Decreto 727/2006 y la derogación del 1691/2006 podrían resultar funcionales, como bien ha indicado recientemente un colectivo de expertos y organizaciones no gubernamentales a la “deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”. Con antecedentes verdaderamente alarmantes en la materia –basta con recordar el accionar de las fuerzas de seguridad en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel–, los nuevos lineamientos impulsados por el presidente Macri constituyen un elemento de especial preocupación ante el actual escenario de deterioro económico y conflictividad social. 

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la mayor parte de las naciones latinoamericanas que han emprendido una reasignación de misiones para sus Fuerzas Armadas en dirección a “combatir” las denominadas “nuevas amenazas” han fracasado en su objetivo. Las decisiones de Macri en materia de defensa hacen honor al desliz freudiano de la gobernadora Vidal cuando afirmó, premonitoriamente en diciembre de 2015, que habíamos cambiado “futuro por pasado”. La conversión de los militares en policías resulta un buen ejemplo de la regresión que nos advertía el acto fallido de Vidal.

* Diputada nacional. Ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad.